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Capítulo 27. El Ejército y el síndrome de 1978.
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Capítulo 27. El Ejército y el síndrome de 1978.

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Como un enredadera de tallo nudoso, la guerra se entrelazó con la vida. Algunos murieron asfixiados por ella. Otros supieron trepar. Esta es la historia de dos hombres, la Universidad de San Carlos y un crimen. Las vidas de Vitalino Girón, un expolicía jutiapaneco que acabó siendo uno de los últimos intelectuales del partido comunista, y del rector Eduardo Meyer se entrecruzaron en 1984, cuando el Ejército aún decidía quién podía vivir en Guatemala y quién no. Documentos inéditos hallados en el Archivo Histórico de la Policía Nacional permiten comprender la lógica de una de las últimas campañas de “control social” contra el movimiento sindical ejecutadas por la dictadura militar antes del comienzo del actual periodo democrático.

El mapa de actores que fueron elaborando era el adecuado.

En la última parte de 1984 algo estaba pasando en elsindicalismo nacional y tenía como eje la universidad.

El sindicato de trabajadores universitarios siempre había sido una referencia para el movimiento obrero guatemalteco. Eso era evidente para cualquiera y no podía pasar desparecido a la mirada de un veterano oficial de inteligencia como el coronel Bol de la Cruz. El sindicato de la Universidad de San Carlos tenía más recursos que cualquier otro sindicato en el país, tenía a su disposición salones para reuniones, imprentas, papel y sobre todo la ideología: decenas de profesores izquierdistas que asesoraban a sindicatos. Por eso, en la sede del STUSC siempre había visitas de otros sindicatos y el teléfono sonaba sin parar. Por eso los asesores más importantes del sindicato universitario como Mario López Larrave (asesinado en 1977), Manuel Andrade Roca (asesinado en 1979) o Alfonso Figueroa Gálvez (asesinado en 1980) habían sido también referentes para el sindicalismo de todo el país.

Esto era algo que respondía tanto a la estrategia del partido comunista como algo que sucedía de manera natural. En un país en el que el sindicalismo estaba proscrito, en el que escaseaban los cuadros bien formado; los sindicatos pequeños, débiles e inexpertos buscaban asesoría en el único en el único lugar donde pensaban que la podían obtener.

Esta dinámica, aunque mucho más tenue y clandestina que en el pasado reciente, seguía vigente en 1984. El 12 de enero de ese año, el sindicato universitario recibió al sindicato del Seguro Social, que buscaba su asesoría.A lo largo de 1984, la relación se siguió dando. Según recuerda la secretaria de actas, Paulina Pineda, su compañero Rubén Daniel Mejía estuvo en “cuatro o cinco reuniones” con el sindicato del IGSS para convencerlos sobre la necesidad de coordinar esfuerzos.

Ángel Antonio Vásquez, secretario de conflictos, también asegura que en 1984 tenían relación con la Federación de Sindicatos Bancarios, especialmente con los sindicatos del Banco de Guatemala y el Crédito Hipotecario Nacional y trabajaban muy de cerca con la Asociación de Estudiantes Universitarios.

Por eso, golpear a la Universidad de San Carlos, a la facultad más inclinada a la izquierda y proclive al movimiento obrero y a los estudiantes organizados, siempre era útil para controlar el sindicalismo a nivel nacional.

El coronel Bol de la Cruz no se equivocaba, el corazón del sindicalismo en las instituciones del Estado era la universidad.

Pero desde finales de 1983 algo adicional estaba ocurriendo. Y como muestran los informes del coronel Bol de la Cruz al alto mando, entre los militares existía la percepción de que en el último tercio de 1984 estaban viviendo una nueva efervescencia del movimiento obrero.

A finales del año anterior, a iniciativa del sindicato universitario, se había reactivado la central de trabajadores afín al PGT, la Federación Autónoma Sindical de Guatemala, la Fasgua. Después de la muerte y el exilio de muchos de sus integrantes, la central sindical comunista reapareció entre 1983 y 1984. Su primer pronunciamiento fue para oponerse a la implantación del Impuesto al Valor Adquirido.

Pero, además, con el impulso de Fasgua y grupo de militantes del Partido exiliados en México, en 1984 se estaba generando de nuevo un movimiento sindical unitario, que trataba de agrupar a la mayor parte de organizaciones de trabajadores. Los comunistas estaban tratando de reproducir lo que fue la Coordinadora Nacional de Unidad Sindical, el CNUS, a mediados de los 70. De hecho, habían bautizado a la nueva coordinadora con un nombre idéntico y un acrónimo muy similar: Conus. Al Conus se había adherido en 1984 la Federación de Sindicatos Bancarios.

Gabriel Guzmán, miembro del Partido y ex dirigente del sindicato de la Usac hasta su exilio en 1982 tras sufrir un atentado, recuerda que, entre 1983 y 1984, los miembros de Fasgua en el exterior habían estado sacando líderes sindicales de Guatemala para darles formación política a través de la Universidad Obrera de la Ciudad de México. Entre los trabajadores que instruyeron se encontraban varios del Banco de Guatemala, una institución en la que, según Gabriel Guzmán, el Partido aún conservaba algunos simpatizantes.

En eso también acertaba el coronel Bol, el Banco de Guatemala era de las pocas instituciones públicas, además de la universidad, en la que los comunistas tenían influencia. Era lógico, puesto que muchos de los trabajadores del banco central eran economistas graduados de la Usac

Lo que estaba ocurriendo en 1984 era una coyuntura similar a la de 1978, cuando una huelga general coordinada por el CNUS hizo zozobrar al gobierno del general Lucas García, tras el anuncio de una subida de las tarifas del transporte urbano.

Como en 1978, en 1984, de nuevo, confluían dos factores: auge del sindicalismo estatal e intento de reconstrucción de un movimiento unitario de trabajadores auspiciado por los comunistas.

El coronel Bol de la Cruz, probablemente, lo intuía. En su análisis para el alto mando mencionó a la Central de Trabajadores del Estado, la primera federación de funcionarios públicos que tuvo el país y que había tenido un papel central en la huelga general de 1978.

Pero muchas cosas habían cambiado entre el 1978 y el 1984. Mientras que a finales de los 70, el movimiento social iba en ascenso, para mediados de los 80 ya había sido tan reprimido que la posibilidad de una huelga general parecía una utopía. En 1984 no había si quiera posibilidad de organizar una marcha para celebrar el primero de mayo. El terror infundido en la sociedad desde 1978 seguía surtiendo efecto.

Desde la llegada al poder del general Mejía Víctores, el movimiento sindical no había dejado de ser golpeado. Entre septiembre de 1983 y febrero de 1984, fueron asesinados dos dirigentes del sindicato de Tejidos Universales, una organización que formaba parte de la central sindical comunista Fasgua.

En febrero de 1984 fue secuestrado y desaparecido el principal cuadro de Fasgua, Fernando García, también militante del PGT. Gabriel Guzmán recuerda la última vez que vio a Fernando García en el Distrito Federal. Fue a finales de 1983. Fernando García había viajado a México para recibir fondos y orientación sobre la rearticulación de Fasgua de parte de sus camaradas. A Gabriel Guzmán le contó que la situación era extremadamente complicada: faltaban líderes con la formación ideológica adecuada, y algunos compañeros de los sindicatos con los que trabajaba estaban pidiendo armarse en grupos de autodefensa. En la reunión se acordó que el diez por ciento del dinero que se le entregaba podría destinarse a la compra de armas.

En febrero también apareció el cadáver torturado de Santiago López Aguilar, Inti, dirigente del Partido, y uno de los abogados laboralistas más destacados que aún vivía en Guatemala. Su ficha se encuentra en al Diario Militar y su asesinato fue causado por su papel en la estructuras del PGT. Pero es uno de los pocos casos en los que el cadáver del preso fue expuesto. No era casualidad.

En mayo de 1984 fueron secuestrados y desaparecidos otros dos importantes enlaces entre el PGT y el movimiento sindical: Rubén Amílcar Farfán y Alejandro Hernández. Farfán era trabajador de la imprenta universitaria, miembro del sindicato de la Usac y, según el Diario Militar, el coordinador de todos los comités de base que tenía el Partido dentro de los sindicatos de instituciones públicas. Hernández formaba parte de la estructura de Farfán: trabajaba en la municipalidad capitalina y, según el Diario Militar, supervisaba los comités de base en la Dirección General de Caminos, la Municipalidad y una tercera institución no mencionada.

Sin Fernando García, Rubén Amílcar Farfán y Alejandro Hernández la relación del Partido con el movimiento sindical tuvo que debilitarse gravemente. En muchos casos, el único vínculo que la organización tenía con un sindicato era a través de una sola persona: militantes como los tres que desaparecieron entre febrero y mayo de 1984. Si ese contacto desaparecía, el sindicato quedaba totalmente aislado, sin orientación política. El trabajo de años se esfumaba.

¿Podía entonces el PGT coordinar en octubre de 1984 un movimiento de huelga que partiendo de la Usac se extendiese por los bancos públicos, el Seguro Social y la municipalidad capitalina? ¿Eran siempre los sindicatos movimientos subversivos? ¿Tenía la huelga de la Usac un propósito desestabilizador o era simplemente producto de unos trabajadores que llevaban años perdiendo poder adquisitivo?

Para el coronel Bol la repuesta a todas estas preguntas era afirmativa. Pero su visión estaba influida por una deformación profesional, sin duda. Lo cierto era que, para finales de 1984, cuando se desarrolló el conflicto laboral en la universidad, el PGT se estaba replegando tras sufrir la mayor ofensiva de su historia, y existía más en México que en Guatemala. Hasta se habían visto obligados a romper su relación con Vitalino Girón, el funcionario más importante sobre el que tenían influencia.

Además, la relación entre el Partido y los sindicatos nunca fue de total supeditación. El PGT trataba de influir sobre ellos a través del trabajo amplio de sus militantes, pero ni los había creado ni podían determinar sus decisiones.

Pero estos matices probablemente no eran muy necesarios para un Estado militarizado que interpretaba todo lo que sucedía en la sociedad a través de una óptica contrainsurgente. El sociólogo Edelberto Torres Rivas sostiene que carece de sentido tratar de comprender la lógica del terrorismo de Estado, como si se tratase de un sistema de justicia que necesita pruebas razonables. Toda la población era culpable por principio. No hay noción de inocencia ni noción de culpa. “El castigo es disforme, es la aplicación indiscriminada de la violencia, pues está probado que el castigo a víctimas inocentes aumenta la eficacia del terror”, afirma Torres Rivas en su libro Revoluciones sin cambios revolucionarios.

¿Eran culpables Vitalino Girón y Carlos de León? ¿Lo eran Beatriz Charnaud y los estudiantes Marilú Hichos, Hector Interiano y Gustavo Adolfo Castañón? Al momento de su muerte ninguno de ellos estaba comprometido con la lucha armada. Como sostiene Torres Rivas, para el estado represor los hechos, el qué, era lo de menos. Lo importante era el quién. Por eso murieron todos ellos. No por sus actos, sino por ser socialistas.

Durante la huelga de la Usac de 1984, la inteligencia del Estado probablemente analizó el entorno del movimiento en busca del comunista de rigor. Probablemente notaron la presencia de un hombre que dirigía una facultad tachada de marxista. Probablemente notaron que se había opuesto al aumento del IVA exactamente con los mismos argumentos que lo hacía Fasgua, una central sindical comunista. Preguntaron por él a los funcionarios de la universidad leales al gobierno, personas como Eduardo Meyer o Alfredo Morales Taracena.

Probablemente sugirieron que se le hiciese acudir a Casa Presidencial para conocerle, tomarle una foto a él y a su vehículo. Esto era habitual, a Oliverio Castañeda de León, dirigente universitario durante la huelga general de 1978, le habían hecho lo mismo. Invitarle al Palacio Presidencial, fotografiarle, verificar sus ideas socialistas, solo unos días antes de ordenar su ejecución.

Quizás Vitalino Girón no era el promotor de la huelga, pero seguro sí era su sustento intelectual. Quizás no era un hombre importante. Pero sí era el único que quedaba.

El Ejército debía conocer la militancia que tuvo Vitalino: un compañero secuestrado en abril de 1984 lo había mencionado cuando el decano aún no había sido expulsado de la organización. En ese momento, probablemente, tomaron nota, pero no actuaron.

El auge sindical de finales del año se convirtió en la coyuntura perfecta para que su muerte sirviese a un propósito estratégico. Asesinarle al mismo tiempo que a Carlos de León aumentaba la eficacia de sus muertes. El mensaje a la universidad se hacía más claro. El terror que debían provocar sus asesinatos, además, irradiaba hacia el Seguro Social y el sistema bancario público. El asesinato de Beatriz Charnaud solo puede comprenderse en el mismo contexto; extender el terror hacia la municipalidad capitalina.

 

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