Candidatos presidenciales y desafíos ambientales

El resultado global: falta de seguridad económica para la mayoría de la población, carencias sociales en los derechos humanos más elementales, dramático deterioro ambiental, poca o nula credibilidad institucional.

Entonces, cuando la mayoría de los candidatos a ocupar la Presidencia de la República, sobre todo aquellos con mayor intención de voto, dicen que hay que promover la inversión —transnacional por supuesto— en industrias extractivas, pero eso sí “de manera responsable con el ambiente”; uno no puede dejar de preguntarse: ¿dónde han vivido estos individuos?, ¿cuál es la percepción que tienen de la realidad?, ¿de dónde van a sacar a entes responsables cuando de extractivismo se trata?, ¿con qué capacidades van a garantizar los intereses nacionales?

Resulta realmente irresponsable pretender continuar con estos estilos y enfoques que ya han generado demasiados perjuicios ambientales y consecuentemente polarización social. En vez de ello, los señores candidatos debiesen hablar de los criterios bajo los cuales se va a decidir qué actividades económicas se van a impulsar, una vez que se establezca con claridad, cuáles son los límites de intervención en la naturaleza que vamos a respetar y administrar con “responsabilidad”, bajo el concepto de “reservas naturales estratégicas para el futuro de la vida”. ¿Cómo van a garantizar que esos límites no se modifiquen a la luz de interés particulares?

Es evidente que los candidatos —y los presidentes que hemos elegido— ignoran estas realidades y desafíos o les interesan pero en función de beneficios particulares. Si fuese lo primero y por respeto al cargo al que aspiran, es aconsejable buscar asesoría. En el país hay suficiente capacidad de propuesta y profesionales capacitados para conducir estos aspectos. Priorizar los intereses nacionales será, por supuesto, una condición de profesionales honestos.

A todos los ciudadanos nos asiste el derecho de preguntar a los candidatos como van a desmantelar las condiciones estructurales que hacen cada vez más difícil recuperar la gobernabilidad en torno del agua, los bosques, las tierras, la atmósfera, las áreas protegidas, la gestión de los desechos, la zonas marino-costeras, los componentes del subsuelo, la energía, entre otros. Como mínimo, es preciso conocer cuál será la plataforma institucional —con sus respectivas capacidades humanas, físicas y financieras— que se utilizará para gestionar estos asuntos a nivel territorial y como están vinculados a políticas nacionales incluyentes y de largo alcance.

Hasta hoy, en vez de fortalecer capacidades nacionales de gestión ambiental, más bien se ha aportado “mayor riesgo” en sitios ya de por si vulnerables. Petróleo en el Parque Nacional Laguna del Tigre; la carretera próxima al Parque Nacional Laguna Lachuá; la pretensión de reactivar el proyecto de gas licuado de petrolero en Punta de Manabique, son sólo algunos ejemplos recientes, hoy apoyados por las máximas autoridades ambientales. ¿Continuará, el candidato que resulte ganador, con prácticas de gobiernos que tanto critica? Pronto lo veremos.