En primer lugar, porque su enorme capacidad de contagio ha provocado que los sistemas de salud de muchos países —en el caso de Europa, casi todo el continente— se desplomen. De ese modo, con el derecho a la salud queda también vulnerado el derecho a la vida cuando las posibilidades de sobrevivencia de personas en alto riesgo se ven severamente amenazadas.
Tanto el impacto de la enfermedad en sí misma como los efectos de las medidas a que los Estados se ven forzados afectan otro grupo de derechos. Las cuarentenas de localidades, regiones o países completos significan limitar la libre movilidad, así como los derechos de reunión y manifestación. Con estos, cuando el cierre laboral se produce, las compañías, sobre todo las micro-, pequeñas y medianas empresas, ven canceladas sus posibilidades de crecimiento. Al mismo tiempo se cierran fuentes de empleo y, con ello, miles de personas quedan cesantes. El derecho al trabajo también queda cercenado entonces. Un drama que se suma al de quienes sobreviven de la venta cotidiana como forma de vida y que, ante el cierre de espacios, también quedan a la deriva.
Es por ello que los Estados tienen un rol central en la adopción de las medidas necesarias para contener y combatir la enfermedad. Un combate que no puede hacerse a ciegas ya por falta de información, ya por negarse a ver los hechos. Para decidir por dónde avanzar es necesario saber qué vías existen y en qué estado se encuentra cada una de estas, los riesgos que representan y la forma de enfrentarlos.
Guatemala no necesita discursos diarios de falso optimismo. La mentira luce hasta que la verdad la alcanza y, más temprano que tarde, los hechos mostrarán su magnitud. Y ojalá no sea tarde para adoptar las medidas necesarias. Por ejemplo, quienes integran la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas (AGEI) desde un inicio se acercaron al gobernante, colega de título por ser médico de profesión, para plantearle acciones con las cuales enfrentar el mal. La AGEI está integrada por personas reconocidas ampliamente por su profesionalismo, su formación y su enorme capacidad de entender la magnitud de la problemática. Ellas y ellos deberían ser en este momento el único gabinete de crisis bajo cuyo consejo se tracen las políticas y acciones del Estado para enfrentar el coronavirus.
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Si embargo, todo indica que, salvo la ocasión en que, luego de reunirse con el presidente Alejandro Giammattei, se logró un cambio en el camino que este seguía, de nuevo dejó de escucharlos. Aunque con mucha cautela han hablado sobre las acciones que se deben impulsar, leyendo entre líneas puede apreciarse que la opinión de quienes son especialistas en la materia va por una ruta distinta a la seguida.
Y si nos atenemos a las declaraciones ofrecidas por el gobernante el Miércoles Santo, es previsible que dé marcha atrás con las medidas de contención domiciliar. No es casual que hablase de hacer obligatorio el uso de mascarillas para quienes estén en las calles. Casi es un anuncio lamentable de reapertura plena de labores en franca sordera a lo que las voces expertas plantean.
De esa cuenta, si bien el derecho a la salud es amenazado por la enfermedad en sí misma, las disposiciones del Gobierno desatendiendo las recomendaciones profesionales lo hacen directamente responsable de sus efectos. Y aquí está el riesgo de que otro derecho, no necesariamente involucrado con la enfermedad como tal, se vea resquebrajado. Es el derecho a la libre expresión del pensamiento, así como el derecho a la información. No pocas han sido las voces que desde perfiles en redes sociales se han dedicado a amenazar a quienes cuestionan, critican o tan solo comentan la versión oficial, como si esta fuese dogma.
El presidente aún está a tiempo (aunque muy poco ya, por cierto) de corregir el rumbo. Puede seguir por la ruta escogida y llevar al país al despeñadero para que la historia lo recuerde como el responsable político de la debacle. Pero también puede parar y con humildad reconocer que no ha escuchado debidamente, de modo que al político le gane el médico —si algo aún queda de este— para abrir la mente ante sus colegas y trazar la ruta que estos le planteen. Entonces podría ser recordado como el médico que, teniendo el poder político, salvó al país del gran desastre.
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