Caldo de cultivo en la cárcel

La corrupción en las cárceles es un detonante para la trilogía crimen organizado, pandilleros deportados, y pandillas locales, según Giulio Talamonti, quien ha trabajado 12 años en el sector de justicia penal y dirigió el Sistema Penitenciario (SP) entre abril y agosto de 2009. La razón: “El SP es la verdadera cenicienta del sistema de justicia”, dice Talamonti con base en la precaria infraestructura carcelaria –que en buena medida data de los años 60 y 70- y en el reducido presupuesto –de Q250 millones, que se dedica en 80 por ciento para pagar salarios, en su mayoría muy reducidos.

 El hacinamiento limita el control sobre los reos. La sobrepoblación carcelaria es el resultado del bajo presupuesto y un sistema legal que contempla pocas medidas sustitutivas para personas que cometieron delitos de bajo impacto, según Talamonti, quien dirigió el SP entre abril y agosto de 2009. 

Hay unos 11 mil reos en 20 cárceles que tienen capacidad sólo para 7 mil. El sector 11 del Centro Preventivo de la Zona 18, donde están los pandilleros, se construyó para 80 reos pero en ocasiones alberga hasta 400. Este factor incide en las pocas opciones para separar a los miembros de las pandillas, evitar ubicarlos en penales con grupos rivales –que ha llevado a asesinatos colectivos- o que delincan tras las rejas.

Las autoridades han rastreado más del 80 por ciento de las llamadas de extorsión a empresas de transporte urbano hasta el Centro Preventivo de la zona 18 (y miembros de la Pandilla Barrio 18). Las extorsiones a ocupantes de residencias fueron rastreadas hasta miembros de la Mara Salvatrucha (MS) detenidos en la cárcel El Boquerón, en Cuilapa, Santa Rosa. Los bloqueadores de la señal de celular desde las prisiones, cuya adquisición y uso se discute desde finales de los años 90, no funcionan siempre. 

Los bloqueadores para once cárceles costaron $20 millones (Q160 millones), de los que faltan $5 millones por pagar, pero permanecieron apagados desde 2007 hasta 2009, según Talamonti. El equipo funciona cuando se usa. “Hace dos años, en la cárcel de Chimaltenango, instalamos un antena para bloquear la señal de celular, y al segundo mes las extorsiones en la ruta hacia Quetzaltenango ser redujeron en un 62 por ciento”, relata el ex funcionario, quien actualmente trabaja en la Procuraduría de Derechos Humanos. El equipo funciona cuando se usa, pero los reos también aprendieron a burlar el sistema. En algunas cárceles, ubican puntos ciegos donde la antena no bloquea la señal, o usan algunos trucos caseros. “No sé cómo supieron que las antenas no bloquean los celulares análogos (que no funcionan con chip), o que si pegan los celulares de chip a una columna, usando plasticina, la señal no se bloquea”, revela. 

Lo que Talamonti ha visto en el SP le ha bastado para creer que el pandillero y el marero prefieren estar en la cárcel. Ahí se sienten más seguros. Rara vez los matan, pero sí pueden ordenar la muerte de alguien desde adentro, y pueden conseguir dinero y droga. El negocio no se detiene. Un investigador de la PNC dijo que en 2009 se capturó a un guardia que recibía dinero de extorsiones en las horas de visita, y luego lo entregaba a un pandillero encarcelado. No por nada los jefes que de mara y pandilla que caen presos se hacen llamar “coronados”.

De la cárcel a la calle: poder de largo alcance
El triángulo entre operadores del crimen organizado, ex miembros de mara y nuevos pandilleros presos permitió recrear ese esquema en las calles. “El primero que generó el esquema logró entrar a mayor territorio”, explica Rosada. “Los que perdieron territorio buscaron alianzas para recuperarlo y empieza la guerra de pandillas”. Esa, dice, es la historia de la humanidad.

“Este joint venture con el crimen organizado en todas sus modalidades, [tiene] el agravante de que el ingreso de la narcoactividad, en Guatemala y otros países, se dio a partir del soporte en los operadores históricos”, advierte. El sociólogo considera que el caso de J. (ex miembro de la Mara Salvatrucha) y la compra de armas a un militar de alta (que ya cumplió con su tiempo de servicio militar), “es un caso típico de un operador histórico” que funciona en un sistema que ya existe, y varía según el mercado hacia la actividad que genere más ganancias.

Paralelamente, en una coyuntura de recesión económica, un gobierno autoritario y procesos de migración masiva a EE.UU., la posibilidad de vinculación con el crimen organizado es mayor, porque hay menos posibilidades de acceso a fuentes legítimas de sobrevivencia, de acuerdo con Rosada. 

“La supervivencia incluye al pandillero o marero y a toda la familia”, afirma. “Ahí está toda la familia esperanzada de que el dinero que entra, entra por él. Le conviene que esté vivo, y no que lo capturen o lo maten”. La tendencia sigue con una comunidad entera oponiéndose al control de las autoridades, y lleva a la antesala del esquema mafia. 

Un ejemplo es la captura de Elizabeth De la Cruz Hernández, de 63 años y abuela de la mujer que presuntamente colocó la bomba en el bus atacado el 3 de enero. El Ministerio Público sospecha que De la Cruz presuntamente recibía el depósito de dinero de extorsiones en su cuenta bancaria (que contenía Q61,900).

Rosada sostiene que en Guatemala el “esquema mafia” todavía no ha alcanzado madurez total, donde el Estado participa del soporte de operadores históricos del crimen organizado, que pueden ser funcionarios de Estado, o manejan partidos políticos. Pero observa que hay ausencia de políticas públicas de largo plazo para cambiar esta dinámica. “No se ve florecer procesos de política de desarrollo local, que giren alrededor de familias con hijos metidos en maras, trabajo de prevención, y más oportunidades de trabajo y estudio” para los jóvenes, dice el sociólogo. “Y si no existe esto, los perdés, porque ¿qué alternativa les vas a dar?”