Sin embargo, la postura del CACIF requiere y merece análisis. La semana pasada dijeron que no acudirían directamente a la CC, ya que primero buscarían negociar y dialogar con el Gobierno, y de no resolver por el diálogo atacarían la reforma en la CC.
Esta postura contrasta significativamente cuando se le compara, por ejemplo, con la posición de la Cámara de Comercio de Guatemala (que no es parte del CACIF); quienes anunciaron los ataques legales –sin diálogo, reafirmando que su único interés es el de siempre: negocios no competitivos que sólo sobreviven evadiendo impuestos (en contraste con otros países que sí son competitivos, en los que los impuestos no impiden emprendimiento y creatividad). La postura que hoy toma el CACIF también contrasta con la que adoptó con el gobierno anterior: es eminentemente política al ofrecerle diálogo antes que ataque a Pérez Molina.
Este esquema permite ver varias cosas. Algo que surge evidente es el alto grado de fragmentación dentro del empresariado guatemalteco. Por un lado, en el CACIF claramente hay estrategas políticos, quienes entienden que las cámaras empresariales ya no tienen el poder hegemónico que tenían hace 30 ó 40 años; ya que incluso poderes políticos y económicos (posiblemente criminales) de carácter emergente ya les superan, especialmente en ciertas regiones geográficas de Guatemala, en donde no pueden mantener su cuota de poder y riqueza. Y por ello, no es sostenible ni aconsejable atacar a todos los gobiernos, por lo que deben apoyar por lo menos a uno. Claramente el de Colom no fue, y el de Pérez sí.
Luego, dentro del CACIF se infiere otra facción, que aunque no sean estrategas políticos, su preocupación son sus negocios que dependen vitalmente del Estado y que necesitan privilegios para prevalecer en mercados agresivamente competitivos. Ejemplos son los fabricantes e importadores de medicamentos o los contratistas de la construcción, quienes tienen muy claro que si el Gobierno no tiene recursos, su negocio marcha mal. Tienen motivaciones muy claras para no atacar la reforma: ver que todos paguemos impuestos para que el Gobierno le pague a ellos.
Y por último, dentro del CACIF también está la facción de los “duros”, los empresarios tradicionales chapados a la antigua, que además de hacer negocios tienen un posicionamiento ideológico de extrema derecha y que son incapaces de entender el valor democrático de tributar. Acá caen las posiciones extremas, por ejemplo de la Cámara del Agro, que no pagan impuestos por razones ideológicas, se oponen a la ley de desarrollo rural y no ocultan su visión racista y explotadora de la fuerza laboral que por siglos ha producido la riqueza que detentan. Éstos son los que algunos llaman cómicamente “empresauros”, que como fósiles vivientes no se han dado cuenta que el mundo en el que viven ha cambiado y no es el mismo de antes, que ya no gozan de poder hegemónico y que para continuar manteniendo su riqueza y privilegios deben negociar antes de gritar, golpear la mesa y pensar que la CC es un puñado de peones a su servicio.
Así, la dirigencia del CACIF no la tiene fácil. Entre estrategas, “empresauros” y cuotas de poder político y económico declinantes, deben intentar ubicar a sus agremiados en una realidad desagradable para ellos.
Ojalá esa realidad incluyera la comprensión del hecho simple, que pagar impuestos no es una cuestión de gustos y berrinche, es una cuestión de responsabilidad democrática. Ojalá les haya llegado la hora de entenderla y aprender a vivir con ella.
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