De manera coloquial, todo el mundo se quiere ir al cielo pero nadie quiere morir antes, y después de aparentar que estamos preparados para manejar una economía competitiva por el mundo global, empezamos a pedir plazos para cumplir compromisos o a fingir amnesia repentina sobre temas ya discutidos y también comprometidos.
Tarde y atropellados, nos tiramos de los cabellos y nos tronamos los dedos porque debemos cumplir el compromiso de desmantelar las subvenciones prohibidas a la exporta...
De manera coloquial, todo el mundo se quiere ir al cielo pero nadie quiere morir antes, y después de aparentar que estamos preparados para manejar una economía competitiva por el mundo global, empezamos a pedir plazos para cumplir compromisos o a fingir amnesia repentina sobre temas ya discutidos y también comprometidos.
Tarde y atropellados, nos tiramos de los cabellos y nos tronamos los dedos porque debemos cumplir el compromiso de desmantelar las subvenciones prohibidas a la exportación en el marco de la OMC, viendo angustiados que sin ellas no competimos. También cuando a algún brillante estratega del Congreso se le ocurrió sacar la ampliación presupuestaria de 550 millones de Quetzales disfrazada en una Ley para proteger las obtenciones vegetales, se levantan las voces que protestan y rasgan vestiduras cuando sus argumentos los debieron haber planteado al aprobar el DR CAFTA y adoptar la membresía a la Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales como un compromiso (de todas formas, habrá que ir moderando la intensidad de la discusión, la Ley tiene tantas metidas de pata que implementarla será una odisea).
Sería bueno que alguien le pusiera atención a los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) que suelen dar lugar a las demandas inversionista – Estado, y que se han constituido en diversos países en una trampa mediante la cual los que ganan dinerales son los poco éticos inversionistas y los bufetes de abogados que los representan. Ya que la próxima semana, el presidente Otto Pérez conversará con el presidente de Ecuador, Rafael Correa en el marco del evento de la Fundación Esquipulas, debería preguntarle sobre la reciente experiencia ecuatoriana tratando este tema.
En diciembre recién pasado, un cable de la agencia AFP informaba que una comisión internacional nombrada por el gobierno ecuatoriano se instalaba en Quito para auditar 26 Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) suscritos desde 1990. El comité, encabezado por el exmagistrado y excandidato presidencial colombiano Carlos Gaviria, examinó la legitimidad de los TBI con miras a que Quito pueda decidir su eventual terminación; decía Gaviria que “examinar los TBI y fallos de los tribunales internacionales que afectan al gobierno y al Estado de Ecuador, y analizar la relación entre la economía y la inversión es esencial". El grupo incluye a cuatro altos funcionarios del gobierno y a otros seis expertos de Argentina, Australia, Ecuador, México y Uruguay.
Este lunes 11 de agosto, Prensa Libre en su página 36 nos dice que el resultado de los trabajos de la Comisión, es una recomendación técnica para dar por terminados los tratados, y una recomendación para no negociar tratados de este tipo. El presidente Correa ha alertado que sentencias internacionales producto de los TBI podrían "quebrar" al país y que muchos "son un asalto a nuestra soberanía".
Con 16 TBI y ocho Tratados que incluyen capítulos sobre Inversión, Guatemala también debería evaluar el probable futuro de las demandas inversionista - Estado y establecer su propia realidad.
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