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Boicot al juicio por genocidio
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Boicot al juicio por genocidio

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La historia se repite. Los abogados de Ríos Montt terminan expulsados de la sala y se abre la puerta para que el juicio se demore. Todavía más. La estrategia que ha puesto en marcha la defensa del General se enfoca en quitar del camino al Tribunal que dirige el proceso. Lo que se viene es una cadena de recursos legales que, por lo menos, puede enviar el expediente a un letargo judicial indefinido. El otro general acusado, en cambio, prefiere defenderse.

¿Recuerda cuando la jueza Yassmín Barrios expulsó al abogado Francisco García Gudiel de la Sala de Vistas del Organismo Judicial, en 2013? La misma escena, solo que con otros actores, se ha repetido cuatro años después. Los protagonistas: Jaime Hernández y Luis Rosales, quienes representan a un ausente Ríos Montt, –declarado con incapacidad mental y física para defenderse–, fueron desterrados de la audiencia por haber ofendido a los integrantes del Tribunal B de Mayor Riesgo.

Aunque esta vez no hubo una discusión tan acalorada, porque todo fue a puerta cerrada, los dos abogados se plantaron ante los tres jueces para exigirles dos cosas: que se excusaran del proceso y que trasladaran el expediente a otro tribunal.

Las dos peticiones fueron rechazadas y provocaron la expulsión. Pero los abogados insistían en que el Tribunal debía renunciar a su nombramiento para juzgar los delitos cometidos contra la población ixil en 1982, durante el gobierno de facto de Ríos Montt. El argumento es que la Ley del Organismo Judicial manda que los jueces que han sido denunciados se aparten voluntariamente mientras se les investiga.

María Eugenia Castellanos, Sara Yoc y Jaime González fueron acusados por la defensa en octubre de 2015. Les señalaron de abuso de autoridad, prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución, porque en ese entonces no aceptaron separar los juicios de Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez, quien está acusado por los mismos cargos.

“Tenemos el derecho de alegar en favor de nuestro defendido” dijo Rosales al salir de la audiencia. Ante los cuestionamientos de por qué buscaban entorpecer el proceso, argumentó: “Les hemos hecho ver (a los jueces) la obligación que tienen de excusarse de este proceso porque existe una denuncia penal en contra de ellos antes del reinicio de este proceso, sin embargo ellos se han sentido sorprendidos, se confunden en las fechas y dicen que fue posterior. Han dejado sin defensa a un hombre que no está en sus capacidades mentales, volitivas y de libre discernimiento”.

Héctor Reyes, en representación del querellante Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh), expresó que la actitud de sus colegas era cuestionable. “No podemos jugar con nuestra profesión y faltarle el respeto al Tribunal y a las partes procesales. No es una defensa lógica y conforme a la ley”.

La defensa, además de la separación de los jueces, quiere que el caso sea trasladado a otro tribunal. Porque Ríos Montt no puede ser sometido a una judicatura que no existía cuando acontecieron los hechos por los que se le juzga. Los juzgados de Mayor Riesgo fueron creados en 2009 y las masacres en el pueblo ixil datan de 1982.

Aunque Rosales insiste en que sus estrategias de litigio no son “medidas dilatorias, sino la búsqueda del debido proceso”, lo que se viene son recusaciones, apelaciones y, de nuevo, la sombra de que todo lo actuado pueda quedar anulado. O, por lo menos, que el caso se entrampe nuevamente.

Por esta vez, el juicio siguió su curso. La presencia de Linda Juárez, otra abogada de la defensa de Ríos Montt, permitió que el acusado, en ausencia, estuviera representado. Se fijó para el 27 de octubre la próxima audiencia. 

El otro juicio

Una hora antes de su cita, a las 12:30 en punto, apareció el general retirado José Rodríguez Sánchez en el 15 nivel de Tribunales. Intentó entrar a la sala de debates, pero le dijeron que todavía se realizaba la audiencia del juicio a Ríos Montt y lo enviaron a esperar su turno.

Vestido con traje verde musgo, se sentó por un instante, pero se le veía ansioso. Se asomó a la puerta de vidrio del Tribunal y escuchó los susurros. A lo lejos, con una tenue voz, el fiscal Erick de León leía párrafos del Plan Victoria 82. El plan contrainsurgente que desarrolló el Ejército en varios puntos del país, entre ellos, la zona ixil.

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Rodríguez Sánchez fungió como jefe de Inteligencia del Ejército (G-2), durante el gobierno de facto de Ríos Montt y por eso se le acusa de conocer y dirigir la ofensiva militar que dejó cientos de civiles fallecidos.

A la 1:30 llegó su turno. Ingresó a la sala junto a sus dos abogados. El Tribunal y los querellantes eran los mismos que habían acudido al juicio matutino. Su audiencia, a diferencia de la otra que se desarrolló en la mañana, fue pública. Entre los asistentes había mujeres indígenas de San Juan Sacatepéquez y otras comunidades, activistas de Derechos Humanos y el procurador de los Derechos Humanos, Augusto Jordán Rodas, quien estuvo en la sala, acompañado de un grupo de empleados de su institución, por no más de 15 minutos.

Se colocó los audífonos y escuchó atento mientras el fiscal leía extractos del archivo militar Victoria 82. De León leía párrafos en donde se explicaba que el Ejército movilizó a miles de soldados en compañías formadas por 170 hombres.

De cómo el Ejército ordenaba la movilización a varias zonas del país. “531 a San Juan Cotzal, 354 a la región Ixil y 170 a Joyabaj y Zacualpa”.

El informe detallaba que los cuchillos, cantimploras y pocillos, entre otras herramientas de uso militar habían sido fabricados en Corea. “Existen subversivos porque un pequeño grupo de personas los apoyan y una gran cantidad los toleran” seguía la lectura.

Cuando llegó su turno, Rodríguez Sánchez instruía a su abogada para que leyera los párrafos que a él le favorecían. “Se crearán áreas de recreación en donde el soldado pueda pernoctar por un mínimo de tres días después de un plan de operaciones que no exceda un mes. …Se prohíbe el contacto con el sexo femenino y las pláticas ideológicas…El respeto a ubicaciones y lugares importantes para la comunidad”.

El texto señalado demostraría que la orden dada a los soldados era respetar a las poblaciones. Al finalizar la audiencia, los querellantes solo acertaron a decir que rebatirían ese texto con los testimonios de las mujeres que fueron violadas, incluso dentro de una iglesia en Nebaj.

 “No tiene nada de malo el documento. Estoy confiado. Queríamos separar a la población de la guerrilla. Quien tuviera a la población, iba a ganar” afirmó a Plaza Pública al final de su audiencia. 

Vestido con traje verde musgo, se sentó por un instante, pero se le veía ansioso. Se asomó a la puerta de vidrio del Tribunal y escuchó los susurros. A lo lejos, con una tenue voz, el fiscal Erick de León leía párrafos del Plan Victoria 82.
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