Bogotá: prohibido portar armas

(Con información de EFE y La Silla Vacía).- La restricción, que irá hasta el 1 de mayo próximo, fue adoptada por la autoridad militar de Bogotá, el comandante de la XIII Brigada del Ejército, el general Gabriel Pinilla, en respuesta a una solicitud previa de Petro, en funciones desde hace un mes.

En una resolución, Pinilla prohibió el porte público de las armas de fuego con amparo legal, que es una limitación que la ciudad ha probado en el pasado, pero por períodos breves.

La norma excluye a quienes ejerzan tareas de vigilancia en sitios de trabajo, a funcionarios de la Fiscalía General, a los servicios de escolta autorizados, como los de diplomáticos, y a miembros de las fuerzas de seguridad en uso de buen retiro, además, obviamente, de los integrantes de las Fuerzas Militares y de Policía.

La misma resolución establece una multa para quien viole la restricción a las armas legales y mantiene la confiscación y judicialización para aquellos que sean sorprendidos con armas ilegales.

Petro aprovechó la entrada en vigencia de la norma para presentar de manera oficial la campaña de desarme "¿Armar o amar?", que se corresponde con una iniciativa que promueve desde antes de que fuera elegido como alcalde, cargo que ocupará por cuatro años.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Luis Eduardo Martínez, dijo en declaraciones previas a la prensa que del 10 al 12 por ciento de los homicidios en la ciudad se cometen con armas de fuego amparadas.

En la capital colombiana se cometieron el año pasado 1.632 homicidios y, de ellos, en 1.016 se usaron armas de fuego, la mayoría ilegales.

"El 60 por ciento de los homicidios se cometieron con armas de fuego, un 50 por ciento con armas ilegales", advirtió Martínez, quien admitió que la prohibición no es suficiente para disminuir este delito.

Es necesario crear conciencia en la ciudadanía de que las armas solo deben estar en manos del Estado, agregó el oficial.

Las cifras oficiales muestran que la autoridad militar de la ciudad ha expedido salvoconductos para 400.000 armas de fuego, pero los expertos calculan que en la capital de este país sudamericano pueden existir un millón de ellas ilegales.

Hace un mes, la revista digital LaSillaVacía con quien Plaza Pública tiene un convenio de colaboración, publicó un ensayó especial sobre la propuesta de Petro, que en ese momento parecía bastante complicada de alcanzar. Estos son algunos de los temas que se analizaban:

 Si se prohíbe el porte de armas por parte de civiles se le acaba un negocio a las Fuerzas Armadas: CIERTO

Los militares tienen razones ideológicas para oponerse a la prohibición de porte de armas por parte de civiles. También políticas pues a través de la entrega de armas a gente poderosa –a veces regalándoselas- algunos militares establecen un puente importante con personas de los gremios, empresarios y políticos a los que normalmente no tendrían tan fácil acceso. También culturales pues a muchos les gusta cargar su arma cuando están de civil. Pero las económicas pesan bastante.

Indumil tiene –por lo menos en teoría- el monopolio de las armas. Una restricción exitosa en Bogotá que comience a ser imitada por las demás ciudades tendría efectos negativos en el PyG de esta empresa del estamento militar.

No es fácil acceder a información sobre número de salvoconductos expedidos, ingresos desagregados de Indumil, y los nombres de los que hoy por hoy tienen salvoconductos, pero un artículo de Semana dice que en 2003, las ventas a civiles de armas de Indumil ascendieron a 22 mil millones de pesos, de 12 mil millones en 1999. Y que este incremento se debió a un aumento en los precios de las armas y no a un mayor número de unidades vendidas, que se habían mantenido estables en 12 mil armas anuales durante los últimos cinco años.

“Su estrategia es hacer utilidades en la venta de pistolas y revólveres a civiles -y en otras líneas de negocio- para poder venderle barato a la Fuerza Pública”, dice Semana en el artículo publicado en 2008.

Aunque no se sabe con certeza cuántas personas tienen hoy salvoconductos en Bogotá porque la cifra no está pública, el estudio sobre el efecto de intervenciones en la demanda de armas pequeñas realizado por Cerac, usando como fuente el Comité de Armas del Ministerio de Defensa, dijo que para mediados de 2005 habían expedido un total de 706,210 armas a civiles, que incluiría las 235 mil que se amnistiaron en 1994.

En su estudio, Cerac calculó que se expiden 39,210 salvoconductos cada año. Esto indicaría una proporción de 1,53 armas legales por cada 100 civiles.  Y por cada arma legal, se cree que circulan tres ilegales.

Y de esas 700 mil con salvoconducto, se cree que 400 mil habrían sido expedidas en Bogotá, aunque no necesariamente para ser usadas en la ciudad.

El año pasado, el senador por el partido de la U Roy Barreras dio una cifra superior, quizá más actualizada. Afirmó durante la VI Asamblea General del Foro Internacional sobre Armas Pequeñas y Ligeras que tuvo lugar en el Congreso de la República, que “en Colombia hay 909 mil armas que fueron entregadas por Indumil a los ciudadanos y que nunca fueron reclamadas a pesar de que sus salvoconductos vencieron”.

En fin, no hay consenso sobre las cifras, y La Silla Vacía no pudo encontrar información más reciente ni más confiable.

En todo caso, un salvoconducto que hay que sacar cada año para las pistolas 9 mm y cada tres para los revólveres puede costar entre 300 mil y 500 mil pesos  aproximadamente. Y según datos suministrados por Indumil en 2006 a Cerac, para el estudio más completo que se ha hecho en Colombia sobre armas pequeñas, una pistola 9 milímetros costaba 2.667.00 y un revólver carabina calibre 308 por 3.329.000.  Cinco años después seguramente son más caras. Y un salvoconducto 119.000 pesos. El 60 por ciento de la demanda legal de armas en Bogotá es por revólveres y el 65 por ciento de las solicitudes de salvoconductos son de armas para cargar y no para guardar en la casa, según cifras oficiales de 2005.

Sobre los ingresos de Indumil por este concepto, según un estudio de Pablo Casas, experto en seguridad ciudadana, Indumil reportó que el 11 por ciento del total de sus productos correspondían a la venta de armas y municiones.

Un cálculo sencillo indicaría que a Indumil le entran solo por concepto de renovación de salvoconductos mucho más que cien mil millones de pesos al año (La Silla Vacía ya puso un derecho de petición para obtener la información precisa).  Impedir que civiles porten armas implicaría una reducción en este rubro.

Restringir el porte de armas reduce homicidios: CIERTO

Los estudios más serios y los expertos coinciden en que existe una correlación entre menor número de homicidios y restricción en el porte de armas en Colombia y en el mundo.

En Bogotá, según el estudio del Cerac, unas 50 mil personas murieron en eventos relacionados con armas de fuego entre 1979 y 2009, que equivale al 8 por ciento del total de muertes en la capital durante ese período. Y Bogotá aportó el 10 por ciento del total de muertes por armas de fuego en Colombia durante esos 30 años.

Casi dos de cada tres homicidios en Bogotá se realizan con un arma de fuego, y un poco menos de la mitad de estos (40%) afectan a hombres entre los 20 y los 29 años.

Un estudio de Hugo Acero, quien fue el encargado del tema de seguridad durante las administraciones de Mockus y Peñalosa muestra que la restricción de porte de armas si disminuyó el porcentaje de homicidios con armas de fuego. Aunque hay que decir que esta medida se hizo en conjunción con otras como la hora zanahoria y una mayor presencia policial en las calles.

Cuando Mockus restringió el porte de armas los fines de semana en 1994, los homicidios con armas de fuego disminuyeron en un 10.5% frente a 1993, y otro 5,6% en 1995 frente a año anterior.  Por el contrario cuando se levantó la restricción, entre abril y noviembre de 1996, los casos de homicidio aumentaron en un 5.49%.

En diciembre, cuando la Alcaldía lideró con el Arzobispo de Bogotá la campaña “Que las armas descansen en paz” y hubo restricción al porte de armas, los homicidios disminuyeron en un 26.7% con respecto a diciembre de 1995. Y en el primer semestre de 1998, cuando Peñalosa mantuvo la restricción total al porte de armas, el promedio mensual de homicidios con armas de fuego fue de 143, contrario a los meses anteriores a diciembre de 1997 que no hubo restricción, cuando el promedio fue de 182.

Y cuando después de la decisión del Consejo de Estado se levantó la restricción en el segundo semestre de 1998 y el primero de 1999, el promedio de homicidios con armas de fuego volvió a aumentar (en mayo de 2000 se situaba en 161).
 

Las personas que tienen salvoconducto hacen buen uso de las armas: FALSO

En el año 1999 la Administración Distrital de Antanas Mockus le solicitó, a la oficina de Control de Armas, Municiones y Explosivos del Ministerio de Defensa, que con base en un listado de 732 armas que habían sido utilizadas en la comisión de homicidios comunes y decomisadas, certificara cuántas tenían salvoconducto. El resultado fue que 234 armas tenían salvoconducto vigente. Es decir, según este dato, una de cada tres armas utilizadas en la comisión de homicidios era legal.

Además, como ha quedado en evidencia en varios artículos periodísticos, muchos de los esquemas de seguridad de mafiosos, paramilitares y otros delincuentes tienen armas amparadas por salvoconductos legales, lo cual deja por el piso la idea de que solo las personas ‘de bien’ tienen armas legales.

E incluso, para las personas de ‘bien’, tener un arma no disminuye las posibilidades de ser agredido por otros sino que por el contrario, incrementa el chance de que esto suceda. Así lo demostró un estudio de la Asociación Médica Norteamericana que concluyó que una persona armada tiene 42 veces más posibilidades de matar a algún familiar, conocido o amigo, que quien no está armado. Un arma en un hogar aumenta 12 veces las posibilidades de accidente, y solo 4 de cada 100 personas armadas (4%) hacen uso adecuado de su arma frente a una agresión delincuencial.

Será este período de una ciudad sin armas, en que probablemente quede en evidencia la relación de crímenes y homicidios relacionados con la portación de armas. Mientras tanto, Bogotá aboga por “amar” y no “armar”, como reza la campaña de Petro.

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