Teniendo un régimen que privilegia la represión frente al diálogo, resulta inverosímil el diplomático tratamiento que este gobierno está dándole al conflicto de Nimajuyú. Hasta mesa de diálogo propone, dándole así reconocimiento de par al grupo de invasores.
Recurramos a la historia. La zona 21 está llena de proyectos habitacionales de gobiernos pasados. La colonia Justo Rufino Barrios se fundó en 1971 y fue la primera de una serie de inversiones estatales a través del desaparecido Banco Nacional de la Vivienda (Banvi). Para 1979, bajo la presión de demanda habitacional que dejó el terremoto de 1976, ya se habían completado y entregado dos colonias más: Bellos Horizontes y Venezuela. Quedaba el proyecto más ambicioso, que tendría dos fases. Así nacieron Nimajuyú I y II, planificados para darles habitación a 20,000 personas y vendidos a partir de 1982.
Como familia pionera en ese proyecto, recuerdo la maqueta y el paseo que nos hacían por los terrenos. Sería una pequeña ciudad, con supermercado y mercado; escuelas de preprimaria, primaria y secundaria; áreas deportivas; carretera de circunvalación, y hasta un moderno sistema de tratamiento de aguas servidas. Era una urbanización modelo.
Antes de que naciera Nimajuyú, un grupo de personas había comenzado con el lucrativo negocio de invadir los terrenos estatales de la zona 21.
En las ocupaciones participaban hasta vecinos que ya eran beneficiarios del Banvi. Demarcaban rústicamente su lote y, según las autoridades se hicieran de la vista gorda, comenzaban a poner límites más sólidos y a levantar construcciones menos precarias. Luego vendían.
El déficit habitacional en Guatemala siempre ha sido grande. Lo malo de esas invasiones es que resultaba obvio que contaban con promotores que llegaban en buenos autos y con guardaespaldas para organizar la repartición y la resistencia. No se puede decir que todos los invasores toman el asunto como negocio. Hay gente con verdadera necesidad, que asume el riesgo de ser desalojada por la fuerza. Pero, ojo, tampoco se puede negar que hay un cartel que se ha dedicado a esa industria ilegal con complicidad desde los Gobiernos central y municipal.
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Es una historia de al menos 50 años de invasiones y de impunidad.
Recuerdo que al tiempo de la liquidación del Banvi faltaba cumplir las promesas para pasar de edificios multifamiliares a pequeño modelo periurbano. Se les pidió a los vecinos que se organizaran legalmente en asociación para participar en la administración del patrimonio comunitario. Se formó tal asociación, pero todo fue falsas promesas. El Banvi se cuidó muy bien de no poner nada por escrito. La desaparición del banco se realizó a oscuras.
Luego, como un cáncer, las apropiaciones ilegales fueron comiéndole territorio a Nimajuyú. Misteriosamente, cada nueva agarrada de tierras fue oficialmente tolerada y hasta apoyada.
Ha sido como en aquellas escenas de lucha libre en las que el rudo le escarba los ojos al técnico y el réferi del combate lo regaña y le pide por favor que no haga eso, pero el rudo ahora está estrangulando a su contrincante sin que el de rayado meta una sola mano.
Esta vez las cosas están llegando a donde no habían llegado antes. Los réferis (el Ejecutivo y la Muniguate) simulan una discusión entre ellos, de espaldas a los combatientes, mientras los rudos se sacan una navaja del botín. Los jueces del combate (el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Comunicaciones), plácidamente sentados, hacen como que llenan papeletas para no dirigir la vista al cuadrilátero. Unos vestidos de policías solo gritan ¡hey!, ¡hey!, antes de retirarse para la cena. Los promotores del combate se frotan las manos calculando las ganancias, y la prensa tira fotos para la portada de mañana.
Lo malo es que la violencia está escalando y que no es una lucha de la tele, sino que todo es real. La violencia contra otros defensores de la propiedad es aquí un «no, nene», hacia los invasores.
El Gobierno debe cumplir la palabra empeñada y buscar soluciones para los necesitados, además de acabar con el cartel invasivo.
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