Un mérito que la funcionaria atribuye al trabajo del equipo que integra el MP y a los impactos de la coordinación interinstitucional, así como al resultado concreto del apoyo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.
Son datos duros sobre los índices de cobertura, de atención a la víctima, de despliegue territorial de la Fiscalía. Cifras concretas de estructuras criminales desmanteladas. Números precisos sobre la cantidad de sentencias condenatorias alcanzadas.
En tal sentido, el ámbito cuantitativo de la persecución penal, inequívocamente indica resultados positivos y por lo tanto avances. Algo que representa una ganancia para la sociedad en su conjunto, aunque no se pueda apreciar del todo por la maraña del efecto que produce la gigantesca impunidad que ha imperado por décadas.
En lo que corresponde al ámbito cualitativo, la titular del MP podrá estar satisfecha de estar sentando las bases que han llevado a incrementar la confianza ciudadana en la entidad. Una confianza que empieza a crecer en un terreno tradicionalmente olvidado por la institucionalidad del Estado: la situación de la mujer y la perspectiva multicultural. Los planes ya concretados en estos espacios significan crecimiento en la calidad de la atención ofrecida al público usuario de la acción fiscal.
Por el contrario, un retroceso enorme está por concretarse en otro ente estatal. Específicamente en el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR). Creado por acuerdo gubernativo en el 2003, con modificaciones en 2004 y 2005. Dicho ente está llamado a constituirse en la plataforma que genere acciones de reparación a las víctimas del conflicto armado interno. Algo que, en la actual administración ha dejado de ser realidad.
De acuerdo con un informe presentado por el Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), en la política de resarcimiento se impulsa la negación de graves violaciones a Derechos Humanos. El documento; El derecho a la verdad como medida de justicia transicional, el negacionismo como expresión de impunidad, producido por el CIIDH abunda en el análisis de dicho fenómeno.
Esto se ve reflejado en las nuevas propuestas de reforma a la normativa de la entidad, la cual contempla eliminar arbitrariamente las masacres como un hecho de grave violación.
Este criterio, de concretarse, anularía un principio básico en políticas de reparación en el marco de justicia transicional y que pone en entredicho el derecho a la reparación integral de las víctimas. Un fenómeno que no es casual sino que responde, en esencia, a la lógica política de las actuales autoridades de gobierno y al frente de la entidad.
Una política a todas luces encaminada al negacionismo como criterio de análisis del conflicto armado interno y las graves consecuencias que este tuvo para la población civil no combatiente. En particular, lo relativo a la responsabilidad del Estado y sus agentes en actos de diversa índole que llegaron al genocidio contra el pueblo maya.
“En la relación entre el Estado y las víctimas se ha instalado una lógica de conflictividad que no corresponde al propósito de la reconciliación. El PNR no ha sido capaz de coadyuvar al proceso de reconstrucción del tejido social, dignificación y recuperación de la confianza ciudadana en las instituciones del Estado. Al contrario, desde el 2012, se ha instalado un proceso de negación de los hechos, que incluso ha aumentado la violencia en contra de la dignidad de las víctimas”, señala el texto del CIIDH.
De esa cuenta, la atención a las víctimas de distinta índole como es el caso del MP y el PNR, presenta resultados distintos, los cuales corresponden a lógicas y políticas distintas. El enfoque en la atención a las víctimas, que ha regido la conducción del MP le ha llevado al éxito y a la consecución de avances. El enfoque en el negacionismo, que ha permeado la política y dirección del PNR, le ha llevado al retroceso.
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