La universidad pública debe tener a los mejores porque se sostiene con lo más valioso de las personas: el producto de su trabajo. La autonomía es una garantía democrática para diluir la concentración de poder y la injerencia política. Tiene como objetivo lograr relaciones de poder más estables y equilibradas entre las instituciones para disminuir la tendencia de los partidos políticos y de los grupos de poder a acaparar para ganar en la negociación política y así beneficiar a unos pocos en detrimento de muchos.
El artículo 82 de la Constitución otorga autonomía a la USAC. En ningún momento exime de responsabilidades legales a sus integrantes. Únicamente les da potestad de tomar decisiones relacionadas con la administración y el desarrollo de la educación superior del Estado. En los últimos meses, siete asociaciones estudiantiles democráticamente elegidas se han unido y han llevado a cabo acciones para denunciar actos de corrupción internos. Y es que la autonomía universitaria, como se ha expresado en otras ocasiones, no es un mecanismo para garantizar impunidad y no se viola solicitando al Ministerio Público y a la Cicig una investigación interna para identificar casos de corrupción.
El 21 de julio, funcionarios de la USAC le solicitaron a la Comisión de Finanzas del Congreso que autorizara un préstamo de 120 millones de dólares para seguir construyendo centros regionales. Para nadie es un secreto que la cobertura educativa continúa siendo una necesidad de la u y que es un mandato de su ley orgánica promover la extensión universitaria. Carlos Barreda, diputado de la UNE, solicitó la incorporación de la USAC al sistema de Guatecompras y la aprobación de una reforma universitaria a cambio de aprobar dicho préstamo.
La primera petición es legítima, legal y aceptable, ya que es dinero público y, por tanto, debe pasar por mecanismos de rendición de cuentas. No obstante, habría sido más efectivo, en términos de transparencia, condicionar la transferencia al desarrollo de una unidad de información pública que trabaje con datos abiertos, sobre todo considerando que Guatecompras no es el portal más transparente y efectivo. Aquí es donde el rector Alvarado Cerezo debe establecer las condiciones para que cualquier persona pueda verificar la ejecución y la calidad del gasto y así terminaría de demostrar que su gestión será diferente a la de Gálvez, una de las más corruptas en la historia de la USAC.
La segunda es una violación a la autonomía universitaria, una solapada extorsión política que propone condicionar un préstamo a decisiones que interferirían en la agenda interna de la universidad, sobre todo después de los nefastos precedentes. El clan Barreda dentro de la USAC, su capacidad de financiar campañas políticas (que deberían ser académicas) y su influencia en la toma de decisiones durante la administración de Gálvez son buen ejemplo de ello. Esto no significa estar en contra de la reforma universitaria ni mucho menos pensar que fue un acierto el paso de tortuga que retrasó por años este proceso. Es evidente la falta de voluntad política que ha existido para detener y boicotear la transformación institucional que requiere la alma máter. Pero actualmente el proceso de reforma universitaria está en la antesala de convocar a elecciones para representantes ante las instancias definitorias del proceso. Acelerar sus tiempos y socializar las actividades que se llevarán a cabo son acciones que le corresponden a la comunidad universitaria, principalmente a los estudiantes que nos hemos organizado y articulado en mayor medida desde 2015. Si se lee bien el artículo 82, el desarrollo de la educación superior es una atribución exclusiva de la universidad del Estado, no de un partido político ni del Congreso, pues estos no tienen facultad para decidir qué tipo de cambios académicos debe implementar la USAC.
Tampoco es violar la autonomía el hecho de que la u esté sujeta a la fiscalización, a la interpelación y a la denuncia. Pero sí son violaciones la lógica electoral y el clientelismo político que desataron las comisiones de postulación, las estrategias que impulsaron los partidos para acaparar direcciones, decanaturas y otros cargos universitarios con el fin de influir desde ellos en elecciones internas, en las decisiones del Consejo Superior Universitario y en las designaciones de representaciones universitarias ante las instituciones del Estado. Del mismo modo, también es violar la autonomía universitaria el hecho de que se impulse la creación de un partido político con los fondos públicos y con las capacidades burocráticas de la USAC, como lo intentó Gálvez con la creación del partido Pienso.
Aunque no se nota, muchos de los líderes de la galopante corrupción que ha existido en la USAC en los últimos ocho años ya no tienen la fuerza que tenían antes. Esos lobos disfrazados de ovejas andan alertas buscando reposicionarse en estos tiempos en los que las aguas se mueven. Por eso hay que trabajar para lograr cambios que sirvan para asegurar la expulsión de esas redes ilícitas. Para lograrlo es clave la salida de la USAC de las comisiones de postulación, la democratización de la AEU, la investigación interna del MP y de la Contraloría, la restauración académica y administrativa en Humanidades (una de las unidades académicas con mayor poder en la universidad) y la reforma universitaria de la comunidad sancarlista.
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