Le impidieron la entrada a Iván Velásquez y obstaculizaron el trabajo de la Cicig hasta minimizar su labor, y nosotros ni chistamos. El Congreso de la República fue profanado y usado para beneficio de unos cuantos, y nosotros guardamos silencio. Al director del Registro de Ciudadanos lo amenazan de muerte, al jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, lo denuncian para sacarlo del camino, y nosotros seguimos inalterados. Todas las instituciones claves fueron poco a poco copadas por una mafia que las usa a sus anchas para eliminar a sus adversarios y para beneficio propio, y nosotros, como si nada.
Ahora estas fuerzas que tienen capturada la institucionalidad vuelven a dar un golpe. Esta vez es contra Thelma Aldana, su adversaria desde que fue fiscal general y a la que quieren dar muerte civil desde entonces. El lunes pasado, el Tribunal Supremo Electoral rechazó la inscripción del binomio de Semilla aduciendo ilegalidades de un caso que aún está en reserva y por el cual el diligente Degenhart emitió orden de captura contra Aldana. El Movimiento Semilla apelará primero ante la Corte Suprema de Justicia y luego ante la Corte de Constitucionalidad, pero, mientras esto sucede, los 90 días de campaña electoral seguirán corriendo impasibles e indiferentes.
Los adversarios políticos de Aldana, aquellos que manipulan la institucionalidad a su voluntad, consideran un triunfo la obstrucción de las aspiraciones presidenciales de Thelma. Pero también lo consideran así otros contendientes políticos que no son parte de este pacto que tiene capturado al Estado. Se frotan las manos en señal de gozo porque saben que, sin Aldana, alguno de ellos podría tener posibilidades de ganar. En río revuelto, ganancia de pescadores.
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Su miopía política les impide ver el riesgo que tal decisión tiene. Un Estado capturado por criminales no le conviene a la democracia. Hoy quienes se regocijan del golpe a Semilla pierden de vista que un sistema secuestrado no es garantía para nadie. Cualquiera que pretenda cuestionar su poder puede ser víctima de esa institucionalidad capturada. Cualquiera que no responda a sus intereses mafiosos puede ser violentado, amenazado y hasta asesinado. El ejemplo más claro de esta amenaza a la democracia es Daniel Ortega. Él secuestró el Estado de Nicaragua y se apoderó de sus instituciones. Los que celebraron esta arbitrariedad y los que guardaron silencio se lamentan hoy. Centenas de muertos y de desaparecidos son el saldo infame de su cobarde pasividad.
Aún estamos a tiempo de enmendar la plana, de ver más allá de nosotros mismos y de nuestra mezquindad. Percibir el riesgo y las amenazas debe servir para que tomemos acciones y cambiemos el rumbo. La inscripción de Thelma Aldana no es solo un asunto de Semilla y de sus seguidores. La defensa de la democracia nos concierne a todos. Hoy un grupo de mafiosos usan la institucionalidad del Estado para impedir que Semilla participe en la lucha electoral. Son los mismos que sacaron a Foppa de la SAT, los que impiden que vuelva la Cicig, los que tienen capturado el Congreso, los que compran voluntades entre jueces y fiscales, los que corrompen las cortes, los que ahora quieren desmantelar la FECI, los dueños del monopolio de la televisión abierta, los que amenazan hasta con la muerte a sus oponentes.
Recuperar el Estado de Guatemala y sus instituciones de las mafias que las tienen capturadas no es un asunto de Semilla o de Thelma Aldana, sino de todos. Aún estamos a tiempo de romper el silencio y de salvar la democracia.
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