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Asesor del Presidente en el palacio, defensor del ministro en los tribunales

“Ese caso está inactivo. No sé ni por dónde anda, si en la Corte de Constitucionalidad o en la Corte Suprema de Justicia”.
Contreras considera que no hay un conflicto de interés, pues las funciones que desempeña en la Secretaría son más de orden “administrativo”
Otto Pérez Molina, desligado en el caso Bámaca, junto a Ulises Anzueto, defendido de Contreras.
Efraín Bámaca, detenido y desaparecido.
Fernando García, detenido y desaparecido. Fotografías de Sandra Sebastián
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Asesor del Presidente en el palacio, defensor del ministro en los tribunales

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Entre los 20 asesores contratados para 2013 por la Secretaría Privada de la Presidencia se encuentra Julio Roberto Contreras, abogado defensor en varios casos de violaciones a derechos humanos cometidas durante el conflicto armado. Su defendido en el caso Bámaca, del que acaba de ser desligado el Presidente, es el actual Ministro de la Defensa.

La desaparición del sindicalista Fernando García y del guerrillero Efraín Bámaca, la masacre de Dos Erres, en Petén, y la de El Jute, en Chiquimula, todos ellos casos en los que se acusa al Estado de violaciones a derechos humanos, tienen otro elemento en común: que en la defensa ha participado el abogado Julio Roberto Contreras Quinteros, un abogado que desde el principio del gobierno de Otto Pérez Molina asesora a la Secretaría Privada de la Presidencia.

Su trabajo como abogado defensor en el caso Fernando García todavía no concluye. Mynor Alvarado, abogado del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), asegura haberlo encontrado en audiencias recientes. Contreras explica que en ese caso su participación es como suplente, en respuesta a una solicitud del defensor titular, Marco Antonio Rossell.

Tampoco se ha desligado del caso Bámaca. “Pero ese caso está inactivo”, explica Contreras. “No sé ni por dónde anda, si en la Corte de Constitucionalidad o en la Corte Suprema de Justicia”. Su defendido en este caso es el general Ulises Anzueto, actual ministro de la Defensa, quien está entre los sindicados de igual forma que lo estuvo Pérez Molina hasta el 5 de enero de 2012, cuando se desestimó su implicación en el caso por falta de pruebas. Contreras menciona que participa en esa causa debido a que ha lidiado con ella desde que se inició.

El caso de El Jute concluyó con la condena de cuatro paramilitares y un coronel del Ejército. En el de Las Dos Erres, el abogado expresa que no es defensor  aproximadamente desde que Francisco Bermúdez era el ministro de la Defensa (durante la administración de Óscar Berger).

 “Por ética y por principios”

Contreras Quinteros labora por contrato bajo el renglón 029, que corresponde a servicios personales, técnicos o profesionales. Se encuentra en la entidad desde principios del mandato de Pérez Molina y ha renovado su contrato con el Estado para el período 2013.

Las funciones por las que responde incluyen brindar consultoría y asesoría en los asuntos de Estado que el Presidente requiera, “de manera especial en el orden jurídico, político o de cualquier otra materia relacionada con asuntos de gobierno”; brindar consultoría y asesoría Jurídica en general al despacho del  Secretario Privado de la Presidencia, Juan De Dios Rodríguez,  en asuntos específicos que requieran un análisis legal; asesorar al Presidente o al Secretario Privado en audiencias públicas “acompañándole en las mismas o atendiéndolas por delegación expresa”. Además de otras actividades que le encomienden el mandatario o el Secretario Privado.

“Yo creo que tiene que excusarse”, considera Héctor Berducido, miembro de la Academia de ciencias penales, una asociación de profesionales del derecho ubicada en la sede del Colegio de Abogados. A su criterio, Contreras no ha visto la magnitud del caso, pues al recibir un sueldo de una entidad del Ejecutivo, tiene un compromiso que no le permite tener total libertad en su ejercicio; pero aclara que debe ser el Tribunal de Honor del Colegio el que determine si hay alguna falta y cuál debe ser la sanción correspondiente.

Claudia Ramos, secretaria ejecutiva de este tribunal, declinó emitir su opinión y explicó que ningún miembro del ente disciplinario puede hacerlo sin que se haya discutido su caso de manera formal y colegiada.

El Código de ética del Colegio de Abogados de Guatemala establece en el artículo 1 del capítulo 2 que en el caso de que el jurista preste sus servicios por contrato o ejerza la profesión como funcionario público, debe excusarse en los asuntos concretos a menos que tenga absoluta libertad moral para dirigirlos, y que “si no se admitiere su excusa, deberá sostener enérgicamente su independencia”.

Sin embargo, Contreras considera que no hay un conflicto de interés, pues las funciones que desempeña en la Secretaría son más de orden “administrativo”.

–Entonces, ¿su trabajo no tiene nada que ver con estos procesos penales?

–No. Definitivamente no. De haber relación, lo primero que tendría que hacer ––y lo haré si se presenta la ocasión– es decir que no puedo participar porque soy defensor en el caso.

–Sin embargo, si se lo solicitaran, no habría forma de que esto se supiera.

–Si a mí me piden algo y detecto que tiene que ver con determinado caso, sería yo el que les dijera que busquen a otro asesor y que él se pronuncie. Yo no me meto en camisa de once varas, por ética y por principios.

Los informes de labores

Independientemente de si hay o no una ilegalidad, Mario Polanco, dirigente del GAM opina que es una situación preocupante que el Estado pueda estar relacionado con la defensa de militares en estos casos. No obstante, los informes presentados por Contreras entre febrero y noviembre de 2012 no contienen información que pueda confirmar la sospecha de Polanco. “Si fuera otra secretaría como la de Ciencia y tecnología, no sería tan grave, pero se trata de una entidad muy cercana al Presidente”, expresa.

El eje de la labor del abogado en la Secretaría se centra en formular dictámenes legales sobre temas específicos que se le soliciten. Varios de ellos relacionados con la Ley de acceso a la información pública y solicitudes de información formuladas a la entidad –la mayoría de ellas por diputados y periodistas–. En los informes también está documentadas sin mucho de detalle consultas a la Corte de Constitucionalidad y asuntos internos de la Secretaría, entre otros aspectos.

Uno de los dictámenes emitidos por Contreras se relaciona con la instalación de una brigada militar en San Juan Sacatepéquez, ordenada por el Acuerdo gubernativo 63–2012. La decisión provocó el descontento de pobladores y alcaldes auxiliares del municipio. La opinión que se le solicitó a Contreras se relacionaba con la documentación que acreditara la representatividad de 11 de las personas que se identificaban como alcaldes auxiliares. 

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