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Asamblea oculta informe que revela que 70% de sus empleadas sufren acoso sexual

En el caso de Roxana, una semana después del supuesto ataque cumplió los 18 años.
"Si lo publicamos van a decir que las mujeres que se sienten acosadas son putas."
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Asamblea oculta informe que revela que 70% de sus empleadas sufren acoso sexual

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A finales de marzo pasado, una gestora de ventas denunció que el diputado Carlos Reyes la acosó sexualmente. Este lo niega, pero han pasado cuatro meses y en la Asamblea Legislativa no ha pasado nada. Hace año y medio, una investigación interna encontró que el 70% de las mujeres que trabajan en la institución -incluidas diputadas- dijeron sentirse acosadas sexualmente, pero el informe se mantiene en secreto.

Por Jimena Aguilar y Efren Lemus

El miércoles 21 de marzo de 2012, Roxana, a punto de cumplir los 18 años de edad, llegó a la cuarta planta del edificio que aloja las oficinas de los diputados. Eran casi las 11:30 de la mañana. La gestora de ventas, de cabello oscuro y liso, se acomodó en un sillón negro y sacó el boceto de un anuncio que intentaba vender al diputado. Al hombre que estaba al otro lado del escritorio no le interesó y justo al terminar la negociación frustrada las luces parpadearon y hubo un apagón. "Cuando se fue la luz, él me quiso agarrar. Me pasó rozando los pechos, algo que no me pareció. En eso me agarró del cabello, pero me logré zafar. En la oscurana, me seguía llamando, me decía que no fuera huraña", relató Roxana (nombre ficticio) en su denuncia oficial ante la Policía Nacional Civil (PNC) contra el legislador Carlos Reyes, del partido Arena. La misma denuncia expuso ante la Asamblea Legislativa y la Procuraduría de Derechos Humanos, y aunque han pasado cuatro meses, a nadie parece interesarle mover el caso, ni siquiera a la misma legislatura.

El diputado Reyes tiene su despacho casi al fondo del pasillo central donde residen los legisladores areneros y corrobora toda la versión que hizo Roxana, excepto lo que tiene que ver con el ataque, que niega rotundamente. Ahí Reyes tiene un escritorio, y atrás un crucifijo y un banner donde resalta su rostro redondo, nariz pequeña y bigote escaso, imagen que usó en la campaña para ganar su sexta elección 10 días antes de aquella visita de Roxana. Esa campaña legislativa lo llevó a frecuentar a la gestora de ventas de la revista Pluma Libre. En ese momento, Roxana era menor de edad.

El caso de Reyes tal vez parezca un hecho aislado, pero una investigación interna en la Asamblea Legislativa sugiere que la violencia contra las mujeres, expresada por medio de ataques como el descrito por Roxana, por acoso sexual o por discriminación de género, es un fenómeno generalizado en el parlamento. Los resultados del estudio se mantienen hasta ahora en secreto, pero El Faro tuvo acceso a algunos datos.

La relación de Roxana con Reyes se produjo porque ella era el enlace para proveerle de artículos promocionales durante la campaña. Ella le llamaba y le ofrecía llaveros con los distintivos del partido Arena. Él le compró 5 mil llaveros una primera vez y 7 mil 500 posteriormente, para repartirlos entre sus simpatizantes. Reyes dice que en la segunda compra lo estafaron porque le quedaron debiendo 500 llaveros. Una vez terminada la fiebre electoral, el supuesto timo no impidió que el diputado contestara una nueva llamada de la vendedora de publicidad. "Me llamaba muchas veces. Insistente. Yo dije: me quiere felicitar (por ganar la diputación). Así como lo oye, ante Diosito lindo y mis padres que están en el cielo, dije: ya gané, le voy a contestar. ¿Ya me trae los llaveros?, le dije".

Independientemente de quién dice la verdad, el punto es que a diferencia de otros casos, como el del diputado Rodrigo Samayoa, de Gana, acusado por su esposa de haberle dado una golpiza, el de Reyes apenas si se ha mencionado en los medios de comunicación, y en la Asamblea Legislativa no ha sido razón para el debate.

Aquel 21 de marzo, la gestora de ventas le ofreció a Reyes un anuncio en la revista para agradecer a los votantes de Cabañas, departamento donde fue elegido. El negocio no se concretó y lo que siguió a esa mañana fue la queja de una menor que estudia bachillerato que dice ser víctima de acoso sexual, y la versión de una defensa que alega que todo es un montaje motivado por el interés de buscar una compensación económica.

Roxana, entrevistada por este periódico, insiste en su versión recogida en el parte oficial. "Al irse la luz, él procedió a halarme el cabello. Me llamaba con palabras obscenas, que le diera un beso, cosa que a mí no me pareció", dice. Y Reyes insiste en que todo es falso. "Jamás, por Dios, mi viejo, si yo tengo aquí ya seis períodos de estar en esta cosa, no soy nuevo... no es mi estilo, no es mi estilo. Reyes dice creer que es una trampa que le pusieron. "Pienso que alguien la mandó a hacerme ese favor. O vinieron por otros motivos, económicos, no sé... a sacar dinero. No me explico. Quedará en la conciencia de ella y de estas personas que han hecho esto, pero en la mía no va a quedar".

Mujeres en Asamblea bajo ataque y en silencio

Según un estudio realizado por ONU Mujeres, la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para el Órgano Legislativo, un 70% de las mujeres -entre empleadas administrativas, personal técnico y legisladoras- que trabajan en dicha institución se sienten violentadas por el hecho de ser mujeres.

La investigación fue realizada entre junio y diciembre de 2010, pero ni siquiera las diputadas acceden a hablar sobre los hallazgos del estudio.

Según la jefa del Grupo Parlamentario de Mujeres (GPM) y diputada del FMLN Nery Díaz, esta cifra muestra que las mujeres que trabajan en la Asamblea se sienten acosadas o discriminadas y además que mujeres de diferentes niveles, tanto empleadas como diputadas, sufren actos de violencia y discriminación. "Se le paran los pelos a uno", dice. Los resultados del estudio servirán como punto de partida para crear una política de atención al problema, asegura Díaz. La Unidad de Género de la Asamblea tiene lista una propuesta de protocolo para atender a víctimas de acoso sexual en la institución.

Cuando El Faro pregunta a diputadas tanto del partido Arena como de otros grupos parlamentarios por qué aparentemente nadie ha movido un dedo para investigar el caso Reyes, todas se escudan en que desconocen qué sucedió para comentarlo.

La Policía recibió tres días después del hecho la denuncia en la Delegación Centro para luego remitirla a la Dirección de Investigaciones, pero ese trámite no se ha hecho y, por lo tanto, el caso no ha llegado a la Fiscalía, dice el abogado de Roxana, René Alfredo Ramos. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos solo ha recibido la denuncia.

A una velocidad muy distinta corrió la denuncia de Mireya de Samayoa contra su esposo, el diputado Rodrigo Samayoa, por violencia intrafamiliar, que en la Asamblea ya está listo para que el pleno legislativo reciba la propuesta de desafuero de la comisión de antejuicio. El lunes antes de la vacación agostina la comisión especial que estudiaba el caso resolvió con las firmas de legisladores del FMLN, Arena y Pes pedir el desafuero de Samayoa.

En el caso de Roxana, una semana después del supuesto ataque cumplió los 18 años. Además, decidió renunciar a su trabajo en la revista Pluma Libre y ahora tiene un nuevo empleo del que prefiere no decir nada. Después de que su denuncia no progresara, temía que el diputado la buscara en el lugar donde trabajaba. Un par de ocasiones, antes, cuando la relación entre ellos se había mantenido estrictamente profesional, el diputado llegó a su oficina para recoger los llaveros que ella le había vendido. Él dice que la visitó dos veces para recoger los productos promocionales que le vendió.

La Asamblea Legislativa se enteró de la denuncia de Roxana el mismo miércoles 21 de marzo, cuando el director de la revista Pluma Libre publicó el relato de su empleada en la página web del medio. Al día siguiente, un jueves de sesión plenaria, el jefe de comunicaciones de la bancada de Arena se le acercó al diputado Reyes para contarle lo que la revista había publicado. Durante la sesión, el jefe de la bancada de Arena, Donato Vaquerano, preguntó a Reyes si era verdad lo que estaban diciendo de él.

Vaquerano se rehusó a comentar la denuncia contra el diputado de su partido. Cuando El Faro le pidió una entrevista, accedió a concederla, pero posteriormente, cuando se enteró del asunto a tratar, dijo que estaba demasiado ocupado en las conversaciones sobre el futuro de la Corte Suprema de Justicia.

Nery Díaz, del FMLN y miembro del GPM, dice que su organización de mujeres diputadas denunciaron el caso en la misma conferencia en que la atención se la robó la denuncia contra Samayoa. Se niega a comentar más porque dice que no conoce mucho del caso de Reyes.

"En el caso del diputado Reyes no tengo elementos que me permitan ser contundente porque no tengo información. No conozco si está judicializado o no y además es una chica que no es trabajadora de la Asamblea", explica la diputada efemelenista.

Los diputados del FMLN han tenido una actitud contrastante no solo en el caso de Samayoa, sino también en el de uno de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, quien en 2004 tuvo un proceso en un juzgado de familia, acusado por su exesposa de haberle gritado. La jueza les prescribió al hoy magistrado Rodolfo González y a su excónyuge ir a terapia para ser mejores padres. Antes de la vacación, el martes 31 de julio, el FMLN pidió a la Asamblea la destitución de González, argumentando su antecedente en materia de violencia intrafamiliar.

En el FMLN tampoco explican por qué la investigación interna en la Asamblea Legislativa se mantiene en secreto.

En Arena, nadie, ni diputado ni diputada, ha llevado el caso de Reyes al comité de ética del partido, aseguró Guillermo Ávila Qüehl, miembro de dicho organismo disciplinario.

Según la víctima, el diputado Donato Vaquerano y el diputado Roberto d'Aubuisson se le acercaron el jueves 22 de marzo, durante la sesión plenaria, en los jardines en las afueras del Salón Azul de la Asamblea Legislativa. Ahí, los diputados le pidieron perdón por las acciones de su compañero de bancada, pero también le hicieron una segunda petición: que no hiciera público lo sucedido. "Mejor llegaron Vaquerano y D´Aubuisson a disculparse conmigo. Me preguntaron si lo que habían publicado en una revista era cierto, y yo les dije que sí y fue donde me dijeron que no procediera a poner denuncia ni que hiciera públicas las cosas", explica.

La versión de D´Aubuisson es diferente a la de la vendedora. Dice que él estaba hablando con su jefe de bancada cuando Roxana se acercó a ellos para contarles lo sucedido. En ese momento él decidió retirarse porque era un tema que le correspondía tratar a Vaquerano.

D'Aubuisson dice que mientras no haya un requerimiento de la Fiscalía que solicite a la Asamblea desaforar al diputado, ellos tienen que respetar la presunción de inocencia del legislador. "En el partido no se ha discutido ni hay que por qué hablarlo porque todavía no ha habido ningún requerimiento fiscal. No es que tengamos una actitud de doble discurso, pero uno no actúa sin ninguna prueba", explica.

La diputada Margarita de Escobar tampoco quiere hablar del caso porque dice no estar suficientemente enterada de lo sucedido. "Desconozco los detalles, hay que evitar dar opiniones si no se conoce el trasfondo de esto, incluso si hay un trasfondo político", dice.

Su posición en el caso Reyes también hace contraste con sus declaraciones públicas previas. Hace un mes, la diputada dijo en una entrevista en el Canal 33 que el fuero al que los diputados tienen derecho no puede ser utilizado como una un escudo para cometer delitos. "El fuero no puede ser para promover impunidad, no puede ser para estar al margen de la ley ni para demostrar una superioridad", dijo la diputada. Y en el caso de la golpiza del diputado Samayoa a finales de mayo pasado, fue implacable cuando supo que había salido del país, según ella huyendo. "¿Como es esto que se fuga del país sin rendir las cuentas morales, éticas, jurídicas y políticas que le debe a El Salvador? Hasta donde yo entiendo, no tenía permiso de viajar", dijo después del viaje de Samayoa para tratarse un cáncer de garganta.

Cuando estalló el caso Samayoa, la presidenta de la comisión legislativa de la mujer, Ana Vilma de Escobar, del partido Arena, fue una de las voceras del partido tricolor y del Grupo Parlamentario de Mujeres. Cuando la comisión especial de antejuicio contra Samayoa decidió emitir un dictamen recomendando el desafuero, Escobar aseguró que era necesario sentar un precedente para exigir una conducta ética y ejemplar a los legisladores. Días antes de que la comisión emitiera su recomendación, dijo que no podía comentar el caso de su compañero de bancada porque no lo conocía. "Mi política es de cero tolerancia en casos de violencia contra las mujeres", dijo.

Para la exvendedora es difícil aceptar que hay otros casos a los que la Asamblea sí da prioridad, mientras que el suyo ha permanecido en la oscuridad por tanto tiempo. Cuando salió a la luz la denuncia contra Samayoa, el suyo ya tenía más de dos meses de sucedido. "Tendrían que tomar más en cuenta lo mío porque era menor de edad. No entiendo por qué lo mío quedó en silencio", dice esta mujer que asegura que no quiere fama ni ser conocida, sino que solo desea que se haga justicia.

La única diputada que sí accedió a comentar sobre el caso fue Carmen Elena de Escalón, quien dijo que hasta ese momento se había enterado que había una denuncia en la policía. "Si hay denuncia, hay que investigar. Se tiene que seguir el debido proceso, sea un diputado de Arena o de otro partido. Si después del debido proceso hay una acusación, tendrá que ser la investigación la que diga y para eso están las leyes", dijo la diputada, quien matizó su comentario asegurando que ella no conocía a Reyes por esas actitudes y agregó que él siempre mantiene abierta la puerta cuando tiene visitas en su oficina.

Cuando la exempleada de Pluma Libre recuerda los días después del incidente, dice que ella no quería poner la denuncia, pero que su jefe la convenció de hacer público el hecho y denunciarlo ante la policía. "Sea como sea uno sale perdiendo y ellos ganando", asegura cuatro meses después de haber puesto una denuncia que no tuvo frutos, aunque para Nery Díaz sea motivo de felicitaciones. "Tenía miedo y por eso no quería que se hiciera público", comenta. Díaz dice que más allá de este caso, la valentía de las mujeres que se atreven a denunciar es lo que dio origen a la investigación que impulsaron en la Asamblea Legislativa.

Según el informe de labores 2009-2010 del Grupo Parlamentario de Mujeres para el PNUD, el diagnóstico sobre género en el Órgano Legislativo tuvo un costo de 12 mil dólares. "El diagnóstico de género en la Asamblea Legislativa es una iniciativa que permitirá tener una visión clara y amplia sobre la situación de las mujeres dentro del primer Órgano del Estado", dice una parte del informe, que no incluye los resultados del estudio.

A partir del diagnóstico, la Unidad de Género que fue creada al inicio de esta legislatura desarrolló un protocolo de atención a víctimas de discriminación y violencia en la institución. Este protocolo servirá como un manual tanto para las empleadas del Órgano Legislativo como para las mujeres que visitan la institución de qué hacer en caso de sufrir violencia, acoso o discriminación por el hecho de ser mujer. Un comité impondá medidas o sanciones administrativas y además se le brindará aseoría a la víctima sobre a qué instancias más allá de la institución pueden acudir para interponer una denuncia.

"Es una herramienta para generar confianza frente a la amenaza de si denuncio pierdo mi trabajo o la discriminación va a ser mayor. Queremos decirles que van a contar con esa herramienta que les va a beneficiar", explica la diputada Díaz. La previsión es que se entregue la propuesta de protocolo a la junta directiva al regreso de las vacaciones agostinas para que esta lo apruebe y después se haga del conocimiento público.

"Aquí hay empleadas que tiene más de 20 años que han aguantado, han soportado en silencio acoso, maltrato sicológico, discriminación y violencia y que lo han callado", agrega la diputada, quien asegura que dentro de la Asamblea todavía hay diputados que usan sus mejores tácticas para no ser descubiertos.

Sin embargo, en este mismo caso del estudio las diputadas han guardado silencio. Cuando El Faro le consultó a otra diputada del GPM por qué no quiso hablar del informe y por qué no quieren hacerlo público, lo que dejó ver fue el temor a la estigmatización que se supone que también pretenden combatir. "Si lo publicamos van a decir que las mujeres que se sienten acosadas son putas", respondió.

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