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Desde principios de año, varios toldos de partidos políticos rodean la sede del Tribunal Supremo Electoral, en una competencia para que sus símbolos ganen los primeros lugares en la papeleta electoral de las futuras elecciones presidenciales 2023. Simo D

Arrancan las elecciones con siete razones para dudar de su credibilidad

Se avizora para este año electoral la judicialización de varias candidaturas, como un intento de impedir la participación de propuestas no alineadas al régimen.
Los árbitros del juego político que se inicia hoy son cuestionados por sus actos pasados pero también por su desempeño actual.
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Arrancan las elecciones con siete razones para dudar de su credibilidad

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Ninguna de las instituciones a cargo del proceso electoral que arranca oficialmente hoy es considerada independiente. El panorama es sombrío y, a diario, aumentan los cuestionamientos  sobre un proceso electoral más cercano al autoritarismo que al ideal democrático, con candidaturas bloqueadas, pocas propuestas de cambio y  un sistema con una falla de origen que solo  admite candidatos afines al establishment. Este es un análisis sobre los posibles escenarios para las elecciones generales de 2023.

 

Dos analistas consultados por Plaza Pública coinciden en que la principal amenaza que se avizora para este año electoral es la judicialización de varias candidaturas, como un intento de impedir la participación de propuestas no alineadas al régimen. Se espera un proceso con apariencia de legalidad, pero, en el fondo, diseñado a la medida de los grupos de poder con más injerencia. Y, como ha sucedido en procesos anteriores, también está el peligro de la utilización de recursos públicos para la campaña electoral, lo cual ya se pudo observar en las últimas asambleas de los partidos Vamos y Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

A criterio de sociólogo Luis Mack, actualmente existen todos los indicios para que en el país ocurra un «fraude sistémico», es decir, una contienda prediseñada para que solo determinados candidatos compitan o, que una sola opción, previamente consensuada entre los grupos de poder, llegue a la Presidencia de la República. En otras palabras, se prevé algo parecido a lo que ocurrió con la elección de Walter Mazariegos en la Rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) quien logró ese puesto porque se diseñó una estrategia para que solo él y sus votantes pudieran participar en la contienda.

Mack asegura que, en Guatemala, es muy difícil que ocurra un «fraude técnico», porque  resulta complicado alterar una gran cantidad de documentos. El proceso de votación está diseñado para que el conteo de votos se realice sobre las papeletas físicas.

«Lo que sí se puede dar es lo que algunos llaman ‘fraude sistémico’ que es un concepto muy problemático, Mientras , el fraude técnico se puede comprobar con la alteración de datos y resultados físicos, el fraude sistémico es más complejo. Desde hace varios años, Acción Ciudadana tiene el conteo rápido, que es una validación técnica de los resultados y, en todos los procesos electorales, ese conteo rápido ha calado bastante bien, ha sido congruente con los resultados oficiales; entonces, todos esos elementos técnicos determinan que el fraude no puede estar en el conteo de votos», señala Mack.

A Linsleyd Thillit, directora de la Asociación de Mujeres Alas de Mariposas, también le preocupa  el aumento de la criminalización hacia ciertos actores que luchan contra la corrupción, además de la judicialización de las candidaturas que aumentaría la conflictividad y polarización. También señala que en los partidos políticos hay cada vez menos espacios para las mujeres.

De acuerdo con Thillit, uno de los factores que podría contribuir con la deslegitimación del proceso es el aumento en los recursos que el gobierno destinará para los alcaldes, pues se podría convertir fácilmente en una herramienta electoral que el partido oficialista puede aprovechar.

La estrategia del partido Vamos se basa en el aprovechamiento clientelista de la fuerza de más de 200 alcaldes para aumentar de manera artificial su caudal de votos. Una muestra de esto fue la asamblea de proclamación realizada el 7 de enero y la presentación del informe de gobierno del 14 de enero, donde hubo empleados públicos presentes. 

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Vamos asegura que a los alcaldes no se les han hecho ofrecimientos anómalos a cambio de sumarlos al partido; sin embargo, para el Presupuesto General de este año el Congreso aprobó 4 mil millones de quetzales en obras, las cuales se consideran un botín político electoral porque serán ejecutadas durante la campaña. 

A continuación, siete claves para entender los escenarios que se prevén para este año electoral.  

1. TSE al servicio de políticos afines a Giammattei

Los árbitros del juego político que se inicia hoy son cuestionados por sus actos pasados pero también por su desempeño actual. Desde su llegada al TSE, los magistrados ofrecieron a los diputados que los eligieron que no cancelarían partidos políticos y lo cumplieron: revirtieron los procesos para anular a las organizaciones Vamos, Valor, Podemos, URNG-Maíz, Winaq, Bien, Creo, PC y a la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), todos señalados por irregularidades en su financiamiento.

El único partido que quedó anulado previo a la convocatoria a elecciones fue la Unión del Cambio Nacional (UCN), cuyo fundador Mario Estrada Orellana fue condenado en Estados Unidos por cargos de narcotráfico.

En 2021, el diario elPeriódico reveló que el magistrado titular Ranulfo Rojas y su colega suplente Marco Antonio Cornejo presentaron certificados de cursos falsos sobre un doctorado y una maestría, respectivamente, para postularse como candidatos al tribunal electoral un año antes. Ninguno fue investigado por el Ministerio Público (MP), a pesar de que la Universidad Da Vinci denunció que, efectivamente, las certificaciones eran falsas. Cuando ambos funcionarios presentaron los documentos en la comisión de postulación, aún tenían cursos pendientes de aprobar.

Otro magistrado con cuestionamientos es Mynor Franco, quien fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). En 2011, mientras ocupaba dicho cargo, fue el único que votó a favor de que Sandra Torres fuera inscrita como candidata presidencial a pesar de haberse divorciado del entonces presidente Álvaro Colom, para evadir la prohibición constitucional que le impedía postularse. Finalmente, la Corte de Constitucionalidad (CC) negó la inscripción a Torres, al concluir que su divorcio era un «fraude de ley».

Otro personaje en el TSE que es cercano a Sandra Torres es el director del departamento de Organizaciones Políticas (OP), Sergio Antonio Escobar Antillón. Esa dependencia es la encargada de inscribir y llevar el control de los partidos políticos, así como del padrón electoral. Según una  publicación de elPeriódico, Escobar es un antiguo colaborador de Torres, con quien trabajó en la campaña electoral de 2011. En 2020, el departamento de OP fue clave para que Torres recuperara el control del partido UNE que ella  disputaba con un grupo de diputados enemistados con la candidata.

Pero no es el único funcionario cuestionable en el órgano electoral. La magistrada Blanca Alfaro, quien fue alcaldesa de Masagua, Escuintla, e integrante del Partido Patriota (PP), y que en 2019 intentó ser candidata a la Vicepresidencia con el partido Prosperidad Ciudadana (PC), es una de las más cercanas al presidente Alejandro Giammattei. En 2021, en un acto público del TSE en Quiché, Alfaro pidió a varios alcaldes de ese departamento el apoyo al presidente de la República.

«Un presidente necesita buenos alcaldes y, como el presidente Giammattei representa la unidad nacional, necesita que ustedes lo acompañen en el proceso de ejecución de obras», dijo Alfaro a los jefes ediles. A la magistrada la acompañó el alcalde de El Jícaro, El Progreso, Francisco Mejía, quien más tarde se convirtió en el presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), con el aval político del presidente.

De forma coincidente, la estrategia electoral de Vamos para 2023 se basa precisamente en lo que Alfaro pidió hace un año en una actividad oficial del TSE: el partido oficialista reclutó a más de 200 alcaldes con miras a conformar una fuerza electoral que capitalice entre 600,000 y 1 millón de votos para que Vamos llegue a la segunda vuelta electoral.

Diversas fuentes aseguran a Plaza Pública que quien toma las decisiones importantes en el TSE, así como en otras instituciones en teoría independientes del Ejecutivo, en realidad es el presidente Alejandro Giammattei. En declaraciones oficiales, los magistrados del órgano electoral lo niegan.

En el discurso que el diputado Manuel Conde, candidato presidencial oficialista, emitió el pasado 7 de enero en la asamblea de postulación, se evidencia la captura de todas las instituciones públicas a manos de la alianza oficialista que lidera Giammattei es usada como bandera de campaña política: «Hoy tenemos poderes del Estado fortalecidos: un Congreso, un Ejecutivo, las cortes; la Corte de Constitucionalidad, la Fiscalía General, sin esas instituciones no podríamos avanzar. Y las rescatamos, las arrebatamos muchas veces».

El TSE ha sido permisivo con las organizaciones políticas afines al régimen.  Principalmente con el partido oficialista, la UNE y Valor, pues a ninguno los ha sancionado, ni advertido sobre la campaña anticipada que han realizado a pesar de la prohibición legal. Conde, el candidato de Vamos, por ejemplo, hizo ofrecimientos propagandísticos de llegar a la Presidencia y aludió a resultados del actual gobierno para pedir el apoyo a su electorado. El Tribunal no ha informado de ninguna investigación al respecto.

2. No hay reglas claras

La falta de claridad en las reglas para la inscripción de candidatos, difusión de propaganda y el castigo por infracciones sobre el uso de recursos públicos para campaña también se avizoran como un problema latente para el Tribunal Supremo Electoral (TSE). A finales de 2022, los magistrados reformaron cuatro reglamentos que complementan la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) y, entre los principales cambios, el TSE eliminó la obligatoriedad de presentar carencia de antecedentes penales y policíacos como requisito para inscribir candidatos. Sin embargo, tras recibir críticas de los partidos políticos, el Tribunal retrocedió.

Sin embargo, no está claro cómo el órgano electoral regulará a los diputados tránsfugas. Los partidos políticos tienen prohibido incorporar a diputados que hayan sido electos por una organización distinta. Sin embargo, varios de los congresistas actuales han cambiado de partido y competirán con otro, como el caso de legisladores de la UCN, de Todos, Viva y la UNE que han desertado del partido que los postuló para aliarse a Vamos.

Hace cuatro años, el Registro de Ciudadanos (RC) del TSE rechazó todas las candidaturas de diputados tránsfugas. Posteriormente, 51 de esas postulaciones terminaron por ser aceptadas, empleando  criterios muy diferentes para cada caso, lo cual convirtió la aplicación de la ley que contiene la  prohibición en algo confuso. A algunos legisladores el RC les indicó que  cambiarse de partido significaba un «fraude al electorado», en cambio otras postulaciones fueron aceptadas sin mayor trámite.  Dado el clima electoral, la aplicación de esta normativa puede no estar a la altura de una aplicación imparcial de la ley por el órgano rector.

Otro tema que será clave será el de la idoneidad. Aunque la Constitución Política establece que para optar a un cargo público, las personas deben cumplir con méritos de capacidad, idoneidad y honradez, el TSE eliminó, del Reglamento de la LEPP, el requisito de entregar una declaración jurada en la que los candidatos estaban obligados a consignar que eran idóneos para el puesto al que se postulaban. 

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En el Reglamento anterior se establecía que los magistrados del Tribunal podían aplicar el Artículo 113 de la Constitución, pero esa parte también fue eliminada del nuevo reglamento. En atención al precepto constitucional, en las elecciones pasadas, se revocaron las candidaturas de políticos cuestionados como la de Mario Estrada, de la UCN, después de que fue capturado en Estados Unidos por narcotráfico, o la de los alcaldes de Zacapa, Arnoldo Vargas; y de Ayutla, San Marcos, Erik Suñiga, también por delitos de narcotráfico.

Ese mismo artículo constitucional ha servido en dos ocasiones para rechazar la inscripción, como candidato a diputado, del expresidente Alfonso Portillo, condenado en EE.UU. por recibir sobornos del gobierno de Taiwán, durante su gestión. En 2019, Portillo intentó limpiar sus antecedentes policíacos para postularse, pero finalmente se le negó esa opción. Este año se unió al partido Visión con Valores (Viva) que aún debe postular candidatos a diputados.

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Sobre estos temas, el TSE evita pronunciarse, bajo el pretexto de no emitir opinión para evitar alguna recusación cuando, eventualmente, deban resolver estos casos.

3. TV abierta, una democracia con truco

Desde 2019 está vigente la normativa que le asigna al TSE la contratación de la propaganda para los partidos políticos en radio, televisión y medios impresos. La idea de esta reforma a la Ley Electoral que se implementó por primera vez hace cuatro años, era que todos los partidos políticos tuvieran una presencia igualitaria en los medios de comunicación, principalmente la televisión abierta que es tan determinante en las elecciones, porque es el medio por el que más se informan los guatemaltecos. La última encuesta de Cid Gallup refleja que el 40 por ciento de los entrevistados se informa a través de la televisión abierta.

Debido a que la tarifa de la propaganda electoral por ley debe cotizarse  al 20 % del precio regular, la corporación Albavisión (dueña de los canales de televisión abierta) optó por no vender pauta a través del TSE.  Por otro lado, halló la manera de evadir la prohibición de dar publicidad sin la intervención del TSE, enmascarando la misma como  «cobertura periodística» destinada solo a ciertos candidatos. Este año, por ejemplo, dieron una extensa difusión a la asamblea de proclamación del partido Vamos, sin cuestionar en ningún momento la campaña anticipada o los integrantes señalados de corrupción en el partido.

Esa exposición mediática arbitraria pone en ventaja a los candidatos con mayor cobertura, frente a los demás con menos recursos. Después de la cobertura que Albavisión da a los políticos en campaña, cuando llegan al poder, le retribuyen esas acciones con contratos por publicidad, como lo demostró la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en 2015

La investigación que  la Comisión realizó  junto con el MP, demostró que estas coberturas constituyen un financiamiento electoral ilícito. En la Ley Electoral se prohíben los «infomerciales» que son productos de video que simulan ser noticias; sin embargo, este tipo de campaña disfrazada ha tenido una nueva evolución, ahora se oculta como «cobertura de prensa».

Ni los actuales ni anteriores magistrados del órgano electoral han emitido sanciones por la práctica corrupta de camuflar campañas electorales haciéndolas pasar como coberturas de prensa. El TSE tampoco ha informado si cuenta con algún monitoreo al respecto.

4. Una lotería de partidos

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5. Candidaturas en vilo

Para este año se prevé un aumento de candidaturas judicializadas. Varios partidos políticos ya han postulado candidatos a diputados, corporaciones municipales y binomios presidenciales, entre los cuales hay perfiles que tienen impedimento para postularse; además, se ha anunciado al menos una persecución penal contra un candidato.

Una de estas personas es Zury Ríos, precandidata a la Presidencia del partido Valor, quien tiene prohibición constitucional para postularse a ese cargo por ser hija del general golpista Efraín Ríos Montt. Pese a que el gobierno y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegaron a un acuerdo de solución amistosa para que a Ríos se le reconozca «el derecho humano de participación política», después de dos elecciones en las que su candidatura ha sido rechazada por la Corte de Constitucionalidad (CC).

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Sin embargo, el caso de Ríos de nuevo podría llegar a la CC, puesto que la prohibición para optar a la Presidencia se mantiene en la Constitución. La resolución de ese caso se prevé que responda a intereses políticos dentro de la misma alianza oficialista. 

El partido UNE también postuló como candidato a la Vicepresidencia a Romeo Estuardo Guerra Lemus, quien hasta diciembre último fue pastor de la iglesia evangélica Sion. Esa condición también lo hace incurrir en prohibición constitucional para optar al cargo, pues no se pueden postular los ministros de religión o culto. Aunque Guerra asegura que dejó de ser pastor «hace algunos meses», se abre la posibilidad de que el binomio no pueda participar, al igual que la situación del partido Valor. 

La CC será un campo de batalla importante, pues es un órgano con representación de diversas corrientes políticas. A  lo largo de los últimos cuatro años han permanecido en alianza, pero de cara al proceso electoral  podría mostrar las  divisiones internas.

Otro candidato a la Vicepresidencia en problemas podría ser el exprocurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, quien fue postulado con el partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP). El exdiputado Luis Hernández Azmitia publicó un documento en el que se confirma que la Fiscalía de Delitos Administrativos inició una investigación en su contra, lo cual podría impedirle contar con el finiquito que extiende la Contraloría General de Cuentas (CGC) y que deben presentar como requisito los candidatos que hayan manejado fondos públicos.

En 2019, la carencia del finiquito fue usado como excusa para impedir la candidatura a la Presidencia de la exfiscal del Ministerio Público (MP), Thelma Aldana, contra quien posteriormente se emitieron órdenes de captura.

Actualmente, la CGC la dirige Frank Bode Fuentes, vinculado al oficialismo. Además, en esa institución, fue nombrado como subcontralor administrativo Erick Mazariegos, exsecretario de finanzas del partido Vamos quién era el favorito del oficialismo  para ocupar el puesto, pero que fue excluido por decisión de la comisión postuladora. 

Los procesos de los políticos también deberán pasar por las manos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que continúa sin renovar a sus integrantes. Esta corte  forma parte de la alianza oficialista. 

6. Narcotráfico y política  

Este es un fenómeno que ha estado presente en todos los procesos electorales de los últimos años, pero que en este podría mostrar la creciente influencia   de las organizaciones criminales en la política, según el exministro de Gobernación, Carlos Menocal. Este fenómeno también es visto como otra de las formas que toma la de captura de los territorios, a través de extensas redes clientelares y corruptas que deforman un proceso electoral legítimo.

En diciembre de 2022, el Ministerio Público se vio obligado a presentar solicitudes de antejuicio contra cuatro funcionarios acusados de narcotráfico ya que fueron solicitados en extradición por los Estados Unidos. Uno de estos es muy cercano al presidente Alejandro Giammattei: se trata del diputado del Congreso José Ubico, quien se encuentra en esa posición desde 2015, cuando llegó con el partido Todos dirigido por el también legislador Felipe Alejos. En 2003, Ubico fue condenado en Estados Unidos, por ingresar heroína en ese país.

Estados Unidos también pidió la extradición del diputado suplente del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Fredy Arnoldo Salazar Flores, electo con el partido UCN y anterior militante de Líder, la organización que conformó Manuel Baldizón, también condenado en EE.UU. por lavar dinero del narcotráfico.

De acuerdo con las investigaciones de la CICIG y el MP, Salazar Flores es integrante de la organización Los Huistas, que opera en el norte de Huehuetenango, con la cual también está vinculada la diputada Sofía Hernández, antigua integrante de la UCN y hoy enlistada en el partido Vamos del presidente Alejandro Giammattei.

Pero no solo Salazar Flores está vinculado con Los Huistas en el Parlacen. El diputado suplente está casado con Danury Lizeth Samayoa Montejo, otra diputada suplente, quien es hija de Aler Samayoa Recinos, alias Chicharra, supuesto líder de la organización y actualmente prófugo.

Salazar Flores también es hijo de María Alma Judith Flores de Salazar, quien ocupa un escaño como diputada titular de Guatemala en el Parlacen.

La lista de funcionarios requeridos en extradición la complementan los alcaldes de El Rodeo, San Marcos, Crystian Omar Escobar Ángel y de Cuilapa, Santa Rosa, Esvin Fernando Marroquín Tupas.

7. MP sin informar sobre investigaciones contra partidos

En 2019, cuando la CICIG aún estaba operando y la gestión de Consuelo Porras iniciaba, el Ministerio Público anunció investigaciones contra siete partidos políticos por el delito de fiscalización electoral de fondos, el cual se comete cuando los representantes legales de un partido impiden al TSE fiscalizar su financiamiento público o privado. 

Los partidos contra quienes se iniciaron las investigaciones fueron: Todos, Partido de Avanzada Nacional (PAN), Encuentro por Guatemala (EG), Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), Compromiso Renovación y Orden (Creo) Movimiento Winaq y Visión con Valores (Viva), por oponerse a la fiscalización de fondos.

En esa fecha, el Tribunal Supremo Electoral presentó denuncias contra los partidos al identificar varias irregularidades en las auditorías practicadas. Plaza Pública solicitó información sobre estos procesos al vocero del MP, Juan Luis Pantaleón, pero hasta el cierre de esta nota no se obtuvo explicación.

Actualmente, el TSE no ha presentado nuevas denuncias contra partidos políticos, más bien se han revertido multas impuestas así como proceso de cancelación iniciados por irregularidades en el financiamiento.

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Blanca Alfaro se incomoda con pregunta

La magistrada del TSE fue interrogada sobre la independencia institucional y el por qué mostró apoyo al presidente Alejandro Giammattei en una reunión con alcaldes de Quiché y Huehuetenango en una reunión ocurrida en 2021.

Mira aquí la reacción de la funcionaria:

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