Mientras Guatemala debate la crisis de recursos públicos, la falta de independencia judicial y otros problemas que no son menores para la vigencia del Estado de Derecho, no se debe perder de vista que hay un panel arbitral en curso en el cual se discute otro tema de gran importancia: la vigencia de los derechos laborales.
Apunte curioso: quienes pidieron el DR CAFTA en esta región del mundo son empresarios. El DR CAFTA iba a crear empleos y negocios. Esos empleos iban a ser formales y fomentarían el cumplimiento de la ley laboral.
Ahora, con un panel arbitral en curso, no pocos de esos empresarios se cuestionan si el marco del libre comercio globalizador fue una buena idea. Mientras tanto, en la otra orilla, los sindicatos y movimientos sociales que se opusieron a la ratificación del Tratado, incluso violentamente, se encontraron con un arma en la que jamás habían pensado.
Hay algunos elementos de contexto que pueden ayudar a entender la situación. El Tratado se cruzó en su segundo año de vigencia con la crisis económica de 2008. Adicionalmente, la agenda de cooperación –léase los proyectos– que complementaba al Tratado, no siempre fue exitosa –hay un deber en no olvidar el caso de la Finca El Murciélago– y los problemas en la OIT, párrafo especial comisión de encuesta, empezaron casi al mismo tiempo. Todo esto, como resultado de que el cumplimiento de la ley laboral jamás fue el óptimo, y que la institucionalidad había sido debilitada deliberadamente al impedir a la Inspección del Trabajo imponer multas.
La demanda de los Estados Unidos está ya en el sitio web del USTR y argumenta que existe un patrón recurrente de violaciones a los derechos laborales en Guatemala, que habrían perjudicado el comercio exterior de todos los países del Tratado. La lógica es simple: por ejemplo, al no pagar salario mínimo, el comercio exterior fue afectado, dado que los empresarios de Guatemala no incurrieron en un costo contemplado en la ley, y de esa forma compitieron deslealmente con sus colegas de la región.
Varios casos han sido utilizados para evidenciar esta situación. De estos, dos se refieren a condiciones del trabajo agrícola, en las industrias del café y la palma africana, que no respetan el pago del salario mínimo y la libertad sindical, entre otros derechos. Todo esto es un sector de exportación, que de acuerdo a cifras del CABI, ha ganado un promedio de 360 millones de dólares cada año.
Los casos muestran un patrón de inacción de la institucionalidad, que básicamente no investiga denuncias, no da seguimiento a casos, y finalmente no juzga o no hace cumplir lo juzgado. Esta es una descripción gráfica del circuito de justicia laboral, en el cual el Gobierno y la cooperación internacional han invertido sus recursos.
¿En que resultan los incumplimientos de la ley laboral? La respuesta es simple: añade impunidad a la que ya existe. A la que sufre el señor que busca atención en el IGSS y no la obtiene, porque en la empresa siempre le descontaron, pero jamás la pagaron. O la señora despedida por estar embarazada, y por eso dejó de ganar Q 400 al mes en una empacadora de vegetales para exportación.
Impunidad, explotación, acumulación de riqueza, estado de derecho. No son los descriptores para la búsqueda de esta columna. Son los fundamentos de la construcción de un poder que fomenta la desigualdad, no construye ciudadanía y pone en riesgo la vigencia de la democracia.
Más de este autor