No seamos indiferentes ante la agresión que está sufriendo Virginia Laparra, una mujer que, además de honesta e íntegra, hoy demuestra valentía ejemplar.
Hace seis semanas califiqué como el colmo la venganza que las mafias lideradas por el presidente de la República, Alejandro Giammattei, y la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, están emprendiendo hacia personas que han luchado desde la judicatura y la fiscalía en contra de la corrupción y la impunidad. Estas agresiones han demostrado una saña particularmente aguda cuando sus víctimas son mujeres operadoras del sistema de administración de justicia.
Así lo demuestra la persecución penal espuria en contra de Siomara Sosa, ex fiscal de la Feci, de Leily Santizo, ex mandataria de la Cicig, y de Virginia Laparra, ex jefa de la Feci en Quetzaltenango. Siomara Sosa y Leily Santizo ya han sido beneficiadas con arresto domiciliar como medida sustitutiva, pero Virginia Laparra continúa reclusa en el centro de detención preventiva Mariscal Zavala.
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A Laparra el Ministerio Público le imputa los delitos de usurpación de funciones y abuso de autoridad. En el caso figuran como querellantes adhesivos Omar Barrios, un conocido jurista que navega en las mafias judiciales y de la USAC, vinculado con personajes oscuros de la talla de Leyla Lemus y Murphy Paiz; Lesther Castellanos, juez en Quetzaltenango y amigo de Barrios, y en contra de quien Laparra actuó por haberle filtrado a Barrios información de un proceso judicial del cual Barrios no era parte; y por último, la Fundación Contra el Terrorismo, dirigida por Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla.
La naturaleza espuria de estos casos está quedando evidenciada por la debilidad de las acusaciones, las cuales en algunos casos rayan en el ridículo. Sin embargo, Laparra continúa guardando prisión no por causas justificadas o por argumentos jurídicos de peso, sino por la actuación anómala de una red criminal. Esta red claramente incluye a fiscales corruptos dirigida por Consuelo Porras, quienes han demostrado obediencia a lo que la Fundación Contra el Terrorismo les ordena; a Sergio René Mena, juez Séptimo de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del departamento de Guatemala, a cargo del caso, y quien ha demostrado una animadversión personal descarada en contra de Laparra, que contrasta con una actitud rastrera y complaciente hacia los querellantes adhesivos. Abundan anomalías como retrasos injustificados, con el propósito de prolongar el encarcelamiento de Laparra.
En este caso, es clara la motivación de Omar Barrios y del juez Lesther Castellanos para vengarse de Laparra, porque al frente de la Feci en Quetzaltenango denunció y actuó en su contra por los actos ilícitos que cometieron. Sin embargo, es claro que todo esto no podrían lograrlo Barrios y Castellanos por sí solos. Acá está corriendo gran cantidad de dinero y otras influencias, para pagar sobornos en el Ministerio Público y en varios juzgados, y notoriamente, pagar a los mercenarios de la Fundación Contra el Terrorismo para montar y seguir estos casos.
Tiene que ser una cantidad considerable de dinero y esa red debe ser extensa, al extremo que Ricardo Méndez Ruiz se haya sentido confiado de que goza impunidad plena, y que en febrero pasado no haya tenido escrúpulo para la agresión misógina que perpetró en contra de Leily Santizo en una sala de audiencias. A raíz de esta agresión, Santizo y Sosa denunciaron a Méndez y Falla, por violencia en contra de la mujer.
Defendamos a Virginia Laparra, una mujer que injustamente está en prisión. Denunciemos a quienes con poder económico están financiando y a los corruptos que están ejecutando esta persecución en contra de jueces y fiscales honestos e íntegros.
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