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ANC, Reforma constitucional o cambios a leyes, ése es el dilema
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ANC, Reforma constitucional o cambios a leyes, ése es el dilema

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Manuel Barquín, diputado de la GANA, considera que las bancadas que tendrían más fuerza en el Congreso o en una ANC, son las mismas que han tenido estancado al Legislativo por más de tres meses.
Fernando Carrera considera que quienes se quejan no están planteando hechos sino que temores, pues es normal que haya preocupación porque no se tome en consideración el tema. Aseguró que la inspiración del mandatario surge de los Acuerdos de Paz y garantizó que éstos serán tomados en cuenta.
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Historia completa Temas clave

Aunque el PP y Lider finalmente coinciden en algo, en que quieren modificar la Constitución; las discrepancias sobre el contenido de las reformas y la forma de llevarlas a cabo los mantienen divididos. Muchas reformas pueden alcanzarse con leyes menores, pero las olas de cambio arrastran los restos de viejas propuestas y resurge la amenaza de que la saturación de temas impida alcanzar el apoyo en las urnas.

Como cada 31 de mayo, el Congreso se vistió de gala para convertirse en el punto de reunión para los presidentes de los tres poderes del Estado, miembros de varias instituciones públicas e invitados de honor que con solemnidad celebraron el aniversario de la Constitución Política, un evento más importante por su representatividad que por las propuestas que de él puedan surgir. Sin embargo, la edición de este año marcó el inicio de una larga discusión que aún no termina de madurar y cuyo resultado puede alterar la estructura del Estado.

Por primera vez, Otto Pérez Molina llegó en representación del Ejecutivo, y aprovechó la oportunidad para anunciar sus intenciones de modificar la Carta Magna.

Cambiar la Constitución redactada en 1985 no constituye un tema nuevo. A la fecha se han realizado dos consultas populares para este fin –sólo una de ellas concluyó con reformas– y durante la Legislatura pasada, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso evaluaba dos propuestas, cada una con una serie de cambios que no contaron con el apoyo suficiente para pasar de la sala de trabajo al pleno.

Lo que sí da un rumbo diferente es la dirección que el mandatario busca para la propuesta. Aunque la mayoría de los temas que se abordarán se encuentran todavía bajo la evaluación de un equipo técnico del Ejecutivo, Pérez anticipó que los cambios se orientarán a cuatro áreas: seguridad y justicia, controles a un Estado moderno –en la que se establecerían medidas de fiscalización y transparencia para las entidades públicas–, fortalecimiento de los partidos políticos y modernización fiscal para dotar al Estado de más recursos.

Pero es allí donde surgen las dudas ¿hay o no necesidad de cambiar la Constitución en estos sentidos?

En su discurso, el gobernante mencionó que las campañas políticas deberían estar financiadas por el Estado.

Este aspecto del sistema político se ha discutido con anterioridad, especialmente después de cada proceso electoral, en el que se vuelve a poner de manifiesto que los partidos reciben una gran cantidad de recursos de particulares que muchas veces permanecen anónimos.

El actual partido oficial fue un ejemplo de ello, pues había superado el límite establecido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) antes de la primera vuelta y se negó a dar los nombres de algunos financistas.

El debate, hasta ahora, se había enfocado en la Ley Electoral y de Partidos Políticos y la falta de voluntad por parte de los diputados para hacerle a esa normativa las modificaciones correspondientes. Sin embargo, el tema se vuelve a recordar hasta que se acerca el próximo período parlamentario.

Orlando Blanco, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), expresa que para modificar el sistema político, primero se deben abordar los temas incluidos en esta normativa así como en las leyes orgánicas del Ejecutivo y Legislativo.

En el Congreso existen propuestas de reformas para estas Leyes, sin embargo éstas no han llegado a incluirse dentro de la agenda priorizada de los representantes.

La posibilidad de abordar estas grandes áreas con leyes de menor jerarquía que la Constitución también existe en los otros temas. Según Blanco, el punto de los controles para el Estado moderno, por ejemplo, se podría corregir con revisar y corregir el paquete de transparencia enviado por el Gobierno Central en abril de este año.

Manuel Barquín, diputado de la Gran Alianza Nacional (Gana), coincide con Blanco en que no es necesario llegar a modificar la Constitución para abordar varios de estos temas. Mientras que Héctor Nuila, secretario general de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) manifiesta una preocupación adicional: que la propuesta que se prepara en el Ejecutivo no incluya las reformas presentadas en 1999 como parte del cumplimiento de los Acuerdos de Paz.

En la propuesta de 1999 se planteaban 13 artículos de la Carta Magna que debían ser modificados. Tras la discusión en el Congreso, el número ascendió a 42 artículos. Es a ello a lo que se atribuye la falta de apoyo que tuvo la reforma en la consulta popular y que, aún ahora, continúen siendo un tema pendiente.

Fernando Carrera, titular de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) y miembro del equipo técnico que evalúa el tema para el Gobierno, considera que quienes se quejan no están planteando hechos sino que temores, pues es normal que haya preocupación por que no se tome en consideración el tema. No obstante, aseguró que la inspiración del mandatario surge de los Acuerdos de Paz y garantizó que éstos serán tomados en cuenta.

Las dudas persisten, a pesar de las garantías que da Carrera al respecto. Especialmente porque entre los cuatro temas que mencionó el Presidente no se encuentran los derechos de los pueblos indígenas o el nuevo papel de la institución armada, que se encontraban entre los incluidos en el fallido proyecto de reforma.

Otros proyectos menos oficialistas

La URNG se prepara para formular una contrapropuesta que sí retome los artículos pendientes de las modificaciones a la Constitución de hace 13 años. Mientras tanto, hay otra bancada en el Congreso que se le adelantó hasta al oficialismo y cuenta ya con su propia propuesta de reforma.

Se trata de Libertad Democrática Renovada (Lider), que ya cuenta con un proyecto en el que establece cambiar 12 temas de la Constitución. Entre ellos, educación, la pena capital y la imputabilidad de los menores de edad.

Algunos de los aspectos que propone Lider establecen posiciones enfrentadas con la Constitución actual más evidentes que las que plantea el Gobierno. Entre ellos se encuentra “incluir valores bíblicos” dentro de la educación –lo que contraviene la idea de un Estado laico– o poder juzgar a los mayores de 14 años como si fueran adultos.

Pero más allá de los aspectos controversiales, la propuesta de esta bancada no escapa del mismo despliegue innecesario de recursos legales que la del Ejecutivo, ya que también establece aspectos como el enriquecimiento ilícito o aspectos laborales que se pueden abordar desde leyes de menor rango.

Roberto Villate, jefe de la bancada de Lider explica que pueden existir muchos criterios diferentes acerca de los valores que deben incluirse en la Constitución y que la de su bloque es una propuesta que aún puede ser discutida.

Antonio Arenales Forno, responsable de la Secretaría de la Paz (Sepaz) y otro de los integrantes de la comisión técnica del Ejecutivo, explicó que el gobierno está tomando en cuenta propuestas publicadas anteriormente, como la de 1999. La propuesta de Lider no se encuentra entre las citadas por el funcionario.

Entre las que se consideran está la presentada por las universidades Rafael Landívar y San Carlos de Guatemala con la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies). Ésta se enfoca en cambios al sistema judicial del país que incluyen prolongar a 10 años el período de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones, además de separar las funciones administrativas de las de impartir justicia para los magistrados.

Luis Linares, secretario adjunto de Asies, considera que hay varios temas pendientes de evaluar dentro de la Constitución, pero que el de las reformas al Organismo Judicial fue el que las tres entidades que formularon esta propuesta consideraron más importante.

Según Linares, es importante no meter demasiados aspectos a discusión, ya que de hacerlo, se corre el riesgo de que ocurra lo mismo que en 1999, cuando se metieron tantos artículos que no se logró obtener el apoyo necesario para que la población ratificara los cambios.

Otra de las ideas que el Gobierno puede revivir parcialmente es la de Proreforma, grupo formado por el excandidato presidencial por el Movimiento de Liberación Nacional (MLN), Manuel Ayau.

Entre los aspectos que incluía el planteamiento de Proreforma se encuentra cambiar los requisitos para ser magistrado de la CSJ, abolir el listado nacional para la elección de diputados y establecer una Cámara de Senadores, electos por períodos de 15 años.

Esta propuesta fue una de las dos que la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales evaluó durante la pasada Legislatura. Para su discusión se convocó a diversos sectores ante la sala de trabajo. La propuesta no avanzó debido al bajo apoyo que le manifestaron los sectores consultados.

La otra propuesta fue una de Lider, enfocada entonces en Seguridad y justicia. Ésta tampoco logró reunir apoyo suficiente a su alrededor. Pero, así como Lider encontró con su nueva propuesta un segundo aire para lograr su objetivo, Proreforma también tiene posibilidades de que se consideren sus postulados en la versión final del Gobierno.

Carrera relató que a pesar de la tendencia de rechazo que se manifestó contra la propuesta de este grupo. Oliverio García, también miembro de la mesa técnica y presidente de la Comisión del Congreso encargada de dictaminar sobre estas iniciativas, la llevó a sus compañeros del equipo y la presentó como un punto de referencia.

¿Cómo se llega a la Reforma?

Pero el debate no es sólo sobre cuáles son las propuestas que se toman en cuenta y cuáles no, o qué parte de cada una logrará encontrar el apoyo común en los diversos sectores encontrados, sino también sobre cuál es la ruta para que las reformas se concreten.

La misma Constitución establece los mecanismos para su modificación. Uno de ellos consiste en que sea el Congreso el que realice los cambios con los votos favorables de dos terceras partes del número de diputados. Las reformas deben ser ratificadas posteriormente con el voto de la población en una consulta popular.

La otra forma consiste en que se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Para ello también se requiere que dos terceras partes de los legisladores voten a favor. En este caso también sería necesario que la población emitiera su sufragio para elegir a los integrantes. La elección se desarrollaría según los procedimientos establecidos en la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

En su discurso el 31 de mayo, Pérez Molina señaló estar dispuesto a que se convocara a una ANC, de ser necesario. Sin embargo, unos días después la postura que manifestó era de total renuencia a esa posibilidad.

La ANC es absolutamente necesaria para reformar del artículo 2 al 46. En ellos se encuentran todos los derechos individuales.

Según el mandatario, no se tocará ninguno de estos artículos, por lo tanto, bastará con que el Congreso apruebe las modificaciones y se convoque a consulta popular.

Para Blanco, existen otras causas para este cambio de opinión. Según el diputado, el gobernante no había previsto que la ANC estaría dividida entre tres fuerzas: Lider, UNE y Partido Patriota (PP), ya que este no cuenta con la misma popularidad que tenía antes de llegar al poder.

Lider, por el contrario, sí está dispuesto a impulsar sus reformas desde una ANC. Sin embargo esta idea asusta a algunos.

Rodolfo Rohrmoser, abogado constitucionalista, asegura que existe un peligro si se opta por esta vía: que la ANC se declare soberana y modifique las garantías individuales, con lo que se echarían a perder las conquistas alcanzadas en materia de derechos humanos.

Manuel Barquín considera que ambas opciones son complicadas, pues los dos partidos que más fuerza podrían tener, tanto para una reforma en el Congreso como para una reforma por medio de una ANC, han sido los responsables de que el Legislativo pasara estancado por más de tres meses y estos serían los mismos actores que participarían en la discusión.

El Gobierno tiene previsto presentar su propuesta completa a más tardar el 2 de julio próximo. Será entonces cuando empiece la verdadera discusión sobre una Ley que no se toca desde 1993, hace casi 20 años, en parte por las dificultades que representa alcanzar acuerdos sobre los aspectos más fundamentales del rumbo que se busca darle a una nación.

* Con información de Enrique Naveda y Cindy Martínez Espina

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