Amigos y enemigos

No han sido meses tranquilos. Las y los miembros de la comunidad en La Puya no solo han sobrellevado las inclemencias del tiempo en el plantón. Al calor, el frío, la lluvia, el sol, el polvo y las limitaciones de zonas semiurbanas, “normales” en este país, suman obstáculos empresariales e incluso estatales.

Lejos de protegerles como manda nuestro ordenamiento jurídico, el Estado de Guatemala, por medio de sus autoridades ha incumplido totalmente sus obligaciones. No ha garantizado el bien común como reza la Constitución, sino que ha servido, como afirma el titular de Gobernación, para velar por los intereses del empresario minero.

De las amenazas y provocaciones, los empresarios pasaron al uso de grupos de choque disfrazados de trabajadores para forzar el rompimiento del piquete en La Puya. La población no cedió a la amenaza y se mantuvo unida y en pie, defendiendo su vida y la nuestra. Una actitud inquebrantable, por la cual una de sus lideresas, Yolanda Oquelí, sufrió un atentado del que milagrosamente salvó la vida.

Y siguen allí. Con ellas y ellos, también sigue Yolanda, imbatible y dignamente en pie, sin retroceder, esperando que el inútil Estado cumpla su obligación: protegerles, acompañarles y defenderles. Algo que más parece carta a Santa Claus, si nos atenemos a los hechos.

Mientras las mujeres y comunitarios portaban rosarios y oraban por la vida, el Estado llegó para acompañar y proteger, pero al empresario que intenta lucrar con la vida. Las imágenes que mostraban a las mujeres en el suelo o sosteniendo un icono religioso, enfrentadas a la fila de botas y escudos antimotines, dan cuenta de la voluntad de Gobierno.

Ahora, dicen las autoridades, toda oposición a la política de protección del interés individual por encima del bien común, es conducida por el nuevo “enemigo interno”. Así definen las autoridades al liderazgo social y comunitario. Una coincidencia poco afortunada -para el Gobierno- con el lenguaje de la Fundación contra el Terrorismo y la Alianza Guatemalteca Anticomunista. Dos entidades, que por cierto, carecen de registro legal y fiscal hasta hoy, y que llaman a sus seguidores a rearmarse para la guerra.

De manera que, para el actual gobierno, caracterizado por sus políticas de militarismo en el terreno de la seguridad, las comunidades y sus liderazgos representan al enemigo. Un enemigo al que consideran se debe combatir con garrote, lacrimógenas, fuego y cárcel. Por el contrario, aquellos grupos de corte fascista que impulsan lenguaje y acciones de odio, siguen amenazando vidas con total impunidad, sin ser tocados por la ley ni investigados por su actuar.

De igual forma, los empresarios y funcionarios coludidos para destruir los recursos naturales no renovables, gozan del apoyo de Gobierno y de la protección oficial como si para ellos aplicara el dicho de “para los amigos todo, para los demás la ley”.