Para el CACIF (19/03), la asociación de empresarios/intelectuales Amigos del País (15/04) y los distintos columnistas y opinadores que entre otras cosas hacen docencia en la Universidad Francisco Marroquín o se relacionan directamente con su ideología, haber llevado a juicio a esos militares y acusarlos de genocidio es una revancha, sin llegar a dejar claro revancha con relación a qué y por qué.
Este sector se ha unido de manera tácita, abierta y directa con el grupo de exmilitares que diciéndose “Contra el terrorismo,” realizan desde hace más de dos años una campaña de persecución, acoso y desprestigio a todos aquellos que demandan justicia para los crímenes de lesa humanidad cometidos por militares y para-militares en todos esos años, ahora más que comprabado que fueron ejecutados bajo la tutela y el amparo de los gobiernos militares (1970-1985). Siguiendo con la cadencia mediática, esta organización hizo público un libelo en el que haciendo uso del mismo lenguaje que en la década de los años setenta y ochenta usaron los escuadrones de la muerte, con medias verdades y composiciones fotográficas justifican abierta y descaradamente, entre otros casos, el asesinato de Monseñor Gerardi, por su “contubernio y complicidad con los terroristas”, afirmando que no aceptarán que en Guatemala se “impongan retorcidos modelos de justicia”, dejando más que clara su visión fascista del mundo y la sociedad en su encabezado. Para ellos justicia es la eliminación de sus opositores.
Al unísono con todos ellos y cuando la parte oral y pública del juicio está por concluir, un grupo de altos funcionarios del gobierno del PAN (1996-200) nos avisan a los guatemaltecos que “esta acusación de genocidio (...) implica –de consumarse- el peligro inminente de que la violencia política reaparezca” y, que tal acusación “no corresponde con el anhelo de los deudos de las víctimas (...) de finalizar el luto inconcluso y de hacer justicia”. No nos dicen de qué fuente empírica extraen esta conclusión, pero es evidente que no se refieren al cúmulo de testigos que han expresado ante los jueces los vejámenes y daños recibidos.
Las advertencias y amenazas, pues, están claramente emitidas, y es evidente que se dirigen a jueces, agentes del MP, parte acusadora y demás personas que opinamos que sí hubo genocidio. Y si decir que tal crimen se cometió es “traición a la paz”, imaginemos a que tendrán que atenerse los jueces si la acusación se consuma y se les encuentra culpables. Es de suponer que, como sucedió en las décadas en las que el terror gubernamental se impuso, se reinicién los asesinatos públicos y la desaparición forzadada.
Las afirmaciones y amenazas de este último comunicado han sido abiertamente apoyadas por el Presidente de la República, en consonancia con lo que insistentemente ha expresado su Secretario de la Paz, por lo que tiene que entenderse que es ya una política de gobierno no sólo negar el genocidio, sino dejar hacer y actuar a la “violencia política”, de la que el secuestro y posterior asesinato de Daniel Pedro en Santa Eulalia, Huehuetenango, bien puede ser un claro ejemplo.
Debe quedar claro que no está sentado en el banquillo de los acusados el Estado de Guatemala, sino determinados actores que ejercieron el poder y permitieron de manera abierta los crímenes, y no puede estarlo porque la acusación es individualizada y directa, a tal grado que no estan siendo juzgados los hechores materiales.
Debe dejarse a los jueces hacer su trabajo y, más que estimular y solapar la violencia verbal y física de los terroristas neocontrainsurgentes, demandar al gobierno actual todas las protecciones necesarias para jueces, fiscales, testigos y abogados de la defensa y de la parte acusadora, respetándose y haciendo cumplir la independencia de poderes, base fundamental de todo sistema democrático. Sólo así aportaremos efectivamente a la paz.
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