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Amatitlán: la gota que rebalsó el lago
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Amatitlán: la gota que rebalsó el lago

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Ury Roitman:"Nosotros vamos a respetar la ley, y se hará lo que diga el Gobierno. Si rescinden el contrato pierde el país y pierden los chapines de nuestro equipo. Nosotros perdemos las inversiones grandes que hicimos. Yo lo lamento por el lago, mi ilusión era que se salvara”.
Señoras que no representaban a ninguna organización, sin la menor formación científica pero con todo el aplomo que dan las buenas intenciones y un apellido de alcurnia, exigían a los científicos guatemaltecos que aceptaran el producto de Tarcic puesto que los israelíes “son los gurús del agua”.
Un representante de la empresa israelí echa el líquido en el Lago de Amatitlán.
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Tras un tira y afloja que duró varias semanas, el pasado 24 de abril el Gobierno suspendió en definitiva un proyecto millonario otorgado a una empresa israelí cuyo propósito era limpiar el contaminado lago de Amatitlán con un producto que la prensa bautizó como “la agüita mágica”. La recuperación de los Q22 millones pagados y las consecuencias legales del fallido proceso, aún son inciertos.

Para anunciar esta decisión, no hubo visita al lago ni comunicado de prensa por parte del presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti, quienes habían defendido el proyecto con inusual energía e insistencia durante las semanas previas. Fue Pablo González, secretario específico del Agua de la Vicepresidencia, quien durante una reunión con científicos guatemaltecos, anunció que el tratamiento del lago se cancelaba. Explicó que el Gobierno acataba la recomendación de la Contraloría General de Cuentas de rescindir el contrato entre la Autoridad para el Manejo Sustentable de la cuenca y el Lago de Amatitlán (Amsa) y la empresa israelí M Tarcic Engineering. Y sin aportar más detalles, dio por concluido el asunto.

Según el nuevo director de Amsa, Marlon Valladares, lo que corresponde tras la decisión política de cancelar el proyecto, es buscar la forma de rescindir el contrato con Tarcic. “Hemos tenido acercamientos con la empresa, y ellos están de acuerdo con rescindirlo de mutuo acuerdo”, dijo a Plaza Pública.

¿Se recuperarán los Q22 millones que el Gobierno pagó a la empresa por el producto? “No estoy seguro. Estoy a la espera de una evaluación técnica y jurídica a  lo interno”, respondió Valladares, quien, unas semanas antes era jefe de relaciones interinstitucionales de Amsa, y un aguerrido defensor de la fórmula limpiadora.

Queda también por ver si el escándalo tendrá repercusiones judiciales. Por una parte, el Ministerio Público analiza el contenido del producto para establecer si corresponde con la ficha técnica presentada por Tarcic. Por otra, la organización no gubernamental Acción Ciudadana presentó un antejuicio en contra de la vicepresidenta Roxana Baldetti por haber utilizado su influencia para favorecer a la compañía israelí. El Centro de Acción Legal y Ambiental (CALAS), también interpuso antejuicios en contra de la Vicepresidenta y de Michelle Martínez, ministra de Ambiente, por no haber exigido un Estudio de Impacto Ambiental antes de los primeros vertidos. Ambas peticiones se encuentran “en proceso” en la Corte Suprema de Justicia.

Ury Roitman, empresario de origen israelí que ha ejercido de portavoz de la empresa Tarcic, no esconde su decepción: “Nosotros vamos a respetar la ley, y se hará lo que diga el Gobierno. Si rescinden el contrato pierde el país y pierden los chapines de nuestro equipo.  Nosotros perdemos las inversiones grandes que hicimos. Yo lo lamento por el lago, mi ilusión era que se salvara”.

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Lo cierto, es que el proyecto de limpieza del lago de Amatitlán no encontró a un solo defensor fuera del Gobierno y la empresa. Al contrario: tras conocerse las incongruencias del mismo, se granjeó la oposición unánime de los científicos guatemaltecos, de la prensa y de los ciudadanos que expresaron su rechazo por medio de las redes sociales.

Las sospechas de que detrás de la contratación de la empresa Tarcic no había una verdadera voluntad de resolver un problema ambiental, tomaron forma con la publicación en El Periódico, sobre anomalías en el contrato. Por ejemplo, que la sede de la empresa Tarcic era un taller de enderezado y blindaje automotriz, que la fórmula limpiadora no tenía licencia sanitaria; y que la empresa no cumplió con el trámite del Estudio de Impacto Ambiental antes de empezar a verter su producto en el lago.

Poco después Plaza Pública reveló que la fórmula no tenía más que extractos de té de limón y hojas de pino, y que su inventor, el israelí Hanan Elraz, había tenido problemas con el Ministerio de Salud de su país por otro de sus productos: una crema “natural” para curar el cáncer. El Ministerio prohibió la crema por las sospechas de que contenía una sustancia tóxica. Además, se demostró que los supuestos estudios que validaban la fórmula no presentaban ni el más básico rigor científico.

Científicos guatemaltecos expresaron entonces su rechazo, por medio de cartas abiertas o de comunicados de sus universidades. El Gobierno se vio contra las cuerdas. En un esfuerzo desesperado, la vicepresidenta Roxana Baldetti visitó el lago, se subió a una lancha, deleitó a la prensa con frasecitas de antología (las pipirañas y los popodrilos) y amagó con tomar un sorbo de agua para mostrar que la fórmula estaba funcionando. En vano: críticas y burlas arreciaron. Esto la obligó a suspender temporalmente los trabajos el 30 de marzo. Lo que parecía una marcha atrás definitiva, no era más que una retirada táctica, una pausa para darse un respiro.

El 13 de abril, en una entrevista en Radio Sonora, el presidente Pérez Molina y la vicepresidenta Baldetti, después de dar a entender que no renovarían el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), fustigaron los “intereses de dinero” que se oponían el proyecto de limpieza del lago y defendieron el tratamiento israelí. Agregaron que ambos habían recibido, dos años atrás, a los representantes de Tarcic por recomendación del embajador de Israel, Moshé Bachar, y conocieron las bondades de la fórmula.

Para atajar las críticas al proyecto, el gobierno hizo un llamado a los científicos para que integraran una “comisión técnica” para discutir el problema de la contaminación. La convocatoria fue hecha a las universidades, algunas organizaciones ambientalistas y a los científicos que firmaron una carta abierta criticando el proyecto de limpieza. El Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (IARNA) de la Universidad Rafael Landívar, y la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente (Asorema), declinaron la invitación entendiendo que no había nada que discutir mientras estuviera vigente el contrato de aplicación de un producto a base de extractos de té de limón y hojas de pino. Otros, como Rubén Velázquez, decano de la Facultad de Farmacia de la Universidad de San Carlos, acudieron con actitud de visible escepticismo hacia las propuestas del Gobierno.

Las dos reuniones que realizó esa comisión en la Universidad del Valle, pronto tomaron tintes absurdos. Quien llevó la voz cantante por parte del Gobierno fue Pablo González, el secretario de Aguas de la Vicepresidencia. La ministra de Ambiente, Michelle Martínez, acudió sólo para agradecer la participación de los presentes.

Aunque la convocatoria parecía limitada, el evento resultó estar abierto a todo el que quisiera participar. A todo el que lo solicitara, se le daba la palabra. Pronto la discusión se convirtió en un ejercicio repetitivo y estéril en el que, por ejemplo, unas señoras que no representaban a ninguna organización, sin la menor formación científica pero con todo el aplomo que dan las buenas intenciones y un apellido de alcurnia, exigían a los científicos guatemaltecos que aceptaran el producto de Tarcic puesto que los israelíes “son los gurús del agua”.

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Entre los científicos guatemaltecos y los representantes del Gobierno se instauró un diálogo de sordos. Los académicos exigían que se les mostraran publicaciones científicas que validaran el producto y la operación de limpieza. Pablo González les contestaba que su oposición a esta “nueva tecnología” no era racional puesto que no la habían analizado ni logrado demostrar que era dañina o ineficaz. Rubén Velázquez replicaba que sólo estaba dispuesto a discutir una solución integral para el lago, y no una azarosa fórmula que, en el mejor de los casos, apenas sería paliativo transitorio. En esto lo respaldaba Byron Meneses, representante del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) ante la junta representantes de Amsa, quien insistía en que los problemas del lago de Amatitlán están ya bien diagnosticados, y que las soluciones han sido identificadas en un documento llamado Plandeamat. Este documento, validado científicamente, es una hoja de ruta con acciones a llevar a cabo en un periodo de 15 años para del rescate del lago y su cuenca. Por lo tanto, argumentaba Meneses, la única discusión válida era la de cómo implementar, y sobre todo cómo financiar medidas como nuevas plantas de tratamiento de  aguas servidas, reforestación de las laderas del lago, educación ambiental y manejo racional de la basura.

En la segunda reunión, ya con la certeza de que el proyecto de limpieza con el producto Tarcic se cancelaba definitivamente, y con Pablo González posando como víctima incomprendida de unos científicos cerrados a la innovación, se decidió seguir más adelante las conversaciones sobre las medidas integrales del rescate del lago, y llevar a cabo un diagnóstico de las plantas de tratamiento existentes. Algunos científicos presentes relacionaron, sotto voce, la suspensión del contrato con Tarcic, no con la resolución de la Contraloría General de Cuentas (CGC), sino con el escándalo de la SAT y la crisis política a la cima del Estado.

¿Quiénes están detrás de Tarcic?

Varios elementos levantan serias dudas en cuanto a la conformación de M Tarcic Engineering. Según los dos contratos firmados por Amsa y Tarcic, la representante legal de esta empresa en Guatemala es Clara Mariel Carballo Carballo. En ningún momento de la polémica, Carballo dio la cara para defender los contratos firmados por ella. Según la página Open Corporates, esta abogada treintañera cuya oficina se encuentra en un barrio de la zona 18 de Ciudad de Guatemala, también es directora de tres empresas en Panamá cuyos nombres dejan entrever un origen guatemalteco: Tikal Internacional, Zaculeu S.A., y Mirador Corporation Management. Plaza Pública intentó hablar con Carballo, pero no contestó a las llamadas.

Quien sí dio la cara por Tarcic ante los medios de comunicación es un viejo conocido de los círculos del poder: el empresario israelí Ury Roitman. A pesar de no tener cargo formal en Tarcic, la defendió con una labia insuperable y su inconfundible acento argentino. Roitman, de 63 años, apareció en los canales de televisión y afirmó que la empresa era un gigante del saneamiento ambiental. En conversación con Plaza Pública, agregó que Tarcic Engineering es también una inmensa constructora de carreteras, puentes y aeropuertos en Israel. Sin embargo, no se encontró la mínima referencia a estas actividades en la web. Durante las semanas de polémica, Tarcic Guatemala abrió una página en donde colgó algunos documentos que revelan intentos de comercializar los mismos productos en países caracterizados por sus altos índices de corrupción como Egipto y Nigeria. No es Tarcic la que comercializa estos productos en dichos países sino empresas llamadas Meydan Solutions en Egipto y Chipre, y Oil Dissolver en Nigeria. Ningún documento indica si estos productos fueron aplicados en algún país otro que Guatemala. 

Ury Roitman afirmó haber conocido la fórmula en Israel, y que de inmediato  pensó en traerla a Guatemala para ayudar a los afectados por el terremoto de San Marcos. Una vez en Guatemala, descubrieron que el producto “podría salvar el lago de Amatitlán”.

Ury Roitman, según dijo a Plaza Pública, es oficial de Tzahal, el ejército israelí, y veterano de tres guerras del país hebreo: la guerra del desgaste (1967-1970), la del Yom Kipur (1973), y la del Líbano (1982). A finales de los ochenta llegó a Guatemala para “ayudar a gente secuestrada”, de forma privada pero también colaborando con el Gobierno.

Desde entonces, Ury Roitman ha multiplicado sus aventuras empresariales en Guatemala, como lo mostró una nota publicada por El Periódico. Fundó tres empresas de seguridad, TSS, Tysis y Perfil HR, que brindan servicios de seguridad, instalan equipos de control y vigilancia, blindan carros, realizan pruebas de polígrafo e investigaciones privadas. En 2012, TSS recibió del Ministerio de Gobernación Q 8,6 millones por el arrendamiento de un equipo para emitir pasaportes, y en 2010, la municipalidad de Santa Catarina Pinula, administrada por Antonio Coro, le compró a Tysis Q100 mil en cámaras de vigilancia. Ury Roitman es dueño del Hotel y Marina Nanajuana en Río Dulce y fue accionista de Tikal Jets. Con su colaboración con Tarcic, es la primera vez que incursiona en el campo ambiental y el de los productos químicos.

Uno de los elementos de la polémica con el producto de limpieza de lagos, fue el apoyo que recibió el proyecto por parte del embajador de Israel, Moshe Bachar. A Ury Roitman este apoyo le parece natural. “El embajador sabe qué hacemos, conoce nuestras inversiones. Él nos acompaña por ser una empresa israelí, tal como lo hacen todas las embajadas” explicó.

Sin embargo, la relación de Ury Roitman con el diplomático parece ser más estrecha. Por ejemplo, en julio de 2013, según un comunicado de la propia legación, Ury Roitman representó al embajador de Israel en la entrega de 12 puertas, 24 ventanas y 8 baños a una escuela de Sarstún, Petén. Preguntado al respecto, el empresario afirma que la donación no fue iniciativa de la embajada sino de su esposa. Niega también haber representado al embajador y asegura que su relación con él es la de dos compatriotas que se conocen: “Somos un pueblo pequeño. Los judíos somos todos amigos, somos una comunidad muy unida”, dijo.

Otra de las caras visibles de Tarcic en las conferencias de prensa que organizó Amsa era Allan Franco de León, licenciado en Acuicultura por la Universidad de San Carlos. Él era el encargado de dar una apariencia científica al tratamiento del lago. Sin embargo, al igual que Roitman, nunca fue representante formal de la empresa.

Antes de su colaboración con Tarcic, Franco trabajó intensamente para el Gobierno. Durante 2013 y 2014 obtuvo ocho contratos con diferentes instituciones del Estado: para el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, fue director técnico del Plan de Desarrollo del Petén; con el Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria (Fonagro), impartió capacitaciones en piscicultura; para el Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza, fue supervisor externo; y para el Ministerio de Educación, realizó estudios sobre la conformación de las delegaciones de atletas escolares que participarían en juegos internacionales.

En total, en dos años cobró casi medio millón de quetzales al Estado. Se le quiso preguntar acerca de esta gran variedad de servicios prestados, pero Allan Franco, molesto por la anterior publicación de Plaza Pública acerca de lago de Amatitlán, declinó la entrevista.

Roxana Baldetti, en la entrevista que dio con Otto Pérez Molina a Radio Sonora, afirmó que se sentía orgullosa porque ella había logrado sacar del olvido al lago de Amatitlán, y puesto el dedo sobre su creciente contaminación. Lo mismo dijo Ury Roitman a Plaza Pública.

Ambos tienen razón, aunque las cosas no salieron como ellos esperaban. Ahora queda por ver si Amatitlán cae de nuevo en el olvido, o si el escándalo de “la agüita mágica” provoca una verdadera toma de conciencia que desemboque en acciones decididas a favor del lago. Acciones cuyo costo tendrá que asumir la población y la industria, por ejemplo aceptando pagar por el tratamiento de sus aguas servidas.

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