El 15 de septiembre, en los portales electrónicos del gobierno de Guatemala, se publicó una respuesta oficial a un reportaje de investigación que saldría publicado al día siguiente, en elPeriódico. La comunicación oficial incluía imágenes del texto diagramado.
También en la mañana del 18, dos reporteros de elPeriódico fueron agredidos por personal de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS). El hecho se produjo cuando los periodistas intentaron cubrir en directo un evento organizado por la vicepresidenta, Roxana Baldetti Elías.
Hace algunos meses, el reportero de elPeriódico agredido por la SAAS, fue golpeado por un colega de la cadena de radio que oficiosamente defiende las acciones de gobierno. Los golpes se produjeron ante la protesta de Pável Vega, de elPeriódico, por la forma en que los empleados de la cadena de radio hacen preguntas cómodas al presidente de la República para salir de cuestionamientos embarazosos realizados por reporteros de prensa. Anteriormente, el Secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Francisco Cuevas, mostró a una reportera, la impresión de las páginas de portada de la publicación de El Periódico, prevista para un día después.
En los primeros días de septiembre, el presidente de la Fundación contra el Terrorismo (FCT) presentó una querella penal en contra del columnista Gustavo Berganza, por el contenido de una nota de opinión. Un año antes, la empresa Cementos Progreso también interpuso querella penal en contra de Francisca Gómez Grijalva, por haber emitido opinión en su columna de Prensa Libre. Otros columnistas como Mario Antonio Sandoval y la suscrita, hemos sido advertidos de que habrá querellas o demandas penales por nuestros escritos de opinión.
Es decir, desde la amenaza o amedrentamiento, el espionaje y la agresión física entre otros, se han producido eventos que atentan directamente en contra de la libertad de prensa en Guatemala. El gobierno del mal llamado Partido Patriota ha levantado el puño y la mano dura para destruir las libertades y garantías. Entre ellas, la de informar y estar informados y la de opinar con libertad y sin temor a represalias.
Lejos, muy lejos, quedaron los falsos discursos de verborrea democrática del presidente Otto Pérez Molina y sus funcionarios. En la práctica se han pintado como lo que verdaderamente son: un grupo de tiranillos jurásicos que intentan sembrar terror por la vía el silencio y el amedrentamiento.
Conculcando el sagrado derecho ciudadano a conocer la verdad y a buscarla para difundirla, así como a expresarse sobre ella, este gobierno dictatorial emula con creces a las dictaduras militares contrainsurgentes y ubiquista. Su afán de agresión a las libertades y derechos únicamente se compara con su vocación de opacidad y corruptelas en el manejo de los recursos públicos.
Estamos a tiempo de proteger las libertades y garantías que sostienen la precaria democracia que se intenta construir. Levantar la voz, movilizarse. Defender el derecho a informar y estar informados. Cerrar filas en torno a las y los periodistas que son agredidos en el ejercicio de su profesión. Reclamar nuestro derecho a vivir en paz, con la seguridad de que podemos ejercer todos y cada uno de nuestros derechos sin que el gobierno o fuerza alguna los vulnere. De allí que sea fundamental reclamar de la inerte Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) una clara acción de condena al gobierno por estos hechos.
No es el momento de callar. Es el momento de hablar, exigir y demandar el respeto a nuestros derechos. Ni la bota militar ni la mano dura gubernamental son instrumentos de la democracia. La movilización y la denuncia sí. Guatemala y nosotros merecemos vivir en democracia.
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