Aló, aló, aló

Pareciera que lo único que saben es atacar, pareciera que se les olvida que no tienen 3 años y que ya es hora de que la población conozca sus planes de gobierno, si es que los tienen.

En países más desarrollados, los debates presidenciales son diarios. No hay tiempo para insultos, groserías o palabrerías incongruentes. La práctica hace al maestro, ¿será que nuestra incipiente democracia está acostumbrada a debatir?

Las redes sociales permiten el debate cada vez más, el guatemalteco con el escudo digital se ha liberado. Yo considero que eso es un avance, creo que de esta manera nos vamos desligando de la hipocresía y además nos retamos a pensar, cuestionar y aprender.

Escribí dos columnas en las cuales osé criticar una iniciativa de ley que, según mis criterios como abogada y mi análisis, es sumamente peligrosa. La iniciativa es apoyada por una serie de instituciones, las cuales respeto y admiro. Pero el que estas instituciones le den su apoyo no es un argumento válido, según mi parecer, para apoyarla. Apoyarla por esa razón sería caer en una falacia ad hominem.

Tampoco creo que sea un argumento sólido apoyar una iniciativa de ley por el solo hecho de que el objeto de la misma sea disminuir la comisión de ciertos delitos. De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Muchas veces las leyes son hechas con buenas intenciones pero por malos asesores. Tal es el caso de la Ley de Adopciones que buscaba proteger a los niños guatemaltecos adoptados de abusos por parte de quienes los adoptasen, ya fuera para vender sus órganos o bien para abusarlos sexualmente. Desgraciadamente, esta ley hoy se traduce en más niños guatemaltecos huérfanos.

Los legisladores no son dioses, se equivocan. Sin embargo, algunos no lo reconocen, no dejan que su trabajo sea cuestionado, no permiten que exista debate. El que una iniciativa parezca buena y sea apoyada por la mayoría de instituciones que representan a la “sociedad civil” no quiere decir que sea incuestionable. De eso se trata la democracia, de que cada uno de los ciudadanos pueda tener participación en las decisiones del Estado.

Yo estoy en contra del robo de celulares y de la extorsión, pero no estoy de acuerdo con la iniciativa que presentó el diputado Francisco Contreras. Tampoco me parece digna la forma en que comentó mi columna anterior. Sin embargo, el artículo llamó la atención de personas que comparten mis ideas y que pudieron expresar argumentos muy válidos. La libertad es cara, implica un constante cuestionamiento. Para evitar el robo de celulares y la extorsión y cualquier otro delito, necesitamos un sistema de seguridad y justicia eficiente. No es necesario obligar a las operadoras de celulares (las cuales por cierto no me pagan para escribir sobre este tema), a crear registros con nuestras huellas dactilares y direcciones susceptibles de robo, hackeo, etc. Para solucionar este problema sería bueno empezar por priorizar el gasto público en esta materia.