Ha trascendido la declaración de culpabilidad de Otto Pérez Molina, conocido como «Tito» en los tiempos de la tierra arrasada. Hoy, el también llamado «General de la Paz» ha acudido a la figura de aceptación de cargos, el pasado 6 de septiembre por los delitos de lavado de dinero, cohecho pasivo y fraude, en otra de las tramas nombrada por Cicig como Cooptación del Estado. La condena ha sido leve: ocho años de prisión. Sin embargo, aunque la justicia ha sido benigna y le ha otorgado fianza para salir de la cárcel, las mismas no han sido pagadas y continúa en prisión. Recordemos que esta seguidilla de crímenes de cuello blanco estalló en 2015 con los casos conocidos como La Línea I y la Línea II.
Se trata de un conjunto de investigaciones acuciosas que necesitaron de sofisticados controles, primero a un grupo de importadores, la mayoría asiáticos, tramitadores de aduana y altos funcionarios de la SAT de ese tiempo. Todo llevaba el mismo cometido: agenciarse de fondos para salir del anonimato financiero y para financiar la campaña del Partido Patriota desde el año 2008.
En la declaración de culpabilidad el exgobernante culpa a Juan Carlos Monzón, mas no a su compañera de fórmula Roxana Baldetti, por los excesos cometidos en el proyecto anómalo de la construcción de la Terminal de Contenedores de Puerto Quetzal, conocida como TCQ. Manifiesta, además, que acepta la responsabilidad de no haber supervisado adecuadamente a Monzón, quien fungió desde los primeros años de las acusaciones como testigo protegido de Cicig y de la Feci, figura esta que el actual fiscal Curruchiche ha intentado invalidar para proceder con saña en contra del actuar de fiscales como Juan Francisco Sandoval.
Luego de haber optado por la culpabilidad en este segundo gran proceso en su contra, las multas son ridículas en comparación con la valuación de las coimas y la podredumbre que los expertos en estos temas calculan en transacciones mayores a los 900 millones de quetzales, orquestados por Roxana Baldetti y magos financieros como Salvador Estuardo González, alias Eco, quien ha venido también sorteando la justicia con mucha suerte al igual que la mayoría de empresarios, unos en fuga y otros pagando fianzas bajas y risibles, así como exfuncionarios de la Sat y de la portuaria en cuestión, que ya andan por ahí vivos y coleando, como si nada.
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El caso Cooptación del Estado fue también encarado por el valiente juez Miguel Ángel Gálvez, protagonista de las acusaciones de la Línea, y quien ahora está exiliado en Costa Rica debido a sus actuaciones honestas. Como bien lo relata la historia inmediata, con la apertura de la caja de Pandora de La Línea, las investigaciones fueron llevando, como en espiral, a un enjambre de casos, estando entre los más conocidos el de la terminal de contenedores y el del «Agua mágica» del lago de Amatitlán.
No olvidemos que uno de los motivos principales de todo esto era aceitar las campañas electorales. Ya en el año 2008, la pareja Pérez Molina-Baldetti constituyó empresas de cartón gracias a la gran flexibilidad y laxitud con que operan las transacciones «formales», de acuerdo al obsoleto Código de Comercio existente en el país, y del Registro Mercantil de aquellos tiempos, y los de hoy también.
Los negocios empiezan con empresas de giro publicitario y conectadas con los canales de la televisión abierta, concretamente Canal 3 y Canal 7. Por supuesto que todos estos fondos no se reportaron al Tribunal Supremo Electoral, mientras las discusiones sobre a la ley y la institucionalidad electoral siguen siendo profundas en el ambiente académico, pero vacías en los ambientes controlados por la clase política actual.
La estructura criminal de cuello blanco tenía incluso un término técnico-perverso, denominado Incentivo Comercial Monetario (ICM), que evidenciaba la jerarquía y el organigrama de repartición de pisto, en donde desfilan personajes como el «Mago Chévez», Luis Mendizábal (prófugo de la justicia) y empresarios asiáticos que destaparon la cloaca, como el comerciante de origen chino Erick Miao Miao y el jordano Aziz Aranky.
En el caso de la terminal de contenedores TCQ recordamos a personajes como Allan «el morboso» Marroquín y Ángel Pérez Maura, junto a una estructura de sindicalistas de la portuaria, facilitadores de los engranajes de los interventores de tal entidad descentralizada. Se trató así de una concesión oscura a una empresa española operadora de tecnología, la que, al igual que Odebrecht en otro sonado caso comandado por Alejandro Sinibaldi, terminó en frustrada obra pública y mucho dinero escondido, propiedades, bienes raíces y otros destinos oscuros.
Muy bien lo afirma Edgar Morin: El impoluto cuello blanco suele acompañarse de accesorios como un relojote digno de todo amo del universo, o detalles como la colección de autos deportivos y la navegación en yates de lujo, como los del sonado caso La Coperacha, en donde se colmó de regalos al General de la Paz.
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