Los cambios de funcionarios en gabinetes de gobierno, el cierre o apertura de instituciones públicas, la promulgación de leyes –y no digo derogación porque las leyes acá llegan para quedarse aunque no se cumplan al punto que en el Congreso fundan Comisiones para deslegislar–; y cualquier cambio que altere un statu quo brillante por inoperante o inequitativo, ocasiona que los medios de comunicación dediquen espacio de más a las especulaciones y se inflen las expectativas.
Todo viene de fallas en la institucionalidad, de falta de políticas públicas y de ausencia de un sistema de servicio civil. Me gusta recordar la anécdota que me contaron quienes presenciaron la sustitución del Director del Catastro en Suecia: una vez llegada la edad de jubilación del funcionario, su sustituto por Ley y Sistema de Servicio Civil asumió sin más protocolo que cambiar el rótulo de la puerta de su oficina de Subdirector a Director; claro, no necesitaba dar discursos sobre lo que pensaba hacer porque estaba explícito en las leyes y políticas públicas, no causaba mayor revuelo su llegada porque no representaba cambios de cuadros técnicos o profesionales de la institución.
Acá hubiese hecho falta que fuera elegido por un Consejo, que previamente se viera sometido a las presiones en público y en privado de cuanto sector se dé por interesado o se sienta afectado, y luego la institución se viera expuesta a los cambios de personas y métodos que le pareciera más adecuado a la nueva administración. Además, a nadie se le hubiese ocurrido revisar si las políticas institucionales eran congruentes con las sectoriales y las nacionales; por descontado demos que muy difícil sería que se mejore el desempeño institucional.
Así como se fijan por ley o por estilo de administración los requisitos para tomar posesión de un puesto público, se debería exigir al nuevo funcionario que presentara su Plan de Trabajo y que este fuera coherente con la Política Pública correspondiente y con lo que fue la oferta electoral del partido político electo, además se debería asegurar que el funcionario lea la Ley del Organismo Ejecutivo, el Reglamento Interno de la institución, la Ley de la Contraloría General de Cuentas, la Ley del Servicio Civil y todo el ordenamiento legal relacionado al puesto, con inclusión de las Leyes que correspondan a aquellos foros colegiados o Juntas Directivas donde se desenvuelva.
Tal vez de esta manera se harían menos alharacas para la llegada y ningún llanto para las salidas, ¿cómo se quiere evaluar una gestión “por resultados” si no se tiene una línea base, un norte y una meta de llegada?; tal vez si los que llegan y quienes lo impulsan piensan primero en cómo van a salir de la gestión, sus esfuerzos fueran mejor orientados y la suma de las partes nos daría un futuro mejor. De una u otra manera, no se vale llegar haciendo alharacas y salir dando pujidos.
Más de este autor