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Alfonso Portillo: un proceso legal bajo la lupa

“¿Pero falta dinero o documentos?”, fue la pregunta clave que la defensa lanzó a los peritos del MP y la Contraloría General de Cuentas que declararon en el juicio sobre los ejercicios fiscales de 2001, 2002 y 2003. No hubo respuesta, al menos no la que el tribunal esperaba. Los peritos explicaron que faltaban documentos y no podían dar un resultado completo para poder decir cómo se gastaron esos Q120 millones desparecidos.
La parte acusatoria no puede creer la sentencia, adversada sólo por la presidenta del Tribunal, Morelia Ríos. No puede creer que dos de las tres juezas ignoraran las pruebas contra Portillo, Arévalo y Maza, pruebas documentales y testimoniales que eran consideradas graníticas hasta el 9 de mayo pasado.
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Alfonso Portillo: un proceso legal bajo la lupa

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El 9 de mayo pasado, el Tribunal Undécimo de Sentencia Penal absolvió de peculado al ex presidente Alfonso Portillo (2000-2004), y a sus ex ministros de Defensa, Eduardo Arévalo Lacs, y de Finanzas, Manuel Maza Castellanos. Estableció falta de pruebas “concretas”. El anuncio fue un gran contraste la peliculesca persecución de Portillo en varias propiedades en Zacapa, y su captura en Izabal —momentos antes de embarcarse hacia Belice— a manos de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP), en enero de 2010.

Redes-lateral

Maza, quien estuvo prófugo durante meses, se entregó con menos espectacularidad. Arévalo, quien intentó hospitalizarse alegando enfermedad para evadir la cárcel, también fue capturado con menos pompa. Los dos últimos se harían compañía en el Centro Preventivo de la Zona 18. Portillo, por seguridad, permaneció en el Cuartel Militar Mariscal Zavala, antes y durante el juicio.

Éste es un repaso de los argumentos de la parte acusadora y el tribunal, luego de la controversial sentencia, que tuvo como epílogo la divulgación de un video (reconocido por el MP como filmado en su sede de la zona 1) que revela vínculos entre Telésforo Guerra, defensor de Portillo, y Ronald Valvert, esposo de una de las dos juezas (Patricia Veras) del tribunal que absolvió al ex presidente y sus ex ministros.  Estos vínculos, reconocidos por Guerra y la jueza como normales e inofensivos, fueron calificados por algunos juristas como razón suficiente para que la jueza Veras se excusara de conocer el caso. Se presenta una vista bajo la lupa de la ruta del dinero público que, según la CICIG, el MP y la Fiscalía de Nueva York, fue utilizado por los procesados. El caso ahora está bajo apelación.

A continuación, los argumentos del fallo de las dos juezas, la posición de investigadores del MP y la CICIG y lo que está por venir en el caso.

El criterio del tribunal guatemalteco

“¿Pero falta dinero o documentos?”, fue la pregunta clave que la defensa lanzó a los peritos del MP y la Contraloría General de Cuentas que declararon en el juicio sobre los ejercicios fiscales de 2001, 2002 y 2003.  No hubo respuesta, al menos no la que el tribunal esperaba. Los peritos explicaron que faltaban documentos y no podían dar un resultado completo para poder decir cómo se gastaron esos Q120 millones desparecidos.

La Fiscalía se esforzó en explicar que no había documentos que sustentaran compras porque no hubo tales compras y, por ende, el dinero desapareció.

Dos juezas (Veras y Contreras) dijeron en su argumentación final, que en todo el juicio los peritos y auditores explicaron cómo el Ministerio de la Defensa gastó su presupuesto en 2001, 2002 y 2003, y no se concentraron en exponer el caso específico que abarca la acusación y que sucedió entre febrero y marzo de 2001; además, no ofrecieron conclusiones, por lo que se les había complicado el trabajo de juzgar.

“El tribunal ha decidido por su mayoría declarar sin valor probatorio la declaración y los informes de auditoría firmados por los auditores de la Contraloría de Cuentas”, dijo la jueza Veras.

Los informes que dos de las tres juezas no validaron son el examen especial de auditoría especial del presupuesto de ingresos y egresos de 2001 a 2002,  una copia certificada del análisis de los pagos efectuados por el departamento de Finanzas del Ministerio de la Defensa, y el análisis de los gastos de partidas catalogadas como “secreto militar” por Q37 millones 035 mil. No fueron considerados porque faltaban documentos y habían fotocopias de gastos regulares y los auditores dijeron que sobre ese material no podían emitir una opinión calificada.

La jueza Veras explicó que la falta de documentos evidenció “falta de pertinencia, competencia y falta de suficiencia de los gastos”, pero que “ningún análisis es definitivo porque los peritos no tuvieron todos los documentos”.

A criterio de la jueza, esto no era suficiente para declarar culpables a Portillo, Arévalo y Maza.

“El tribunal no tiene seguridad (de las auditorías) ya que no se realizó en ninguna autoridad gubernamental responsable de los documentos, y tampoco se acreditó en el juicio que no existieran los mismos”, dijo Veras. La jueza explicó así el hecho que los documentos fueron analizados en la bodega del Banco de Guatemala, cuando la auditoría debió efectuarse en el Ministerio de la Defensa. Pero en 2004, el entonces fiscal Celvin Galindo se llevó todos los documentos al Banco de Guatemala, y la defensa alegó que estos hechos no constaban en el procedimiento y se perdió la cadena de custodia.

MP no probó de dónde salieron los fondos que llegaron a cuentas de Llort, según el tribunal. A falta de documentos que demostraran el origen del dinero –tarea casi imposible de conseguir–, el MP presentó testigos que aseguraron que el dinero que salió de las cuentas del Ministerio de la Defensa bajo “secreto militar” y llegó al CHN. Para la jueza Veras, que ningún perito ni auditor pudiera comprobar que el dinero que llegó al CHN hubiera salido de los Q120 millones desaparecidos –que el mismo Ministerio de la Defensa no pudo justificar–, demostraba la inocencia de los acusados.

“Debe agregarse que no se pudo determinar el origen de los fondos que ingresaron a las 9 cuentas (de Llort”, explicó la juzgadora.

Por último, Veras no aceptó la declaración del otro testigo (Molina) porque —según la jueza— ocultó datos al tribunal, ni de Llort porque espera un juicio en Estados Unidos (donde fue investigado por estafa) y, según ella, se contradijo en su declaración. Sobre Molina dijo: “Mintió, justificó en forma espuria, tratando de inculpar a Llort, cuando él mismo realizó giros a sus familiares y amigos. No es un testigo idóneo”. Y remató: “Llort dijo que abrió empresas exclusivamente para llevar a cabo el saqueo, pero los registros demuestran que las abrió mucho antes”, dijo la jueza, que tampoco lo consideró un testigo idóneo.

MP y CICIG, estupefactos

La parte acusatoria no puede creer la sentencia, adversada sólo por la presidenta del Tribunal, Morelia Ríos. No puede creer que dos de las tres juezas (Patricia Veras y Coralia Contreras) ignoraron las pruebas contra Portillo, Arévalo y Maza, pruebas documentales y testimoniales que eran consideradas graníticas hasta el 9 de mayo pasado.

La prueba documental son las órdenes escritas de los ministros, del Presidente, el mismo traslado de los Q120 millones al Ejército “para compra de equipo” sin ningún análisis ni debate previo, el retiro de estos Q120 millones en dos cheques al día siguiente, en efectivo, sin ningún sustento, “bajo secreto militar” —gasto de secreto militar que no pudo ser sustentado después de que un juez ordenara abrirlo.

Esa desaparición de Q120 millones del erario público en una semana, a raíz de una orden presidencial retratada en documentos, es la prueba documental más sólida que el MP y la CICIG presentaron en el juicio contra Portillo, Arévalo y Maza.

“Las juezas señalaron que los peritos no pudieron auditar los documentos militares, cuando los peritos dijeron que ese no era material auditable porque incluía fotocopias de documentos de gastos regulares administrativos”, dice uno de los investigadores.

La responsabilidad por no poder tener los documentos que sustenten en qué se gastó misteriosamente la plata, aseguran, debería ser una prueba contra los acusados, no contra los acusadores, como decidió el tribunal.

Pero el delito de peculado –sustraer o consentir el robo de dinero público- cabía a todas luces en el caso. La orden primera del entonces presidente Portillo estaba reflejada en documentos oficiales.

La segunda parte de la evidencia, la testimonial, confirma la primera. Relata qué sucedió con el dinero: el testimonio de Luis Armando Llort Quiteño, ex presidente del Crédito Hipotecario Nacional (CHN). Llort explicó que Portillo le relató que habían contado el dinero en su casa de la zona 14, que Q30 millones fueron blanqueados en el CHN hacia empresas de Llort y con el pago de Q4 millones de una casa de Portillo en Zacapa.

Los investigadores no comprenden por qué las dos jueces desconfiaron de Llort por ser prófugo (con orden de captura pendiente de ejecución en Guatemala desde 2001, “por abuso de autoridad, fraude, e incumplimiento de deberes”), acusado de corrupto, defraudador de la confianza pública, e investigado por la justicia estadounidense, cuando Portillo reúne cada una de estas características. Se enfocaron en deslegitimar a Llort diciendo que mintió cuando dijo que las empresas eran hechas para lavar este dinero, aunque Llort también aclaró que habían utilizado empresas que existían desde antes.

De hecho, la Fiscalía de Nueva York (que acusa a Portillo de lavado de dinero, y lo pide en extradición desde diciembre de 2009) ofreció en bandeja los testimonios de Llort y un testigo protegido (Salomón Abraham Molina, ex gerente del CHN), en teleconferencia desde esa ciudad, durante el juicio en Guatemala a finales de febrero pasado. Ambos explicaron, con lujo de detalles, lo que el coronel José Raúl Cerna (ex jefe financiero del Estado Mayor Presidencial en la administración Portillo) fue obligado a callar después que fue envenenado y asesinado en abril de 2004. Pero el 9 de mayo pasado, cuando el Tribunal absolvió a Portillo, Arévalo y Maza, la palabra de Llort y el testigo protegido parecieron tan inexistentes como la de Cerna.

En Nueva York, en cambio, el testimonio de Llort sirvió para respaldar una acusación y orden de extradición contra Portillo, por presuntamente lavar US$2.5 millones de dólares (unos Q18.7 millones) que salieron de un banco en Nueva York y circularon por bancos en Miami y Europa, entre otros fondos (como Q30 millones del Ministerio de Defensa de Guatemala), para ocultar su origen. Pero la palabra de Llort también sería puesta a prueba de un juez y un jurado si el ex mandatario es extraditado y, si se declara inocente, sometido a juicio en una corte neoyorquina.

¿Y ahora qué?

Arévalo y Maza recuperaron su libertad inmediatamente después de la sentencia, aunque quedan ligados a proceso hasta que la sentencia quede en firme después que se resuelvan las apelaciones del MP y la CICIG. Portillo fue devuelto al Mariscal Zavala mientras se resuelven las apelaciones acusatorias y su apelación en contra al pedido de EE.UU. de extradición, que ya aprobó la Corte Suprema de Justicia. Este pedido, según su defensa, no aplica al lavado de dinero, ni encuentra respaldo legal en la Convención de Naciones Unidas Sobre Lavado de Dinero, a la que se suscribió Guatemala en 2004 y no tiene carácter retroactivo, y no aplicaría a algunos de los hechos por los cuales la Fiscalía de Nueva York acusa al ex mandatario y que se registraron antes de ese año.

Ahora, el pulso legal alcanza proporciones transnacionales. Si EE.UU. consigue llevar al ex presidente hasta una corte en Nueva York, y Portillo, de 58 años de edad, es encontrado culpable de lavado de dinero, podría enfrentar una condena de 20 años de cárcel y una multa máxima de US$500 mil (unos Q3.7 millones), o el doble del valor de los instrumentos monetarios o fondos involucrados en las transacciones de lavado de dinero de las que es acusado.

Cuando el ex mandatario fue capturado en enero de 2010, el jefe de la Fiscalía de Nueva York, Preet Bharara,  dijo que Portillo estaba “acusado de convertir la oficina de la Presidencia guatemalteca en su cajero personal”. Además, prometió que la citada fiscalía permanecería comprometida a perseguir a quienes utilicen los bancos y entidades financieras estadounidenses para lavar ganancias mal habidas. “No importan quienes sean”, expresó Bharara. “Si ustedes usan nuestro sistema financiero para lavar dinero sucio, nosotros les seguiremos el rastro del dinero hasta su propia puerta”. De momento, la defensa de Portillo ha conseguido mantener esa puerta cerrada, y tampoco hay indicios de que los desaparecidos Q120 millones del Estado de Guatemala sean recuperables.

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