Cerrar

x
Alfonso Carrillo Marroquín, el abogado oportuno
Ir
Alfonso Carrillo, en la sede de la CC, el lunes 13 de agosto

Alfonso Carrillo Marroquín, el abogado oportuno

Recibe nuestro resumen semanal en tu correo
Actúa “por convicción”, “por patriotismo”, dicen sus amigos. Por sus “valores, principios, convicción y sin ánimo de publicidad” asegura él.
Carrillo tiene estudios en las mejores universidades de Estados Unidos –Harvard, Columbia, la escuela de negocios Wharton, en la universidad de Pensilvania, y fue investigador asociado en 2015 para Harvard–
redes sidebar
Tipo de Nota: 
Información
Tiempo aproximado de lectura: 20 mins
Historia completa Temas clave

Es un quijote que asegura haber dejado la defensa legal corporativa para dedicarse a buscar soluciones a los problemas que enfrenta Guatemala. Vive en Estados Unidos, y desde ahí apunta su lanza a todo lo que identifica como una violación al Estado de Derecho. Desde hace una década interviene con recursos legales cada vez que se elige a fiscales generales y magistrados. A causa de sus acciones se han repetido elecciones y se han revertido nombramientos. Se dice que ha asesorado investigaciones para la Cicig, aunque él lo niega. Este año ha sido el defensor del comisionado Iván Velásquez y del embajador sueco, Anders Kompass, a quienes el gobierno ha querido sacar del país.

Alfonso Carrillo Marroquín es un personaje que, aunque no vive en Guatemala, está presente en varios momentos críticos. Algunas veces en persona, como el 13 de agosto pasado, cuando reafirmó en una vista pública de la Corte de Constitucionalidad su postura en contra de la expulsión del embajador sueco Anders Kompass. En esa ocasión la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel Polanco, se hizo acompañar del gabinete de gobierno para insistir en que podían pedir el cambio del funcionario porque se entrometió en asuntos nacionales.

Otras veces Carrillo actúa a la distancia. Como cuando, a través de sus representantes legales, accionó en contra de la decisión del presidente Jimmy Morales para prohibir el ingreso del comisionado Iván Velásquez.

Carrillo está lejos y todo el tiempo ocupado. Es difícil encontrarlo en el país que quiere rescatar. En 2015 se incorporó a programas de estudios en las universidades de Columbia y Harvard, y ahora forma parte de la Escuela de Gobierno de esta última universidad. Para este perfil solo pudo verse ak abogado mediante una videollamada que se programó a mediados de octubre en una de sus oficinas. Después, solo pudo responder conversaciones esporádicas por Whatsapp. Está a cientos de kilómetros, en una ubicación que no precisa, pero que advierte, no es permanente. Porque tiene familia “en muchas partes” que suele visitar, y así, hoy podría estar en cualquier ciudad de Estados Unidos. “Washington, Miami o Los Ángeles”.

Tiene 57 años, y pertenece a la tercera generación de su familia que dirige el bufete Carrillo & Asociados, del cual se hizo cargo en 1989, cuando tenía 21 años y del que, asegura, se alejó hace poco más de una década con la intención, dice, de buscar solución a “los problemas de Guatemala”.

La firma que posee es una de las más importantes del país. Se enfoca en derecho corporativo, banca, seguros, valores, finanzas, fusiones y adquisiciones, impuestos, fraude transnacional, quiebras y delitos de cuello blanco. Ha tenido entre sus clientes locales a la familia Paiz, ex propietaria de la cadena de supermercados y miembros de la élite económica nacional. También representa a la empresa Umbral, S.A., con una tradición centenaria en la distribución de licores. Ha sido representante de empresas europeas, estadounidenses y japonesas, y de las entidades bancarias Citibank, Barclays Bank, Rabobank, J.P. Morgan, Banco Mundial y el Lloyds Bank, entre otros; y está asociado a redes internacionales como Latin Lawyer, International Trademark Asociation, o la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual (AIPPI).

Carrillo Marroquín se desarrolló en ese mundo de las corporaciones con éxito, al tiempo que se  desenvolvía en los negocios. Decidió dejarlo en 2008, cuando tenía 47 años, para enfocar su tiempo y dedicación a ver qué podía hacer por ayudar a Guatemala, según sus propias palabas. Lo dice en un tono alejado de presunción, pero con un dejo de sacrificio cuando señala que lo único que le ha impulsado a esta lucha es “su conciencia”, que no le permite quedarse inmóvil ante los abusos.

Su hijo, Alfonso Carrillo Montiel (cuarta generación de abogados con el mismo nombre en la familia), recuerda cuando su padre anunció que dejaba la firma. “Reunió a su esposa y a sus hijos y todos estuvimos de acuerdo en apoyarlo”, afirma. Carrillo Montiel es el mayor de cinco hermanos que provienen de dos matrimonios. Asegura que el bufete no sufrió ninguna crisis con la salida de su padre y más bien es un recurso útil para las actividades que ahora desarrolla el abogado.

Cada vez que Carrillo Marroquín ha presentado un amparo, incluso cuando lo hace a distancia, es auxiliado por un abogado de su bufete. Así ha sido desde 2009, cuando se observaron sus primeras participaciones para reclamar por anomalías en la selección de magistrados de las cortes de Constitucionalidad, Suprema de Justicia y de Apelaciones, así como de Fiscal General.

La determinación de ofrecer sus servicios “sin paga”, coincide con los inicios de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), en 2007, una entidad a la que Carrillo Marroquín ha apoyado de diferentes formas desde sus inicios.

Aunque él lo niega, se le atribuye una función como asesor no asalariado desde los tiempos del primer comisionado, Carlos Castresana. Carrillo Marroquín también ha organizado movimientos de apoyo social a la Comisión, y lo más reciente fueron los amparos para evitar que el presidente Jimmy Morales se deshaga del comisionado colombiano Iván Velásquez.  

Esto lo ha colocado en el ojo de los críticos de la Cicig, entre ellos la familia rusa Bitkov, acusada por falsificación de identidades, que asegura que el abogado es parte de una trama del gobierno de Vladimir Putin para detenerlos. Carrillo Marroquín niega ese vínculo y prefiere no poner atención a los bulos.

La Hora

El abogado y la élite económica

Por su origen y área de trabajo, Carrillo Marroquín ha sido cercano a la élite económica. Esto no pasó por alto a la organización de investigación y periodismo Insight Crime, que lo mencionó en su informe Élites y crimen organizado en Guatemala publicado en 2016. En uno de sus reportajes lo mencionan como parte de una “red de apoyo” que se formó por y alrededor de Castresana.

El documento señala que el abogado era “una vía de las élites para influenciar la agenda de Castresana”. Le atribuyen la investigación del caso por peculado contra el expresidente Alfonso Portillo (en el cual resultó absuelto) y la investigación al abogado Roberto López Villatoro, apodado como el Rey del Tenis, por ser uno de los actores de poder en las elecciones de los magistrados de las cortes de justicia.

Carrillo Marroquín, cita el texto, negó tener ese tipo de autoridad y que Castresana fuera el tipo de persona que se deja influenciar. Cuando se le consulta al abogado lo niega rotundamente. “Eso es absolutamente falso y es penosa la forma en que se pretende retorcer información para tratar de sustentar sus ideas”.

En 2016 era visto como “un interlocutor político y empresarial importante para la agremiación del Cacif durante décadas”, indica nsight Crime. El enlace para que Castresana conociera al empresario Dionisio Gutiérrez Mayorga, directivo del grupo Multi Inversiones, que domina el mercado avícola, dueño de la cadena de restaurantes Pollo Campero y que durante años ha tenido programas de entrevistas en diferentes canales televisivos.

Carrillo reconoce que fue un medio para que Castresana conociera a religiosos, líderes de Derechos Humanos y, entre otros, a empresarios (sin detallar nombres). Si en algunas ocasiones actuó junto a integrantes del Cacif, hoy, está ubicado en un polo opuesto.

Mientras los directivos del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), se pronuncian en contra de las más recientes investigaciones de la Cicig y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) –especialmente por el caso de torturas y ejecuciones extrajudiciales de reos por el exministro de Gobernación, Carlos Vielmann Montes– Carrillo sostiene su apoyo a la Comisión. “Yo sigo creyendo en la necesidad del trabajo y la finalidad de Cicig. Es de suma importancia que impere el estado de derecho” asevera.

En su forma de analizar la realidad nacional, el empresariado debió pronunciarse “hace ratos” ante las injusticias, la impunidad y la corrupción, “porque el concepto de propiedad privada nace de la ley…y para ello se requiere que las leyes se observen y se respeten. Todo esto no es el caso de Guatemala…”, reflexiona.

El silencio de la élite ante los agravios al Estado de Derecho, no es aceptable para el abogado. Marco Augusto Noriega, presidente del Cacif, fue consultado para esta nota, pero no hubo respuesta a las llamadas telefónicas, los mensajes de whatsapp, ni a través de las gestiones que se hicieron en el departamento de comunicación.

Ningún otro directivo del Cacif respondió a las llamadas, mensajes de texto ni las preguntas que se enviaron a través del departamento de comunicación de la agrupación. Castresana tampoco respondió los mensajes a su celular y correo electrónico. El vocero de la Cicig, Matías Ponce, tampoco respondió los pedidos por tener una opinión de Velásquez.

Juan Carlos Tefel, presidente de la Cámara de Industria y primer vicepresidente del Cacif,atendió brevemente una consulta por Whatsapp. Aunque no conoce a Carrillo Marroquín, Tefel se refiere a él como un abogado que trabaja para la Cicig. Su argumento no tiene sustento, “es percepción” acepta, por la forma en que Carrillo Marroquín defiende a la institución y al comisionado Velásquez. Así es como el empresariado organizado percibe al abogado.

[frasepzp1]

Peter Lamport, empresario, excandidato a la vicepresidencia, amigo y cliente de Carrillo Marroquín reconoce que entre Carrillo Marroquín y la Cicig sí hay un vínculo. “Estuvimos cerca del doctor Castresana y posteriormente con (Francisco) Dall´Anesse no hubo comunicación, pero cuando vuelve Cicig con más fuerza, ahí se visualiza un apoyo más fuerte a Cicig y el orden constitucional y ahí es donde en los últimos años ha estado más activo Alfonso”.

Lo que sí confirmó el vocero de la Cicig, es que el abogado nunca ha estado en la nómina de salarios. Todo lo que Carrillo Marroquín ha hecho, ha sido sin recibir dinero a cambio.

Actúa “por convicción”, “por patriotismo”, dicen sus amigos. Por sus “valores, principios, convicción y sin ánimo de publicidad” asegura él. No se puede negar que las acciones legales de Carrillo han sido oportunas, precisas y han contribuido a evidenciar la corrupción y atacar la impunidad en el ámbito judicial. Un elemento indispensable para el trabajo de la Cicig.

Para que Carrillo Marroquín se convirtiera en el abogado de los múltiples recursos legales, se tuvo que construir el andamiaje legal de las elecciones de magistrados y fiscales. Así se sumó a la construcción de la Ley de Comisiones de Postulación. Una normativa que se estructuró en 2009, junto a otros grupos como el Movimiento Pro Justicia, y que al quedar aprobada permitió la publicidad y fiscalización de las elecciones de candidatos a magistrados, fiscales, jefes de la Contraloría General de Cuentas y la Defensa Pública Penal. La norma sirvió para hacer evidente lo que ya se sabía: que los procesos estaban corrompidos.

Carrillo ha sido el único abogado corporativo que se pronuncia y actúa legalmente por estos temas. Fueron sus acciones legales en la Corte de Constitucionalidad las que materializaron la exigencia del Movimiento Pro Justicia para que se discutiera cómo determinar la honorabilidad, un atributo que la Constitución Política exige a los funcionarios, pero que nadie en las Comisiones de Postulación o el Congreso sabía cómo calificar.

También ha presentado denuncias en contra de diputados, el presidente de la República y sus ministros. Gracias a su intervención, y a la disposición de tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad, Iván Velásquez sigue al frente de la Cicig a pesar de que el gobierno de Jimmy Morales insiste en negarle el ingreso al país.

Entre otras muchas intervenciones legales, Carillo pidió la cesión del cargo del magistrado suplente del tribunal constitucional, Héctor Trujillo Aldana, a inicios de agosto de 2011, porque era mandatario legal del presidente Álvaro Colom cuando la Corte decidía el futuro electoral de la exesposa del presidente, Sandra Torres. Sin éxito, el abogado también pidió en 2015 postergar las elecciones para tener oportunidad de enderezar el camino legal e institucional del país.

Primero presentó un amparo en la Corte de Constitucionalidad en contra del Tribunal Supremo Electoral, por no cancelar a los partidos políticos Unidad Nacional de la Esperanza, Patriota y Libertad Democrática Renovada, que se habían excedido en el techo de campaña en 2011. Y luego solicitó que se detuviera la convocatoria a elecciones hasta que se lograra recuperar la pureza del proceso y se respetara la democracia. El proceso, por supuesto, no se detuvo.

Jesús Alfonso/Soy502

En 2009, junto a otros abogados, logró que la Corte de Constitucionalidad obligara al Congreso a reevaluar la honorabilidad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que había nombrado. Ante los señalamientos en contra de los electos, especialmente por la Cicig, los diputados revirtieron la designación de dos magistrados (Elda Nidia Nájera, la hermana de un diputado del partido oficial y Jackeline España, una contratista) y aceptaron la renuncia de Manuel Pocasangre, padre del gobernador de Guatemala, para acallar las críticas; fueron sustituidos por Luis Arturo Archila, Luis Alberto Pineda Roca y José Arturo Sierra.

Carrillo Marroquín afirma que no lo mueve un “interés político ni sectorial”. Sus amigos lo describen como alguien activo socialmente desde hace tres décadas. Carolina Roca, exsuperintendente de Administración Tributaria (SAT) lo recuerda involucrado en los diálogos de finales de los 80, cuando el entonces ministro de Finanzas, Rodolfo Paiz, propuso la deuda social y tiempo después, cuando la asesoró durante la creación del marco legal de la SAT. Roca dice que no debe extrañar el trabajo que hace Carrillo porque “no hace falta demasiada conciencia” para alentar a una persona a que se involucre para buscar soluciones a los problemas que atraviesa Guatemala.

Peter Lamport, quien participó en la Instancia Nacional de Consenso que se formó con diferentes sectores de la sociedad después del autogolpe de Estado del expresidente Jorge Serrano Elías en 1993, lo vio participar junto a “otros abogados de abolengo” cuando se analizaban las opciones para “volver al orden constitucional”.

Después de aquella crisis, Carrillo Marroquín se dedicó a su bufete y lo hizo crecer en tanto su padre –Alfonso Carrillo Castillo– era magistrado de la Corte Suprema de Justicia. En 2004 Carrillo Marroquín tuvo que auxiliar a su padre con un amparo en contra del Congreso, por “la amenaza” de que pudieran separarlo de la magistratura, a causa de una denuncia de la entonces jueza y hoy magistrada constitucional, Dina Josefina Ochoa.

El origen del problema entre Carrillo Castillo y Ochoa fue que ella envió una denuncia contra el fiscal Carlos David de León Argueta al Ministerio Público, en lugar de entregarlo a la Corte Suprema de Justicia. El caso aparece brevemente descrito en el informe Los jueces de la impunidad que publicó la Cicig bajo la administración de Francisco Dall´Anese, en 2012.

[relacionadapzp1]

Carrillo Marroquín intentó seguir los pasos de su padre, al integrarse al servicio público. En 2010 buscó ser Fiscal General, pero tuvo un revés inesperado. La Fundación Myrna Mack lo tachó por “el copy paste” de su plan de trabajo, porque junto al abogado José Eduardo Martí Guilló (su maestro) presentaron la misma propuesta. Ninguno de los dos obtuvo el apoyo necesario para integrar la nómina de candidatos y, por recursos que Carrillo Marroquín y otros aspirantes presentaron, la Corte de Constitucionalidad ordenó que todo el proceso se repitiera. Él no volvió a postularse.

Helen Mack Chang se mofa de ese evento. Ella es la presidenta de la Fundación Myrna Mack, entidad que integra el Movimiento Pro Justicia, y que ha presentado varios recursos legales en conjunto con Carrillo Marroquín. “Ahora nos reímos, pero en aquel momento hasta nos demandó”, recuerda.

Mack califica a Carrillo Marroquín como “un abogado sui géneris”. Lo conoció porque un amigo de ambos los presentó. Él la buscó cuando el comisionado Castresana denunció ataques en su contra en 2010. Desde entonces esas coincidencias los acercaron y la relación se reforzó cuando el abogado presentó amparos preventivos para asegurar el desarrollo de las manifestaciones ciudadanas de 2015.

“No somos íntimos amigos”, aclara Mack, “pero tenemos coincidencias”. “Yo no soy abogada, pero me ha tocado vivir y enfrentar la justicia. Podemos no compartir cosas, pero si se trata del Estado de Derecho y el cumplimiento de la ley, hay una coincidencia y eso es lo que ha sucedido”. Juntos firmaron la petición de amparo en favor del embajador Kompass, por ejemplo.

Ahora lo consulta constantemente en asuntos legales. La distancia se acorta con una llamada. “Es un abogado independiente, tiene los recursos y es coherente”, afirma Mack. Contrario a lo que dice el informe de Insight Crime, Mack asegura que “en el sector privado lo llaman loco”. Y que “uno no puede ver las cosas en blanco y negro, como en el conflicto (armado interno). En esas capas de la sociedad (la élite empresarial) hay gente que piensa igual que uno, hay empresarios buena onda y eso es parte de la democracia y la cultura de la legalidad”.

Su hijo, Alfonso Carrillo Montiel, también tiene una reflexión al respecto. “Ver temas corporativos no lo hace a uno del sector privado”.

El abogado de los recursos

Alfonso Carrillo Marroquín asegura que nadie le paga por lo que hace. Tiene a su disposición un bufete de más de 20 personas, que le acompañan, asesoran y materializan sus deseos. No obstante, advierte que el trabajo intelectual es todo suyo. “Soy el autor de los amparos”, asegura. Y han sido varios. Solo en la crisis que inició el 27 de agosto de 2017, con el intento del presidente Jimmy Morales por expulsar al comisionado Velásquez, Carrillo presentó cinco amparos, de los cuáles tres fueron dados con lugar.

Aunque no accionó para evitar la salida de Velásquez, porque en esa ocasión lo hicieron de inmediato el procurador de Derechos Humanos Jordán Rodas, el abogado Elvyn Díaz y el integrante de la organización Justicia Ya, Álvaro Montenegro Muralles; sí apareció para pedirle a la Corte de Constitucionalidad que impidiera las reformas que el Congreso hizo al Código Penal en septiembre de 2017.

El plan de los diputados, en lo que se conoció como “el pacto de corruptos”, era quitar la responsabilidad de los secretarios de los partidos políticos en el delito de financiamiento electoral ilícito, y conmutar las penas privativas de libertad. Beneficios que alcanzaban a diputados y al presidente Jimmy Morales. La Corte declaró con lugar el amparo de Carrillo y los que otras seis organizaciones y personas individuales presentaron, y el Congreso dio marcha atrás al derogar lo aprobado.

En octubre pasado el Congreso finalmente avaló las reformas, con sanciones fuertes para quien da el dinero ilícito, pero no para quien lo recibe.  

El 16 de septiembre de 2018, a partir de una petición de amparo de Carrillo Marroquín, la Corte votó por unanimidad contra la orden del presidente Morales de impedir el regreso de Velásquez.

Además de su presencia legal, Carrillo ocupa sus recursos intelectuales y económicos para plasmar sus reflexiones sobre “los problemas de Guatemala”. Por un tiempo lo hizo en la sección de opinión del vespertino La Hora. Pero a partir de 2014 lo ha hecho a través de 15 campos pagados en varios medios, especialmente en ese diario, con llamados a promover la participación de la ciudadanía en la lucha contra la corrupción y la impunidad. En 2016 sugirió en uno de sus textos (al estilo columna de opinión) la integración de “75 personas honorables, expertos en sus áreas, que sin importar su ideología puedan aterrizar estrategias y acciones con genuino interés en el bien común de los guatemaltecos y el futuro del país”.

No es la primera vez que piensa que la coalición de fuerzas puede hacer cambios. En 2009 participó en la Convocatoria Ciudadana, junto a representantes de diferentes organizaciones sociales, de derechos humanos y empresariales, para apoyar la labor del comisionado Carlos Castresana.

En ese mismo año ayudó a fundar la agrupación Guatemala Visible, que a diferencia de la Convocatoria Ciudadana, sigue vigente y se sostiene con apoyo empresarial. Fue cofundador del Movimiento Nacional por la Integridad, en el que participaban especialmente jóvenes. Creó la Fundación Me Importa Guate, a través de la cual convoca a la participación en sus campos pagados, y con la que otorga becas “a niños y jóvenes de diferentes circunstancias”. También es uno de los 25 accionistas del medio digital Nómada, del que posee el 2 % de las acciones.

En 2018, luego de la crisis que provocó el enfrentamiento del gobierno con la Cicig, Carrillo Marroquín ayudó a conformar el Frente Ciudadano contra la Corrupción con representación de al menos 50 personas e instituciones, de diferentes ideologías y procedencias (indígenas, empresarios, mujeres, organizaciones sociales) para apoyar al trabajo de la Cicig, de Velásquez y de la todavía fiscal general Thelma Aldana.

Nómada describió que a la cita asistieron algunos representantes de Cacif que se habían mantenido en silencio ante las acciones del presidente Morales en contra de la Cicig, a causa de que varios empresarios habían resultado vinculados en las investigaciones de financiamiento electoral ilícito. El Frente no ha tenido más actividades multitudinarias, como esa en la que aparecieron en una abarrotada imagen fotográfica, pero sigue vigente con pronunciamientos públicos.

Lo último fue un tuit de apoyo al fiscal Juan Francisco Sandoval, por la campaña “de desinformación” en su contra a partir de caso en contra del exministro Vielmann.

Las cosas no son como en 2009, cuando las organizaciones ciudadanas que Carrillo Marroquín apoyaba trabajaron durante más tiempo juntas y estuvieron activas. Esa pasividad incomoda al abogado, que no concibe que la ciudadanía permanezca inerte, sin exigir a sus autoridades los cambios para fortalecer el estado de derecho en el país.

Carrillo tiene estudios en las mejores universidades de Estados Unidos –Harvard, Columbia, la escuela de negocios Wharton, en la universidad de Pensilvania, y fue investigador asociado en 2015 para Harvard–. Ahora es miembro del Consejo Asesor del Centro Carr para la Política en Derechos Humanos, de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy, de Harvard y también integrael Consejo de Abogados para los Derechos Civiles y Económicos en América, del Centro Cyrus R. Vance para la Justicia Internacional.

Viaja “mucho”, hacia “donde hay conocimiento y universidades y profesionales que me pueden proveer de información, donde puedo estudiar qué pasó en otros países”.

Durante sus estudios en Harvard conoció a Alberto Mora, actual director del Instituto de Derecho Internacional del Colegio de Abogados de Estados Unidos. A finales de noviembre, Mora fue expositor del foro Experiencias comparadas de combate a la corrupción y la impunidad.

A través de una llamada telefónica, Mora afirmo que ha  “visto sus presentaciones, el análisis y la crítica de su país y lo que Guatemala necesita para fortalecer el Estado de Derecho. El hombre que yo he conocido es un patriota”, asegura.

[frasepzp2]

Carrillo Marroquín ocupa sus días en elaborar “un análisis comparativo de los sistemas de justicia en épocas similares como las que vive Guatemala, en Singapur, Hong Kong, Chile, Estados Unidos e Inglaterra”.

“En muchos de los países se han vivido situaciones similares en distintas épocas de historia. Eso no quiere decir que sea igual, porque en el mundo moderno todo pasa más aceleradamente y las cosas y los resultados no van a ser los mismos”, explica a través de una videollamada que se recibe en una de sus oficinas y que fue gestionada a través de la empresa de relaciones públicas y comunicación Burson-Marsteller.

En una de las paredes el despacho cuelga un cuadro del Quijote.

—¿Qué respuestas ha encontrado a través de estos estudios?

—En el área de justicia, una profunda reforma.

Pero más allá de los cambios, dice, “un cambio de actitud”. Situación que no observa en su gremio ni en los jueces, que van al paso que dicta la típica burocracia.

—Ahorita la Corte de Constitucionalidad tiene una situación. Hace rato que tenía que haber actuado (ante la acción gubernamental de impedir el retorno del comisionado Velásquez), la fiscal Consuelo Porras tiene cinco o seis meses y sigue observando qué está pasando, así no va a caminar. Lo que estamos pasando es una época histórica, pero es necesario que actuemos –insiste—.

El abogado hace poco contacto visual cuando habla, a pesar de hacerlo a través de una pantalla. Su voz es pausada, calmada. No aparenta ser una persona de carácter fuerte. Ni que sea quien tiene una “obsesión por defender el Estado de Derecho”, como lo describe Pedro Pablo Marroquín, director del vespertino La Hora y amigo del abogado.

Carolina Roca, señala que detrás de esa voz tranquila, hay un hombre “muy duro, muy fuerte. Respetuoso, que no levanta la voz, pero “es fuerte, fuerte”. Tanto que “no quisiera tener que negociar con Alfonso, porque es brillante y se le ocurren cosas y mira opciones que otros no ven en la ley”.

Un hombre que puede ser “inflexible en sus argumentos”. Un negociador “de grandes recursos para inventar soluciones novedosas”, añade Roca.

El abogado y la política

Hay un capítulo todavía no muy claro en la actividad del abogado Alfonso Carrillo Marroquín. Ocurrió en 2011 y se enlaza con la política partidaria.

La historia se obtiene a cuenta gotas. En 2011 organizó una cena en su casa ubicado en el exclusivo barrio de La Cañada, en zona 14, para hablar del partido Encuentro por Guatemala. Eran tiempos electorales, así que el tema fue presentar a la diputada Nineth Montegro con Luis Hernández Azmitia, un empresario al que sugirió para que se incorporara como jefe de la campaña.

Esa reunión marcó el inicio de la desgracia para Montenegro y su partido, que ahora enfrenta un proceso de antejuicio por financiamiento electoral ilícito de esa campaña. En el caso, denunciado por el Ministerio Público y la Cicig, aparece de forma sutil el nombre del abogado Carrillo Marroquín.

Montenegro recuerda que conoció al abogado en 2008. Él la buscó, asegura ella, para ofrecerle apoyo porque la veía “muy sola” en el trabajo de fiscalización que hacía en el Congreso. La parlamentaria asegura que había recibido amenazas de muerte por una serie de develaciones: en 2006 descubrió la trama de sobornos entre diputados y empresas constructoras para la ejecución del listado geográfico de obras durante la administración de Óscar Berger.

El proyecto, conocido como Programa de Apoyo Comunitario Urbano y Rural involucraba a la secretaría Ejecutiva de la Presidencia (entonces dirigida por Eduardo González, un banquero que tenía aspiraciones presidenciales y que ahora está detenido por la quiebra de Bancafé. –El bufete de Carrillo fue contratado por la firma PriceWaterhouseCoopers para investigar este caso en Guatemala–).

Montenegro también refiere que había sacado a luz otro caso de contratos del Ministerio de la Defensa con empresas de cartón, y que eso le había provocado mucho desgaste. Por eso aceptó sin dudar la ayuda que Carrillo Marroquín le ofrecía. “Yo nunca lo había visto, pero tuvo una actitud muy deferente, muy fina y colaboradora conmigo. Primero en darme apoyo moral, respaldo político e incluso asesorías jurídicas dentro de las amenazas que yo en ese momento era blanco”, recuerda.

Ese apoyo jurídico se fortalece en 2009, cuando inicia la fiscalización del programa Mi Familia Progresa, que implementó el gobierno de Álvaro Colom, bajo la coordinación de su entonces esposa Sandra Torres. Montenegro pidió el listado de los beneficiarios de las transferencias monetarias y se lo negaron. La diputada acudió a la Corte Suprema de Justicia, que resolvió a su favor, pero el entonces ministro de Educación, Bienvenido Argueta, insistía en la negativa. La Corte de Constitucionalidad resolvió destituir al ministro por desobedecer la resolución judicial. En todo ese proceso “él (Carrillo Marroquín) me ayudó muchísimo”, asegura Montenegro.

En ese tiempo, el hijo del abogado, Alfonso Carrillo Montiel, trabajaba adhonorem con la diputada.

Luego vino el apoyo para la estructuración de la Ley de Comisiones de Postulación. Pero el papel de Carrillo Marroquín nunca fue público. Quien figuraba en las portadas de los periódicos exigiendo esa normativa era Castresana, los embajadores de Estados Unidos y países europeos, y el Movimiento ProJusticia, una organización en la que participan la Fundación Myrna Mack, Madres Angustiadas y Fads (Familiares y amigos contra la delincuencia el secuestro).

Carrillo no habla de la ayuda que le dio a Montenegro en aquellos años, pero en un listado de acciones legales que ha promovido para hacer valer el Estado de Derecho, rescata su participación en el caso de Mi Familia Progresa.

La diputada asegura que trabajaron juntos hasta 2011, después hay una ruptura de la que no da detalles. Montenegro no quiere opinar más sobre el vínculo de Carrillo Marroquín en su partido.

Quien sí habla es Hernández Azmitia, el exjefe de la campaña, que en 2015 fue electo diputado por el partido Visión con Valores, pero que ahora dirige la bancada de tránsfugas Movimiento Reformador (partido que ha cambiado al nombre de Podemos). Asegura que Carrillo Marroquín se convirtió en el recaudador de fondos para el partido. No solo conseguía donaciones, sino que decidía cómo administrarlas. Al menos ese fue el caso de una aportación familiar que se transformó en el “Ninetour”, un bus pulman que servía para promover y trasladar a la comitiva a los eventos proselitistas. Entre las donaciones que gestionó, asegura Hernández Azmitia, está el aporte de 197,500 quetzales de la empresa Publicidad Avance, S.A., propiedad de Paulina Paiz, prima de Salvador Paiz que junto a otros cuatro empresarios, habrían entregado ocho millones de quetzales para pagar a los fiscales de mesa del partido FCN-Nación (del presidente Jimmy Morales) de forma anónima en 2015.

El cheque al que se refiere Hernández se entregó en 2011 a nombre de Encuentro por Guatemala, pero no fue reportado en la contabilidad del partido. Nineth Montenegro señala que por “error” el contador anotó el aporte a su nombre, pero que ella no lo supo sino hasta después de que la Cicig publicó su caso.

En el cheque aparece la firma de Hernández Azmitia, pero él asegura que era no negociable y lo trasladó al partido. Eso no está en duda. El problema es que nunca figuró el nombre del donante. “El financiamiento electoral no es un delito… el delito es financiar anónimamente”, señaló el comisionado Velásquez.

Hernández Azmitia ve la mano de Carrillo Marroquín en el caso porque “curiosamente solo sale ese cheque”, y porque él actúa como asesor de la Cicig y al mismo tiempo es abogado de Salvador Paiz.

Durante varios días se buscó una entrevista con Salvador Paiz, pero no hubo respuesta ni en su celular ni en su oficina. El abogado Carrillo Marroquín se molestó porque se le pidiera una respuesta por este señalamiento en su contra, y porque también se le consultó si su bufete representaba al banco ruso Gazprombak, como lo afirma un blog de la familia Bitkov

“Usted duda y no puede creer que simplemente haya una persona de buena voluntad”, dijo como conclusión a un extenso discurso a través de Whatsapp. Cuando se le insistió en la necesidad de obtener su versión antes de publicar, aunque finalmente respondió las preguntas.

Negó que su firma representara a ese banco y refutó las declaraciones de Hernández Azmitia. “No estuve a cargo de la recaudación financiera de la campaña electoral de Nineth Montenegro”. “La Cicig es una entidad muy seria que no permitiría que yo u otra persona se involucrara en una investigación”. “Es falso que yo tuve que ver en la investigación que la Cicig abrió contra de EG –Encuentro por Guatemala–. Nunca he trabajado para la Cicig”. El abogado cree que estos argumentos en su contra son un distractor y mencionarlos es “dar resonancia a los que tratan de desviar el esfuerzo que usted, yo y otros guatemaltecos hacemos por la verdad y para el bien común”.

El caso, sin embargo, ha servido para demostrar ante los críticos que la Cicig no es selectiva en los casos que investiga.

Carrillo dijo que no haría más comentarios sobre el tema, por ser un caso en investigación. No obstante, admitió que en algún momento de su vida sí aportó económicamente a algún partido, sin citar el nombre. Negó que tuviera interés en participar políticamente.

Su hijo, Alfonso Carrillo Montiel, lamenta que el trabajo que hace su padre sea cuestionado. “Me entristece ver que no le van a dar nada por lo que él hace. Se ha ganado enemigos”, dice.

Se pregunta por qué se duda de la sinceridad de sus intenciones. “Cada quién tiene una vocación y la de él ha sido resolver problemas”, y ahora los problemas de un país.

Carrillo Montiel, que fue candidato a diputado en 2011 por Encuentro por Guatemala, también ofreció una entrevista por videoconferencia desde Estados Unidos. Cuenta que fue fundador de la agrupación Un Joven Más, que buscaba involucrar a la juventud en la política. En 2009 se ofreció para apoyar a Montenegro, y en 2011 organizó una manifestación con un ataúd frente a la Corte de Constitucionalidad para mostrar su oposición a los magistrados electos. Ese año le ofrecieron la primera casilla del listado metropolitano, “pero yo tenía solo 24 años, no sabía nada y no acepté”.

Lo colocaron en una posición más baja y no logró los votos para para ser electo. Con un tono suave, similar al que usa su padre, afirma que su papá no se involucró ni en el partido ni en la campaña. “El único que tuvo que ver en la campaña fui yo”.

No es fácil entender al abogado. Quizá porque no hay muchos como él, quizá porque su comunicación no ha sido eficiente. En momentos en los que el país está polarizado entre quienes apoyan y rechazan a la Cicig, Carrillo Marroquín aparece como un quijote con luces y sombras.

Pocos son los que aceptan hablar de él; ni sus colegas ni exmagistrados de la Corte de Constitucionalidad aceptan discutir sobre el papel del abogado.

A la distancia, Carrillo Marroquín asegura que seguirá vigilante de lo que ocurre en Guatemala. Desde donde está, busca espacios para difundir lo que aquí ocurre. Y cuando se necesite, volverá a la carga con los recursos legales.

Autor
Edición
Autor
a
Edición
a