Alerta temprana

En esa lógica, una alerta temprana puede ser definida como un mecanismo o herramienta que sirva para impulsar opciones de atención o tratamiento a un problema determinado. A fin de que sea funcional, requiere de un sistema de monitoreo, así como de la construcción de los indicadores necesarios para activarla.

Siendo así las cosas, tal parece que, a estas alturas quizá con algo de retraso, se hace indispensable activar la alerta sobre el huracán que se avecina en la temporada que los alberga.

Durante la campaña electoral, se insistió al respecto del origen castrense y la vocación militar del actual  mandatario –entonces candidato presidencial–, Otto Pérez Molina, así como de su propuesta política y el  partido que la apadrinaba. A las dudas expresadas, les siguió casi siempre una respuesta desde diversos sectores sobre “su trayectoria como general de la paz” o  “su papel en la defensa de la institucionalidad ante el golpe de Jorge Serrano”, entre otras cartas de pedigrí democrático.

Ni sus declaraciones previas sobre el rechazo a la acusación de genocidio por parte del Estado guatemalteco o el contenido de su discurso de toma de posesión, fueron consideradas para indicar la necesidad de la alerta. Tampoco valió la designación de militares con vínculos cardíacos en la dirección de inteligencia militar en las principales funciones de seguridad, inteligencia y cercanía política con la Presidencia.

Sin embargo, antes de que se cumpliera el primer semestre de gobierno, las señales no podían ser más claras. Estado de sitio en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, no para “controlar” una situación que estaba ya controlada al momento de declararla sino para garantizar el control social de una zona que rechaza un negocio con la vida comunitaria. Recurso policial antimotines contra estudiantes que se rebelan ante una imposición que afectará sus vidas y las de futuros jóvenes en la carrera magisterial. Negación oficial de la responsabilidad del Estado por genocidio, elevando a política de Estado la acción de revisionismo histórico. Desmantelamiento de los Archivos de la Paz y cancelación del convenio de cooperación en esa materia, con el Ministerio Público.

Cumplido el primer semestre, se da paso a la formación de una policía militar entrenada en la “disolución de disturbios” y que practicó utilizando como conejillos de indias a estudiantes de un instituto privado de Huehuetenango. Luego, la policía militar actúa directamente en el desalojo violento –la destrucción de las viviendas miserables de sus habitantes es un acto innegable de violencia–, de las y los habitantes del asentamiento “Jacobo Árbenz Guzmán”.

Pero, pasemos a otro campo. El de la cacareada transparencia. Veamos cómo allí también hay señales inequívocas de un huracán en marcha. Antes del mes en el gobierno, ya el titular de salud Francisco Arredondo, salió señalado ante el negocio de alimentos –con clara dedicatoria a sus propias empacadoras– para los hospitales nacionales. Después llegó el golpe con la compra de medicamentos. Le siguió la compra, embodegado, robo y finalmente no distribución plena de los fertilizantes. No olvidemos que varios funcionarios han debido salir recién tomando posesión, por estar contemplados en el rango de prohibiciones debido a su doble relación laboral o por cuentas pendientes con el sistema de control financiero. También hay que recordar a los que, pese a tener señalamientos y cuentas pendientes con la justicia, han logrado permanecer en el puesto, merced a sus vínculos con las autoridades centrales en la Presidencia. No se olvide que Marllory Dadiana Chacón, pomposamente apodada la reyna del sur chapina, ha contado con la protección de la segunda de Pérez Molina, Roxana Baldetti Elías.

Para terminar de “ponerle la tapa al pomo”, el acelerado procedimiento mediante el cual se aprueba bono extraordinario a militares en retiro así como el otorgamiento en propiedad, de tres terrenos  pertenecientes al Estado de Guatemala.

Con estos hechos, hablamos entonces de endurecimiento de la política de seguridad en función de perseguir defensores de derechos humanos o defender intereses gremiales del ejército y la empresa privada, prácticas institucionalizadas de corrupción y opacidad en el manejo de fondos públicos, así como acciones oficiales en favor de intereses corporativos. Tres indicadores que se pueden establecer como presentes y suficientes, debido a su incidencia repetitiva. Situación que nos permite concluir que, de haberse establecido una alerta temprana sobre la gestión gubernamental en materia de derechos humanos y transparencia, este sería el momento de impulsar toda la acción necesaria para impedir que el huracán termine por destruir lo poco que nos queda de institucionalidad democrática.