La corrupción imperante dentro del Ejército enciende las alarmas sobre las implicaciones del convenio que suscribió con el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Según una nota publicada el domingo pasado por el elPeriódico, el 22 de junio de 2022 el TSE y el Mindef suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional para la transferencia de información, datos y documentos. Supuestamente, el propósito del convenio es asegurar que quienes estén en servicio activo en el Ejército de Guatemala queden debidamente excluidos del padrón electoral, tal como lo ordena la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
Lamentablemente la historia antidemocrática y represiva del Ejército de Guatemala, y los graves escándalos de corrupción que lo plagan hoy, más que justifican la preocupación y la desconfianza sobre la intención real de este convenio. Esto porque no se limita al traslado de información, sino además acuerda cómo las fuerzas castrenses actuarán el día de las elecciones, supuestamente para coordinar acciones para asegurar el orden y la seguridad.
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La vocación dictatorial y las acciones antidemocráticas y autoritarias del régimen de Giammattei y su pandilla no dejan lugar a duda de que son capaces de usar el ejército para reprimir, y que las elecciones de 2023 sigan el «modelo nicaragüense» a lo Daniel Ortega. La nefasta iniciativa 6076, que propone aprobar la Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y del Ejército de Guatemala, es prueba contundente de la intención de que el Ejército de Guatemala vuelva a accionar en contra de la ciudadanía, como lo hizo de manera sistemática, criminal y genocida durante la guerra.
El convenio suscrito entre el TSE y el Mindef es en extremo vulnerable a que se repitan los abusos del pasado, o que se produzcan aún peores. Con un ejército gravemente penetrado por el narcotráfico y otras expresiones del crimen organizado, es en extremo peligroso que participe directamente en la conformación del padrón electoral, y no debe descartarse que la información personal contenida en ese padrón pueda utilizarse como lo hicieron las secciones de inteligencia y asuntos civiles durante la guerra, para perpetrar acciones criminales y represivas.
Ese convenio debe ser rápidamente impugnado por carecer de las medidas adecuadas de control, y, sobre todo, preventivas para que no se produzca lo que ya ha ocurrido en Guatemala. Con la vulnerabilidad extrema y el nivel de captura por parte del crimen organizado y la corrupción que sufre el TSE actual, muy fácilmente ocurrirá una relación de subordinación del TSE al ejército. La opacidad y el sigilo con que el TSE gestionó y suscribió este convenio alimentan la desconfianza y la preocupación.
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Si el TSE y el Mindef quieren corregir y desvanecer estas preocupaciones, lo mejor que pueden hacer es retractarse y anular este convenio. Si lo que quieren es limitarse al único propósito legítimo, depurar del padrón electoral de los militares en servicio activo y así cumplir lo que ordena la Ley Electoral y de Partidos Políticos, entonces deben transparentar todo el asunto, convocar a una mesa abierta en la que participen todos los sectores y organizaciones interesados, que supervisen y acompañen la redacción del convenio, y que reciba y procese las propuestas y recomendaciones técnicas para implementar controles y medidas que prevengan abusos como los descritos. Eso sí que sería una demostración de buena fe y voluntad de hacer las cosas correctamente.
La sociedad civil organizada, la prensa independiente, y la ciudadanía en general debemos interesarnos en investigar y denunciar este convenio entre el TSE y el Mindef, por peligroso, y posiblemente la peor amenaza en contra del proceso electoral de 2023, hasta el momento.
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