Hoy quizá se enfrenta el riesgo más grave de que la Dirección General de Inteligencia Civil (Digici) se convierta en un órgano represor, a la usanza militar de la guerra.
Una de las lecciones amargas de la guerra civil que desangró a Guatemala por casi cuatro décadas fue la creación de aparatos de inteligencia dedicados a reprimir y asesinar opositores del Estado. Además del Ejército, principal perpetrador del genocidio y de crímenes de lesa humanidad, numerosas y diversas instituciones y dependencias del Estado que debían tener vocación democrática y sujeción al poder civil, como las policías nacional y judicial, o la guardia de hacienda, entre otras, asesinaron, secuestraron, torturaron intelectuales, periodistas, profesionales, estudiantes, políticos y a cualquiera que fuera considerado opositor.
Para enmendar esta trágica y lamentable experiencia, en el Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática, suscrito en México, en septiembre de 1996, el Gobierno de Guatemala se comprometió a tomar medidas para dejar atrás el carácter autoritario y militarizado del Estado. Dentro de los compromisos asumidos destacan la creación de instituciones como la Policía Nacional Civil, la Secretaría de Análisis Estratégico y la Digici, entre otras. La idea fue, como debe seguir siendo, que este tipo de agencias gubernamentales tengan naturaleza civil, con apego a la Constitución y las leyes, respeto a los derechos humanos, y vocación democrática.
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El presidente Giammattei y su gobierno han demostrado un menosprecio claro y explícito a estos compromisos, dándole cuotas de poder a exmilitares y personas que procuran un Estado autoritario y antidemocrático. Posiblemente el más reciente de estos retrocesos es el nombramiento del coronel José Luis Navas Herrera como director general de la Digici. Las razones son graves y diversas, principalmente por ser un militar, graduado de la promoción 117 de la Escuela Politécnica, con formación precisamente en inteligencia militar en la República de China en Taiwán.
Este nombramiento constituye una violación flagrante a los compromisos del Gobierno de Guatemala asumidos en los Acuerdos de Paz, lo que reitera el menosprecio de Giammattei y su pandilla hacia esos acuerdos, que tanto costaron, y que deberían ser invaluables por haber puesto fin a la matanza fratricida y trazaron una agenda de desarrollo, por cierto, hoy incumplida. Estas acciones alimentan el deseo de fanáticos y extremistas de un nuevo conflicto armado, que no aprendieron nada de la tragedia que fue la experiencia de cuatro décadas sangrientas.
Además, viola el espíritu y contenido del Decreto del Congreso de la República número 71-2005, Ley de la Dirección General de Inteligencia Civil, el cual establece que las funciones y actividades que puede realizar la Digici deben orientarse exclusivamente a prevenir y combatir la delincuencia común y organizada, y no al seguimiento y otras formas de acoso u hostigamiento a voces y movimientos opositores. Además de una enorme tergiversación antidemocrática y autoritaria del propósito y objetivo establecidos en la citada ley, empeora la inefectividad de la Digici, toda vez la denominada delincuencia común, el creciente poder del crimen organizado, especialmente el ligado al tráfico ilegal de drogas, y continúan agudas la violencia criminal en contra de las mujeres, la niñez y la adolescencia, extorsiones y robos, entre muchos otros. La Digici no está cumpliendo lo que la ley ordena, y poner al coronel Navas Herrera como su autoridad superior, anula las expectativas de corregir el rumbo.
¿Qué parte de inteligencia civil no se entiende al nombrar a un coronel como autoridad superior de la Digici? Los narcos deben estar muy felices, porque en vez de investigarlos a ellos, como manda la ley, la Digici se dedicará a hostigar a opositores.
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