Según los investigadores, aparte de su propia candidatura, financiaba a varios supuestos adversarios y esos fondos nunca fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral (TSE). Como un alfil, llegaba lejos y sus movimiento eran oblicuos.
Varias de las transacciones pudieron conocerse a través de los allanamientos realizados por el caso Construcción y Corrupción, que destapó una red de empresas de cartón creada por Alejandro Sinibaldi, a través de la que se lavaba dinero de sobornos que sociedades reales pagaban a cambio de contratos con el Estado.
Los últimos pagos descubiertos se hicieron públicos ayer, en una conferencia de prensa en la que la Fiscal General Thelma Aldana y el comisionado Iván Velásquez presentaron nuevos resultados de la investigación por financiamiento electoral ilícito que ahora toca al Frente de Convergencia Nacional-Nación (FCN-Nación), partido que llevó a Jimmy Morales a la presidencia. Aldana y Velásquez explicaron que en el seguimiento a varias transacciones sospechosas al FCN, la fiscalía encontró dos cheques destinados al partido por un total de Q229,800.
Ambos fueron emitidos por Rafael Díaz Samos y Jesús Augusto García Ibañez, socios de la Compañía Constructora de Obras Civiles, S.A. (Cocisa), relacionados con el caso Construcción y Corrupción y señalados de entregar comisiones a favor de Sinibaldi.
Además, en un apartado de su presentación titulado “Otros gastos que deben ser investigados”, la fiscalía incluyó la utilización del helicóptero con matrícula TG-ANM, en el que el que Morales se desplazó durante la campaña electoral de 2015, cuando todavía era candidato presidencial. Este helicóptero había sido inmovilizado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en diciembre de 2016, como parte de una serie de pesquisas de bienes relacionados con Alejandro Sinibaldi. Ya entonces se mencionó el uso que el FCN había realizado del mismo. Heinz Heimann, vocero presidencial, explicó en aquel momento que las empresas que alquilan los helicópteros “no dan información de los propietarios de las aeronaves, porque no está en su función”.
Los allanamientos de Construcción y Corrupción también permitieron descubrir que otra organización relacionada con el ex ministro aportó Q2.1 millones a la campaña electoral de Libertad Democrática Renovada (Lider). En una de las inspecciones, la fiscalía encontró varios cheques que evidenciaron pagos de la Asociación Amigos de Guatemala a varios medios de comunicación para la realización de spots publicitarios de Lider. La asociación está vinculada a Sinibaldi por medio de uno de sus fundadores, Carlos Antonio Marroquín Madrid, representante de Servicios Aéreos y Marítimos del Norte, S.A. entidad que se encargaba de realizar pagos por el mantenimiento y compra de yates del ex ministro.
De las pesquisas surgió además, a mediados de julio, la acusación del MP y la CICIG a Telecomunicaciones de Guatemala (Telgua), cuyo gerente fue señalado de haber entregado Q15 millones en financiamiento electoral ilícito al Partido Patriota (PP), durante la campaña electoral de 2011. Según la acusación, los recursos fueron trasladados como parte de una estrategia político comercial, diseñada por Julio Ligorría, ex embajador en Washington (Estados Unidos), a través de empresas directamente relacionadas con Alejandro Sinibaldi.
En el caso Construcción y Corrupción también alcanzó a Rodrigo Arenas, presidente del Movimiento Cívico Nacional (MCN). José Luis Agüero, ex presidente de la Cámara de Construcción y sindicado en este proceso, confesó que entregó, a petición de Sinibaldi, una serie de donativos a Arenas que no eran sino una porción de los sobornos destinados al ex ministro. Arenas ha confirmado que el MCN recibió dinero del empresario, pero dijo ignorar que era parte de una coima.
Una
investigacón de elPeriódico vinculó igualmente al ex funcionario con el financiamiento del Movimiento Reformador (MR), que según el medio recibió de su parte cheques por al menos Q56 mil 900. elPeriódico concluyó que Sinibaldi realizó el pago a MR una semana y media antes de que la organización política publicara un campo pagado en varios medios en el que lo invitaba a ser su candidato presidencial en las elecciones de 2015.
En sus años como ministro, Sinibaldi también fue señalado de tráfico de influencias para beneficiar a una finca del Parque Nacional Yaxhá-Nakum-Naranjo; de recibir una donación de US$1 millón de la empresa OAS, investigada por corrupción y lavado de dinero en la petrolera Petrobras; y de una sombría e interesada ejecución de recursos al frente del Ministerio de Comunicaciones.
En estas condiciones no querían elecciones
Los escándalos por financiamiento electoral ilícito que han ido destapando el Ministerio Público y la Cicig en los últimos meses hacen recordar la frase tan coreada, gritada y repetida hasta la saciedad a mediados de 2015, antes de los comicios que llevaron a Jimmy Morales a la presidencia. “En estas condiciones no queremos elecciones”, se escuchaba cada sábado en la Plaza de la Constitución y frente al Tribunal Supremo Electoral. La renuncia y la orden de captura contra el mandatario Otto Pérez Molina a días de la votación, sólo avivaron la petición.
Varios abogados aseguraron entonces que los comicios eran fraudulentos. Uno de ellos fue Alfonso Carrillo, quien, de hecho, presentó un recurso de con la intención de cancelar las elecciones. Carrillo se basó en la Constitución, en la Declaración de Derechos Humanos y en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en los que se especifica que se debe garantizar que la población tiene derecho a un proceso electoral puro, donde el voto sea libre y efectivo. Algo, que, a su criterio y después de los numerosos señalamientos contra varios partidos por dudas en su financiamiento, no se podía avalar.
Echando la vista atrás, hay quien considera que, efectivamente, había motivos suficientes para replantearse la forma en la que se dio el proceso electoral y que esto se ve refrendado hoy, con la información que se ha ido desvelando.
Álvaro Castellanos Howell, abogado constitucionalista que también argumentó en 2015 que las elecciones eran fraudulentas, piensa su respuesta durante unos segundos de silencio. “Francamente y a la luz de los hechos, yo diría que sí, había motivos para suspender las elecciones —termina contestando—, pero la duda es cómo hubiéramos podido resolver eso en la formalidad”, matiza. Castellanos reitera la visión que tenía hace dos años: “La Constitución prevé una consulta en situaciones de especial trascendencia nacional. Quizá debió realizarse este procedimiento consultivo, ante la situación a la que nos enfrentábamos”.
El sociólogo Luis Fernando Mack Echeverría, no lo tiene tan claro. “Hay que hacer un análisis más profundo”, va más allá. “Había condiciones para que no se dieran elecciones, en el corto plazo era una solución, pero, ¿cuál hubiera sido el escenario alterno? ¿Cómo se iba a organizar eso? ¿Quién nos iba a gobernar? No hay un proceso de designación claro, lo cual nos hubiera puesto en un dilema”.
Mack entiende que la sociedad se quedó en el corto plazo, y cuando concluyeron los comicios no se lograron aterrizar reformas de fondo. “Estamos en un escenario en el que nos encontramos a las puertas de un nuevo proceso electoral. Y no hay reformas ni buenas opciones políticas. Seguimos igual que donde partimos”.
La conclusión de Castellanos es clara: “Se confirma que el fraude es la base de este sistema. Y es un fraude fondo, de faltas, de inconstitucionalidad”.
Corrección: Una primera versión de este texto decía que según el MP el Movimiento Reformador recibió cheques de parte de Sinibaldi por valor de 56.9 millones. Lo correcto es que fue una investigación de elPeriódico y el monto fue de al menos Q56 mil 900. También decía que Arenas confirmó que recibió dinero de Agüero, cuando lo correcto es que confirmo que el MCN lo recibió. Ya se corrigieron ambos detalles. (8/26/17 a las 23:13)
