Al menos 16 empresas sin experiencia vendieron Q24 millones en alimentos a municipalidades

Entre el 5 de marzo y el 31 de julio de 2020, 102 municipalidades compraron alimentos valorados en 48.8 millones de quetzales, para repartir entre la población afectada por la crisis sanitaria de la COVID-19. Los gobiernos locales adquirieron principalmente frijol, maíz, aceite, arroz, azúcar, pasta y sopas instantáneas.

Una investigación de Guatemala Leaks determinó, después de revisar 126 adquisiciones superiores a 250 mil quetzales, que 68 contratos fueron adjudicados a 16 empresas o personas individuales que, previo a la pandemia, no habían vendido alimentos al Estado ni se dedicaban a la venta de alimentos. Estos 16 negocios recibieron los contratos más altos en venta de comida.

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El estado de calamidad, que continúa vigente, permite a las municipalidades realizar compras directas, bajo la figura de excepción, para evitar las licitaciones o cotizaciones y elegir a quien comprar, sin utilizar criterios de competición, según el artículo 44 de la ley de contrataciones del Estado. Esto, sin ser ilegal, da un margen amplio a las comunas para manejar de forma discrecional el presupuesto y elegir quién abastece los productos. En el contexto de la pandemia, el argumento de las municipalidades es que necesitaban el producto de urgencia.

Para esta investigación se registraron todas las compras de alimentos realizadas por las 102 municipalidades de Guatemala entre el 1 de marzo y el 31 de julio; y se revisaron las 24 empresas o personas que recibieron contratos superiores a 250 mil quetzals y se constató que sólo siete ya habían vendido alimentos o fueron creadas para ese fin. Los 16 restantes son constructoras, librerías, proveedoras de productos de limpieza, alquileres de camiones y algunas comenzaron a funcionar después de la entrada en vigencia del estado de calamidad.

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Sobrecostes, fertilizantes y elecciones

Agro Free fue la empresa que más dinero obtuvo por venta de alimentos a municipalidades entre marzo y julio, con un monto de 7.9 millones de quetzales. En los registros de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) se constató que es propiedad de Matea Engracia Ceto Ceto y comenzó a funcionar el 8 de junio del 2016. Entre 2018 y 2019, realizó seis ventas de fertilizantes al Estado.

Fue hasta 2020 que Agro Free comenzó a distribuir alimentos. Resultó favorecida en ocho concursos de comunas: cuatro contratos en Quiché (Chajul, San Juan Cotzal, San Bartolomé Jocotenango y Santa Cruz del Quiché), tres en Sololá (uno con Nahualá y dos con San Juan La Laguna) y uno en Totonicapán, con el municipio de Santa Lucía La Reforma.

La venta más alta que realizó Agro Free fue a la municipalidad de Nahualá, a quién distribuyó 14 mil 200 quintales de maíz a un costo unitario de Q160. El precio supuso un sobrecosto de 27 quetzales por quintal, si se toman en cuenta los datos de mercado que sugiere la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco). El contrato fue firmado por 2.2 millones de quetzales.   

El alcalde de Nahualá, Manuel Guarcas Tzep —que llegó por primera vez el cargo con el partido Vamos—, no respondió a las reiteradas llamadas, ni a su celular ni a la Municipalidad, para consultarle sobre las compras.

El negocio es administrado por Fredy Danilo Pérez, hijo de la propietaria, quien en las elecciones pasadas fue candidato a alcalde de Nebaj por el partido Victoria, pero no ganó. «Quedé en penúltimo lugar» explica Pérez vía telefónica. Además aceptó que no tenía experiencia en venta de alimentos, pero encontró «a tres socios» que le facilitaron el suministro de comida. «Puedo decir que trabajé duro para conseguir los contratos. Salió la oportunidad y la aproveché», dice el empresario que luego enfermó y por eso ya no buscó más negocios con municipalidades.

La segunda empresa que más vendió fue la ferretería La Chiulense que tuvo un contrato con la comuna de Nebaj por 2.9 millones de quetzales en donde proporcionó 15 mil litros de aceite, 150 mil libras de arroz, 75 mil libras de azúcar, 75 mil libras de frijoles, 30 mil libras de sal y 750 mil libras de semillas para maíz. La municipalidad se encargó de fabricar 15 mil bolsas para distribuir a las familias de este municipio de 72,000 habitantes.

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La Chiulense fue creada en noviembre de 2019 para distribuir materiales de construcción. El 16 de diciembre comenzó a funcionar de manera formal, según datos de la SAT. Cuatro meses después, el 13 de abril, obtuvo su primer y único contrato millonario de comida con el Estado. Antes del estado de calamidad, sólo había vendido materiales de construcción a la municipalidad de Cunen, donde reporta su domicilio fiscal, en el departamento de Quiché, por Q8 mil. Después vendió arena, piedrín y otros productos de ferretería a Sacapulas, en el mismo departamento. Hasta la fecha ha recibido del Estado 3 millones 37 mil quetzales.  Se contactó con la empresa, pero declinaron dar explicaciones.

El alcalde de Nebaj, Virgilio Bernal, explica que había siete ofertas, pero se eligió a La Chiulense porque dio mejor precio que las otras. «Era la única que daba confianza», justifica este edil que lleva cuatro períodos en el cargo. Al consultarle si una ferretería que distribuía alimentos le daba confianza, cambia de argumento y explica que la empresa aceptó llevar los alimentos a las comunidades. «Si hay alguna duda, se puede revisar los documentos, se hizo todo conforme la ley», dice Bernal, abogado de profesión.

Tampoco tenía experiencia en venta de comida la imprenta y proveedora de materiales de oficina Nandi Mercantil, S.A. Pero obtuvo un contrato de 32 mil bolsas de alimentos para la municipalidad de Quetzaltenango a un costo unitario de Q60. El monto total ascendió a 1.9 millones de quetzales. Cada bolsa contenía, según el contrato, tres libras de azúcar, dos de frijol, una de harina nixtamalizada, tres de pasta, una botella de aceite y una libra de arroz blanco.

Marck Juarez, secretario de comunicación de la Municipalidad de Quetzaltenango, dice que se adjudicó la compra a Nandi porque fue la única que presentó ofertas. En un concurso que estuvo abierto cinco horas y media y pese a que carecía de experiencia en venta de alimentos. Al plantearle que podían iniciar otro proceso de contratación, justifica que se trataba de una urgencia. «Hacerlo implicaba más tiempo y no había porque se debía distribuir los alimentos a las familias que lo necesitan» dice Juárez.

El contrato fue firmado el 13 de julio. El 23 de julio fue aprobado por el concejo municipal. Y el 4 de agosto fue creada la comisión de recepción. Según el acuerdo, Nandi debía entregar 16 mil bolsas, diez días después de su firma, y transcurridos otros diez días, la otra mitad.

Juárez confirma que la empresa solo ha entregado la mitad a la municipalidad y que el viernes 28 de agosto comenzó el proceso de repartir las bolsas a diferentes comunidades. «Se repartirán hasta un máximo de mil bolsas diarias. Tardaremos unos 20 días en repartir 16 mil bolsas», dice el funcionario. Agrega que hasta el momento no han recibido las 16 mil bolsas restantes de parte de la empresa. Se intentó hablar con el representante legal de la empresa, pero no respondió las llamadas y el teléfono reportado en su página de Facebook es de una casa particular.

Nandi Mercantil fue creada en 2004 por Walter Salvador Coronado y Marta Eliza Coronado. Su sede se encuentra en Santa Catarina Pinula, en el departamento de Guatemala. En abril pasado, esta empresa logró cerrar un acuerdo con la municipalidad de Villa Nueva para venderle 300 mascarillas N95 a 110 quetzales cada una. Un precio cuatro veces más alto que en el mercado. La única condición era que debía entregarlas en tres días. Al no hacerlo, la compra fue cancelada. Pero esta empresa fue contratada por la Municipalidad de Santa Catarina Pinula posteriormente.

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Del ladrillo y la limpieza, a la alimentación

Empresas de reciente creación también fueron beneficiadas con compras. Una de ellas es Distribuidora Utatlán; Construcciones y Servicios Generales o Contabilidad total (tiene tres nombres comerciales), que fue inscrita el 28 de abril pasado, justo cuando ya estaba vigente el estado de calamidad. Su sede se encuentra en Santa Cruz del Quiché, en Quiché.

El representante legal es Edwin Adriel Alfaro Girón, quien dos meses después de inscrita la empresa, el 19 de junio, logró vender 12 mil quintales de maíz por 1.8 millones de quetzales a la municipalidad de Chiché, Quiché. Esta es la única venta de alimentos que realizó. Después, vendió a la alcaldía de Santa Cruz del Quiché materiales de construcción y reparaciones de obra gris por 1.8 millones de quetzales. «Por la crisis inicié a vender alimentos. La verdad no tengo nada más que decir», dice de forma escueta, antes de cortar la llamada telefónica.

La comuna de Sacapulas, en Quiché, compró a Disguate, una empresa de limpieza y venta de enseres domésticos, 10 mil 500 quintales de maíz, a 160 quetzales cada uno. El precio sugerido por la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) es de 133 quetzales. El total del sobrepago ascendió a 283,500 quetzales.

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No fue posible contactar con la Municipalidad porque el alcalde no respondió su teléfono celular y el número de la municipalidad está fuera de servicio. También se consultó a Disguate, pero en la empresa indicaron que el gerente, Juan Ixcotoyac, declinó dar declaraciones ni permitió facilitar su número, hasta que regresara de un viaje, el viernes 4 de septiembre.

Después de Quiché, Sololá fue el segundo departamento que más gastó en alimentos con la inversión de 6.7 millones de quetzales. Nahualá y San Juan La Laguna fueron los municipios que más recursos destinaron para este rubro. Le siguieron Jutiapa (3 millones 415 mil quetzales); Guatemala (2 millones 900 mil quetzales) y Quetzaltenango (2 millones de quetzales) 883 mil.  Los que menos compras realizaron fueron: Petén (139 mil quetzales); Izabal (299,250 quetzales) y Sacatepéquez (537,290 quetzales).

En algunas licitaciones millonarias de alimentos, no se toman en cuenta aspectos como experiencia o calidad del producto, señala Marvin Flores, de la organización Acción Ciudadana (AC), enfocada en transparencia en compras. Actualmente, AC está fiscalizando las compras del estado de calamidad. Flores advierte que han observado cómo algunos alcaldes están aprovechando las compras de excepción para favorecer a allegados.

«Entendemos que hay que comprar de forma urgente por la emergencia que vive el país. Pero la mayoría, en tema de adquisición de alimentos, se están aprovechando para hacer compras discrecionales», cuestiona el analista en transparencia de Acción Ciudadana.

Flores cree que deberían modificarse los criterios cuando se hacen compras por excepción y hacer cambios en la ley: «Tenemos un equipo que está haciendo una evaluación de estas compras, como ustedes lo están haciendo, y pronto presentaremos los resultados».

*Esta investigación fue realizada por Luis Ángel Sas y editada por Elsa Cabria y Ximena Villagrán (El Intercambio) como parte de la alianza de Guatemala Leaks conformada por Agencia Ocote, El Intercambio, Ojo con mi Pisto y Plaza Pública.