En el primer hecho, tal y como se ha documentado en medios de información, Margarita Carrera, Premio Nacional de Literatura y columnista del matutino Prensa Libre, fue destituida, según le dijeron verbalmente, por haber escrito una columna de crítica al general retirado Otto Pérez Molina, presidenciable del PP. Carrera discurre en su columna una comparación entre el gobierno del coronel Jorge Ubico y la eventualidad de que Peréz Molina sea electo presidente de la república. Recoge en su análisis, elementos sobre el pasado del militar que aparece mencionado en el libro de Francisco Goldman, en el cual es vinculado con la ejecución extrajudicial del Obispo Juan Gerardi, en 1998. La columnista refiere también el significado que el gobierno de Ubico tuvo para el mundo de las letras pues varios escritores, incluido el Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias, debieron exiliarse. La medida contra Carrera no vivió más de un día en vista de que gracias a una amplia reacción, la escritora fue restituida, aunque sin recibir ella, ni el público del medio, una explicación satisfactoria sobre la agresión.
Media semana después, los medios informan que la vicepresidenciable del PP, Roxana Baldetti Elías, instruyó a su abogado para requerir una orden de arraigo en contra de Juan Alberto Fuentes Knight por el contenido de su libro, Rendición de cuentas. Según argumenta el abogado para requerir el arraigo, el texto de Fuentes Knight informa acerca del grado de influencia que Sandra Torres, exesposa del presidente Álvaro Colom, habría ejercido sobre el gabinete de gobierno. Solicitan la orden de arraigo, a fin de evitar que el autor, exministro de Finanzas durante el actual régimen, salga del país.
La medida procesal solicitada, que se basa en lo publicado por un autor, es una forma no muy disimulada de atentar contra la libertad de expresión del pensamiento, al igual que lo fue la destitución de la columnista de Prensa Libre. En ambos hechos, como se ve, un partido político que aspira a dirigir la presidencia es responsable de la medida. Si le sumamos los antecedentes de Baldetti Elías como rectora de la misión de censura del aprendiz de dictador Jorge Serrano Elías, durante el golpe de Estado en 1993, es difícil, muy pero muy difícil, pensar que no hay intención de imponer mordazas desde el poder que ocupan, aún sin llegar al gobierno.
La señora Baldetti ha podido decir a viva voz entre sus allegados que el 6 de noviembre pueden salir a quemar camionetas y nadie la ha llevado a juicio por apología del delito, incitación al mismo, o por tentativa de terrorismo, que bien podría desprenderse de su encendido discurso. Tampoco nadie ha destituido a columnistas que abiertamente defienden la acción del genocidio en Guatemala y con ello respaldan al candidato presidencial del PP.
Y aunque haya desacuerdo con lo expresado por estas voces, no se trata de cortarles la lengua o la cabeza sino de debatir sus argumentos, ojalá en igualdad de condiciones en cuanto a espacio mediático y posibilidades de cobertura.
Ninguna democracia sobrevive a la censura y a la persecución de la libre expresión del pensamiento. Más temprano que tarde, cuando estas prácticas represivas propias del oscurantismo, se establecen como norma, muere la palabra y con ella se asesina al pensamiento. Esta sociedad no puede por lo tanto, permitirse el lujo de tolerar que verdugos de la inteligencia se alcen con la guillotina para cortar todo intento de expresar lo que se piensa y siente.
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