La noticia tomó por sorpresa a todos los que no han estado relacionados directamente con las negociaciones, lo que explicaría las escasas reacciones de los sectores sindical y empresarial, que seguramente esperan que el documento oficial de las negociaciones sea público. Y es que han pasado algo más de tres años desde el inicio de esta historia. La demanda laboral en el marco del DR CAFTA colocó en la mesa de discusión la debilidad de la institucionalidad pública encargada de hacer cumplir las leyes, hizo evidente una situación de sistemática y continua violación a los derechos de libertad sindical y negociación colectiva, y la indefensión en la cual se encuentran los trabajadores-as en general, y especialmente aquellos que laboran dentro de maquilas.
En este proceso, las organizaciones sociales que tanto repudiaron el libre comercio encontraron en el DR CAFTA una inesperada herramienta de presión internacional, y el sector empresarial vio con desencanto, como la firma del tratado le traía adjunta, cual un mensaje envenenado, la amenaza de sanciones comerciales y campañas de boicot por sus prácticas en materia laboral.
En la escalada de este proceso, en 2011, Washington llegó a amenazar con la constitución del panel arbitral, para luego calmar su ímpetu, y optar por la vía de una solución negociada. Guatemala pasó del estupor de recibir en el mismo año esta demanda y un Párrafo especial en el marco de la OIT, a entender que un plan de acción creíble podía aquietar los ánimos, mientras se preparaba para un litigio cuya esencia no era probar que se habían cometido violaciones a las leyes laborales, sino que estas violaciones habían perjudicado al comercio internacional entre los dos países.
Aún sin acceso al documento final de las negociaciones, de acuerdo a la información del USTR, las medidas a las cuales se ha comprometido Guatemala, podrían dividirse en los siguientes aspectos:
- Protección de los derechos de asociación y negoción colectiva. El plan incluiría una revisión del Organismo Judicial para vigilar que se cumplan las reinstalaciones de trabajadores ilegalmente despedidos, así como medidas para capacitar a jueces en los procedimientos para perseguir penalmente a los empleadores que incumplan sentencias de reinstalación.
- Medidas especiales para Maquilas. El Ministerio del Trabajo se compromete a efectuar inspecciones anuales a las empresas beneficiarias del decreto 29-89, para verificar el cumplimiento de la legislación laboral. El Ministerio de Economía se compromete a publicar un acuerdo para reducir el proceso de revocatoria de los beneficios fiscales de aquellas empresas que violen las leyes laborales, a un plazo de cinco días posteriores a recibir la notificación de un juez laboral. Con ayuda de una institución internacional, Guatemala se compromete a establecer un mecanismo de contingencia para garantizar los pagos de los trabajadores en el caso que una maquila cierre.
- Fortalecimiento institucional. Se destinarían fondos adicionales para la Inspección General de Trabajo, para incorporar 100 nuevos inspectores, cinco abogados y 20 vehículos. Se tomarían las medidas necesarias para asegurar el acceso de los inspectores a los lugares de trabajo.
- Procedimiento sancionatorio. Se establecería un procedimiento judicial expedito para sancionar las faltas a la ley laboral, y se firmaría un acuerdo entre los ministerios de Gobernación y Trabajo para garantizar el acompañamiento de la fuerza pública para los inspectores de trabajo.
Si éste es final de esta historia, la actitud correcta no es pasar la página y hacer borrón y cuenta nueva, dado que el plan de acción requerirá de un monitoreo en su cumplimiento. Un mínimo indispensable de este monitoreo es sistematizar las lecciones que debemos aprender, para tomar medidas que corrijan los desajustes estructurales que favorecen el incumplimiento de la ley laboral, e incorporarlas a los planes que Segeplan diseña actualmente en el marco del K’atun 2032. Esta agenda de país contiene como uno de sus ejes la competitividad, concepto al que debe relacionarse definitivamente con el de cumplimiento de la ley laboral.
Por ahora, los ministros de Economía y Trabajo pueden apuntarse un éxito, dado que recibieron sus carteras con esta asignatura pendiente, y que han conducido el conflicto hacia una solución aparentemente beneficiosa para el país. Falta por ver si el plan de acción al que se han comprometido se convierte en medidas efectivas que mejoren el cumplimiento de la ley. Y es que el escepticismo tiene muchos devotos, cuya fe se alimenta de tristes evidencias…
Finalmente, cabe apostar a que el rumbo tomado en el caso de Guatemala podría sentar la pauta para la demanda recientemente presentada por la AFL-CIO contra Honduras.
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