Roxana Baldetti es hoy un cadáver político, y lo que se espera es que dilucide su situación en los tribunales de justicia y que lo único que la proteja sea su derecho a defensa y al debido proceso, como una ciudadana común. Así, un primer punto de la agenda ciudadana posterior a esa renuncia es vigilar y auditar socialmente el proceso, que no goce de privilegios o evada la justicia y que no aparezcan otros jueces corruptos, artistas del prevaricato como Marta Sierra de Stalling. Es decir, a todos nos toca apoyar al sistema de administración de justicia en esta prueba de fuego.
Un segundo punto en esta agenda es la renuncia del presidente Pérez Molina. Si bien las escuchas telefónicas en la investigación de la Cicig permiten vincular de forma más clara a Baldetti, la responsabilidad de Pérez Molina es innegable. Una responsabilidad por la que tiene que responder, primero, ante la ciudadanía; y si corresponde, ante los tribunales de justicia.
Luego, no debemos pasar por alto que esta agenda necesariamente debe ser responsable. Haber logrado las capturas de funcionarios corruptos, la renuncia de una vicepresidenta cuestionada y la lucha por la renuncia del presidente son elementos importantísimos, pero también la ciudadanía se debe ocupar de la recuperación de las instituciones ciudadanas. En particular, debemos recuperar la SAT, una entidad ciudadana por naturaleza porque es la encargada del cumplimiento de nuestras obligaciones tributarias, una parte fundamental en todo contrato social funcional.
Y es que, para preservar su altísimo nivel de legitimidad, este movimiento ciudadano debe alejarse de posiciones irresponsables como algunas que han surgido llamando a no pagar impuestos o a ignorar el cumplimiento de las leyes ante la corrupción y las ilegalidades cometidas por altos funcionarios de Gobierno. Precisamente, la protesta ciudadana está siendo efectiva porque, en el marco de un contrato social, el Gobierno, una de las partes contractuales, ha fallado. Pero no por eso la ciudadanía, la otra parte contractual, debe fallar.
Además de pedir la renuncia de funcionarios del gobierno actual, de interesarnos en recuperar nuestras instituciones, este movimiento ciudadano debe ocuparse también de quienes integrarán el gobierno próximo. El grado de credibilidad de la oferta electoral y la confianza en la probidad de los candidatos a cargos de elección popular son verdaderamente escasos, si no inexistentes para muchos. A la ciudadanía honesta, crítica y consciente no pueden sino ofenderle la demagogia y el nivel de despilfarro que están caracterizando a la campaña electoral.
El financiamiento electoral es, sin duda alguna, uno de los principales focos de opacidad, corrupción y tráfico de influencias, entre otros muchos delitos e ilegalidades. Además, los financistas de las campañas electorales son personajes oscuros, que rara vez dan la cara y que no le rinden cuentas a nadie. Y como se presumía de la corrupción en aduanas, muchos financistas electorales también se presumen vinculados a estructuras criminales diversas, incluyendo el narcotráfico, el lavado de dinero y otros ilícitos.
Y difícilmente entidades como el Ministerio Público, el Tribunal Supremo Electoral y los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial que tenemos hoy por hoy lograrán asestar un golpe contundente a las mafias dedicadas al financiamiento político partidario. Es decir, de nuevo, más trabajo para la Cicig, el cual debería gozar de todo el apoyo y seguimiento de la ciudadanía hoy activa.
Y si el desmantelamiento de La Línea está costando mucho, ¿qué implicará desmantelar la mafia del financiamiento electoral? No solo es cuestión de la Cicig. Es cuestión de todas y todos.
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