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81 horas de retención ilegal en Pansamalá y un conflicto
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81 horas de retención ilegal en Pansamalá y un conflicto

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Dos trabajadores de Renace, una de las hidroeléctricas que operan en Alta Verapaz, y un empleado de la municipalidad de San Pedro Carchá, han permanecido ilegalmente retenidos desde el domingo en la aldea de Pansamalá. Después de 81 horas, los tres recuperaron su libertad, mientras la disputa por la actividad de la planta sigue abierta. Los lugareños denuncian los daños provocados por la empresa y exigían su marcha.

Hermenildo Coc Macz, Romelia Antonieta Méndez y Rosendo Andrés Cuz, el primero técnico en Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de San Pedro Carchá, y los segundos coordinadores de Relacionamiento de la hidroeléctrica Renace, recuperaron la libertad pasadas las 18:00 horas del miércoles 13 de septiembre. Habían permanecidos retenidos de modo ilegal en Pansamalá, en el mismo municipio de Alta Verapaz, durante 81 horas. Pansamalá es una aldea q'eqchi' ubicada a tres horas en carro de San Pedro Carchá, humilde, de difícil acceso y donde apenas llega señal telefónica. Sus captores son comunitarios que exigían reunirse con el alcalde, Edwin Catún, y con algún alto cargo de la empresa para reclamarles la retirada de la infraestructura. La actividad de la hidroeléctrica, cuya primera fase opera desde 2004, provoca controversia. Parte de los pobladores rechaza su presencia en la zona.

Todo comenzó el domingo 10 de septiembre. Según Marina Martínez, responsable de Comunicación de Renace, los trabajadores de la empresa y el empleado municipal habían sido citados por los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocode) de la aldea. Según Rutilia Ical, quien en marzo de este año interpuso un amparo ante la Corte Suprema de Justicia contra la actividad de la hidroeléctrica, ni el funcionario ni los delegados de la compañía fueron invitados a la comunidad y se presentaron sin previo aviso. Ical asegura que ha colaborado como mediadora, junto a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) para que la retención ilegal se resolviese sin daños. Ella también ha sufrido las consecuencias de la tensión que se registra en la zona. Desde que presentó la querella contra la empresa asegura haber sido objeto de amenazas constantes.

Según miembros de la comunidad, en el acta que se firmó para la liberación se recogía que estas tres personas habían llegado sin avisar a la comunidad.

Pero regresemos al domingo, a Pansamalá. Tras dos horas de discusión, los pobladores comunicaron a Coc, Méndez y Cuz que no les permitirían abandonar la aldea. Su exigencia: tener una reunión con el gerente de Renace y el alcalde de San Pedro Carchá para reclamar la retirada de la hidroeléctrica, que pertenece a la Corporación Multiinversiones, uno de los grupos empresariales más poderosos de Guatemala, encabezado por la familia Bosch Gutiérrez.

En una rueda de prensa celebrada el miércoles, cuando los delegados de la empresa y el trabajador municipal ya habían sido liberados, Bernardo Villela, de la comisión de diálogo instalada por el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), sintetizó las demandas de los pobladores: que se reabriese la fuente del río donde ahora se estaba construyendo y que ha sido tapada al entubar el agua, revisar los márgenes del cauce, ya que los pobladores aseguran que se han invadido propiedades comunitarias, y el cese completo de la hidroeléctrica. Además, reconoció el “abandono” que sufre esta comunidad.  

Como ocurre en muchos lugares de Alta Verapaz, en Pansamalá se da la paradoja de que sus habitantes carecen de energía eléctrica a pesar de encontrarse justo al lado de uno de los puntos donde se genera. Una empresa a la que, además, achacan daños medioambientales.

“Ellos dicen que son ocho kilómetros de daños que se producen en flora, fauna y ecosistemas”, indica Rutilia Ical, que explica que entre las quejas de los vecinos está la invasión de propiedad comunitaria por parte de la compañía y la muerte de peces.  

Marina Martínez, por su parte, defiende que la empresa cumple con todos los requisitos legales.

El martes, el juez de paz de Cobán, Osmar Marroquín, se desplazó hasta la aldea con el objetivo de realizar una exhibición personal de las tres personas retenidas. Un oficial de la PNC que no tenía autorización para dar declaraciones dijo que el magistrado los encontró “en estado normal”.

En la zona, según este oficial, se hallaban unas 500 personas. El paso de la vía principal estaba obstaculizado por una cadena y dos árboles botados. “Los comunitarios manifestaron que el motivo de la retención era por el cierre de paso de un río (el Candich) que abastece a diferentes comunidades del lugar, siendo el caso que la empresa Renace construyó un muro y canal para desviar en su totalidad el agua para uso exclusivo de la empresa, dejando sin líquido vital a todas las comunidades”. Los comunitarios instaron al juez a tomar fotografías de la zona en la que trabaja la hidroeléctrica para que quedara constancia de sus reclamos. 

No se llegó a ningún acuerdo, por lo que, finalmente, el juez y los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que le acompañaban abandonaron la aldea.

Una comisión que logra la liberación sin violencia

Desde las 20:00 hasta las 23:30 del martes, se celebró una mesa de diálogo en Carchá, a instancias de la PDH. En ella tomaron parte, además de la esta, la secretaría de Asuntos Agrarios, la Comisión Presidencial de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (Copredeh), la Gobernación, el alcalde de Carchá y un representante de Renace. En el encuentro se escucharon duras palabras contra los comunitarios, a quienes el alcalde y el delegado de la hidroeléctrica calificaron como “delincuentes”, y se negaron a negociar. Ningún delegado de los vecinos de Pansamalá estuvo presente en aquella reunión.  

El diálogo, sin los comunitarios, se recuperó en la mañana del miércoles y llegó a algunos compromisos. Según se explicó en la rueda de prensa celebrada en la Gobernación de San Pedro Carchá, el objetivo es lograr entendimientos entre la empresa, las comunidades y la municipalidad. También se solicitará la presencia del Ministerio de Medio Ambiente para estudiar las demandas sobre invasión de terrenos comunitarios y daños al ecosistema y al Ministerio de Energía y Minas, que es quien otorga las licencias.

Finalmente, se resolvió que acudiría a la comunidad una representación de la mesa técnica, entre quienes no se encontraba ningún colaborador de la compañía ni de la municipalidad. La salida pacífica se impuso a otras alternativas que podían haber generado mucha más violencia, como la entrada en la aldea por la fuerza de agentes de la PNC.

Pasadas las 18:00 horas, los tres trabajadores fueron liberados.

En las conversaciones previas, a través de la PDH, los comunitarios habían reclamado que se estableciese una mesa técnica para dialogar sobre la problemática de la hidroeléctrica y el compromiso de que ninguno de los vecinos sería perseguido.

Hermenildo Coc Macz, Romelia Antonieta Méndez y Rosendo Andrés Cuz, tras recuperar la libertad, fueron llevados al Inacif (Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala) para que se les realizase un chequeo. De ahí, según Marina Martínez, fueron trasladados a Gobernación y, posteriormente, al encuentro de sus familias.

No hay constancia de que hayan interpuesto todavía una denuncia. No obstante, sus allegados sí que las presentaron el lunes.

Renace, mediante un comunicado, celebró la puesta en libertad de los empleados. “Solicitamos al Ministerio Público y a las autoridades competentes que inicien el proceso de investigación para determinar los autores intelectuales de este hecho lamentable que puso en zozobra a familiares, amigos y compañeros de trabajo de las víctimas”, dice el texto. Preguntada acerca de si señalaba a algún grupo en concreto, Martínez lo negó.

En la víspera, el alcalde, Edwin Catún, había señalado directamente al colectivo ecologista Madre Selva como instigador. Este colectivo respondió: “rechazamos toda actividad violenta”.  

Renace opera desde 2004 en Alta Verapaz. Sus responsables aseguran que disponen de licencia desde antes de que Guatemala suscribiese el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Tras un litigio con el Ministerio de Energía y Minas (MEM), la hidroeléctrica regularizó su situación en 2007. Desde entonces se han puesto en marcha tres plantas y está previsto que una cuarta comience a funcionar próximamente.

Según aseguró en 2015 Juan Luis Bosch, copresidente de Corporación Multiinversiones, el objetivo es generar 306 megavatios, lo que convertiría al complejo en la mayor planta de esta naturaleza en Guatemala, superando a la hidroeléctrica Chixoy, entre Alta Verapaz, Baja Verapaz y Quiché, que genera 300 megavatios.

Mesa de diálogo y partes que no se quieren sentar

Los tres retenidos han regresado a sus domicilios, pero la disputa sobre Renace sigue sin solucionarse. Desde el establecimiento de la hidroeléctrica, organizaciones campesinas, indígenas y ambientalistas han denunciado irregularidades y daños que, aseguran, provoca su actividad. Como ocurre en casos que implican a otras hidroeléctricas, como el de Oxec, en los ríos Oxec y Cahabón, también hay pobladores que defienden a la empresa, lo que evidencia la división comunitaria.

En la rueda de prensa celebrada en Gobernación se habló sobre el acuerdo de realizar una mesa técnica en la que abordar las demandas de los comunitarios. “Hay que buscar la sensibilización de las partes: empresa, municipalidad y comunidad”, se reiteró. Sin embargo, está por ver cuál es el  efecto real  de un pacto que no cuenta con el aval de todos los implicados. Renace, según dice Martínez, no está dispuesta a negociar, pide que las autoridades investiguen lo sucedido y mantiene la intención de la empresa a seguir sobre el terreno.

“La violencia es repudiable”, afirma Rutilia Ical. Reitera que los daños a la flora y fauna provocados por la empresa, denuncia el abandono que sufren las comunidades y aboga por el “diálogo” y las vías legales para resolver un conflicto que no se ha cerrado. Miembros de las comunidades indicaron que en próximos días tienen previsto comparecer para explicar los motivos que les llevaron a retener durante tres días a los empleados de la hidroeléctrica y la municipalidad.

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