A los magistrados no parece haberles sido muy dificil alcanzar la mayoría, pues los tres que la integraron tienen lazos políticos, ideológicos, económicos y salariales con el llamado “alto empresariado”, quien soberbia y abusivamente se declaró “en sesión permenente” hasta que la CC resolviera de acuerdo a sus intereses. No lograron, sin embargo, la unanimidad, lo que no sólo demuestra que aún hay profesionales dignos e indipendientes, sino que la resolución no es, para nada, una pieza de derecho constitucional, como deberían ser todas sus resoluciones.
A los voceros empresariales no les hemos visto, por cierto, la misma enjundia para exigir que caiga todo el peso de la ley contra el jefe de seguridad de la mina San Rafael, como tampoco les notamos la misma impertinencia exigiendo que su ex-ministro Carlos Vielman, acusado de asesinar reos, sea extraditado y juzgado en el país. Los supuestos líderes empresariales –en realidad voceros de la oligarquía– son así, arrogantemente estúpidos, como los calificó Juan Callejas en Prensa Libre (23.05.13), pues diciéndose defensores del estado de derecho, lo que han demostrado con su desplante y subsecuente obediencia del máximo tribunal ha sido que, en efecto, la Corte de Constitucionalidad actúa de acuerdo a los intereses del empresariado, dejando en evidencia la total debilidad de los órganos de justicia.
En la actualidad ya no es posible imaginar una resolución de la CC, en el sentido en el que emitió, si los empresarios no la presionan con su agresiva nota y fotos de su muy particular “jueves negro”, en realidad su domingo antidemocrático. Si bien la resolución la escribieron y firmaron los magistrados de la CC, históricamente quien les dictó su contenido fue el poder económico, desesperado porque el mundo está resultando ser diferente a como ellos lo imaginan y desean.
Y el enredo legal producido es impresionante, pues lo que se puso en cuestión no fue el comportamiento del Tribunal Primero de Sentencia, sino la disposición de la Sala Tercera de Apelación, quien concluyó que el Tribunal sí había cumplido con el amparo mandado. De esa cuenta, el error, si es que lo hubo, es de la Sala y no del Tribunal, por lo que lo actuado luego del 18 de abril fue procedente, ya que fue autorizado por la Sala de Apelación correspondiente.
En su resolución, los tres magistrados de la CC hacen uso de un lenguaje autoritario y amenazador, muy parecido al manejado por la Fundación “por el” Terrorismo, exigiendo a la Sala de Apelación que actúe como se lo ordenan. ¿Dónde quedó la independencia de poderes si la CC no es parte del Poder Judicial? Posiblemente por ello cuarenta y tres magistrados hayan decidido, mediante variadas excusas, no participar como Sala de Apelación al haberse excusado sus integrantes anteriores. Miembros de un gremio cada vez más corporativo y oscuro, hacerles caso ahora a marrulleros magistrados puede no traerles ventajas personales o profesionales, por lo que han preferido quedar a la sombra. Muy probablemente muchos de estos 43 magistrados aún esperan tener un mejor futuro en el sector justicia, por lo que ser simples comparsas gratuitas de un baile en el que la música y el ritmo lo ha puesto el CACIF no les interesa, aunque en sus adentros sepan que de no mediar cambios profundos, para llegar a altos cargos tendrán que agachar visiblemente la cerviz ante los dueños del país quienes, por cierto, fueron acusados en 1982 por el propio Ríos Montt, de ladrones y corruptos.
Pero lo que no pueden cambiar estos serviciales abogados es la verdad histórica. Bien pueden tener sus patrones a histriónicos ex guerrilleros justificando lo injustificable, saltando de programa de radio a programa de TV para hacer de Rios Montt un ángel bondadoso, aunque no pueda explicar por qué entonces supuestamente lo combatió entre 1982-83. Los hechos y los datos son incuestionables, y el genocidio del pueblo ixil es tan cierto como el del pueblo armenio en 1913, el del pueblo japonés con las bombas atómicas de 1945, o el de servios en Krajina y bosnios de Srebrenica en 1995. Que los jueces condenen a uno de los responsables, o que la presión de los dueños de la riqueza del país presionen para salvarlo son, al final de cuentas, elementos circunstanciales.
Hay que tener muy claro, sin embargo, que si bien la verdad histórica comienza a brillar, sin justicia no podrá haber perdón y sin él, la paz social y política es un eufemismo para nombrar a una sociedad aterrorizada y alienada.
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