Debemos empezar a prepararnos para las oportunidades y los riesgos que trae consigo un nuevo proceso electoral.
De conformidad con la Ley Electoral y de Partidos Políticos, las próximas elecciones generales deberán realizarse en junio de 2023, y seguramente la convocatoria oficial se hará en los primeros meses de ese año. Sin embargo, la experiencia de procesos electorales anteriores advierte que la actividad política electoral comienza mucho antes de esa convocatoria oficial y formal.
Debe advertirse que el proceso electoral de facto empezará más o menos un año antes de las elecciones generales, quizá alrededor de julio de 2022. Los políticos ya han empezado a intensificar sus acciones, se están produciendo acercamientos y alejamientos, y se barajan una gran diversidad de alianzas y agrupaciones.
En general, los movimientos políticos partidarios que ya se están produciendo, y que se intensificarán significativamente en la segunda parte de este 2022, podrían clasificarse en dos tipos. El primero, proclive a la continuidad del statu quo, con posiciones ideológicas de derecha, afines al gobierno de Giammattei, que procurarán la reelección de Consuelo Porras como fiscal general y jefa del Ministerio Público, y que fácilmente se les identificará con el denominado pacto de corruptos. Buscarán el apoyo político de grupos militares de alta o en retiro, paramilitares y las cámaras y grupos empresariales con posiciones más conservadoras, anacrónicas y retrógradas.
Seguramente estas fuerzas políticas pro statu quo gozarán de abundante financiamiento, legal proveniente de esos grupos empresariales, pero también financiamiento electoral ilícito, proveniente del narcotráfico y otras estructuras del crimen organizado, empresarios inescrupulosos y de los numerosos y diversos grupos interesados en que el siguiente también sea un gobierno corrupto que les venda impunidad a un precio «razonable». Harán gala de demagogia descarada y recurrirán a las artimañas electorales de siempre, con acarreos, violencia, y muy grave ahora, operarán desde un Tribunal Supremo Electoral capturado y al servicio de los sobornos más gordos.
El segundo tipo es opuesto a este statu quo personificado por el presidente Giammattei y la fiscal Porras, con actores y organizaciones políticas con posicionamientos ideológicos diversos. Tanto la oposición de derecha como la de izquierda buscarán ofrecer un cambio, retomando la lucha contra la corrupción y la impunidad que ha sufrido reveses muy graves, y se empeñarán en demostrar distancia y diferencia respecto a los regímenes nefastos más recientes, especialmente los de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei. Elementos diferenciadores dentro de estas expresiones opositoras, serán las posiciones respecto a la participación de los pueblos indígenas y originarios, las industrias extractivas, y el tipo de política fiscal y económica que propondrán. Todas serán vulnerables a la captura del crimen organizado vía el financiamiento electoral ilícito, y está por verse si surgen grupos empresariales que financien estas propuestas.
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Es muy importante que desde ya le pongamos atención a estos eventos, ya que el peligro que continúe el régimen actual de impunidad, corrupción y deterioro, no solo es muy alto, sino que, además, posiblemente si las elecciones fueran hoy, ganaría precisamente la candidata que abandera esa corriente. Sin una acción ciudadana contundente durante las elecciones, estamos condenados a más de la misma porquería.
Para que el proceso que culminará en las elecciones de junio 2023 sea una oportunidad para corregir el rumbo, hacer que funcionen los escasos residuos de la incipiente democracia guatemalteca, es imperativo organizarse y prepararse desde ya. Como electorado y ciudadanía activas debemos manifestar nuestro rechazo a la demagogia barata de las promesas inviables y sin respaldo técnico, al despilfarro descarado con financiamiento ilícito y la reelección de corruptos y narcodignatarios.
En muchos sentidos, las elecciones empiezan este año. ¡Preparémonos desde ya!
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