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El excoronel y exviceministro salvadoreño, Inocente Montano, sentado en un aula de tribunal de Madrid, España, recibe condena a 133 años de cárcel por la matanza de 5 jesuitas españoles en 1989. Emilio Naranjo/EFE

133 años de condena a excoronel por el asesinato de 5 jesuitas en El Salvador

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133 años de condena a excoronel por el asesinato de 5 jesuitas en El Salvador

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La Audiencia Nacional española condenó al exviceministro de Seguridad Pública de El Salvador y excoronel Inocente Montano este viernes a 133 años y cuatro meses de prisión como responsable de planear y ordenar, junto a la cúpula castrense y el entonces presidente salvadoreño Alfredo Cristiani, los asesinatos de cinco jesuitas españoles hace treinta años. Entre las víctimas de esta masacre se encontraba el rector de la Universidad Centroamericana, Ignacio Ellacuría, unos de los ideólogos de la Teología de la Liberación.

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La sentencia condena al excoronel Montano, único dirigente del alto mando enjuiciado por estos hechos en España, como autor de cinco delitos de asesinatos de carácter terrorista y le impone una pena de 133 años de prisión, cuatro meses y cinco días.

Le atribuye los asesinatos del otro jesuita salvadoreño, así como de la cocinera de la universidad y su hija de 15 años, si bien no pueden condenarle en España por estos hechos al no haber sido extraditado por Estados Unidos por esos crímenes.

Montano, único acusado en el proceso, no podrá estar en la cárcel más de 30 años, a lo que hay que restar los que lleva en prisión provisional, desde 2017, cuando fue extraditado a España.

Dicen los magistrados que los ocho asesinatos "fueron urdidos, planeados, acordados y ordenados por los miembros del alto mando de las Fuerzas Armadas, órgano al que pertenecía Inocente Orlando como viceministro de la Seguridad Pública".

Al alto mando de las Fuerzas Armadas también pertenecía el entonces presidente de la República, Alfredo Cristiani, a quien la justicia salvadoreña se negó a entregar a España.

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Consideran acreditado que participó en la decisión por la cual se "transmitió la orden de realizar las ejecuciones al coronel director de la Escuela Militar", Guillermo Benavides, un mando medio que es el único condenado en El Salvador.

La sentencia apunta a máximos dirigentes políticos

Los jueces consideran que los asesinatos fueron cometidos desde los propios aparatos del Estado salvadoreño, "lo que comúnmente viene a denominarse como 'terrorismo desde el Estado".

Fue un grupo violento y estable compuesto por el entonces presidente de la República, Alfredo Cristiani, miembros de La Tandona, la promoción de oficiales que ocupaba las más altas estructuras del poder en el Salvador, así como otros altos cargos.

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Todos ellos utilizaron la violencia y cometieron graves delitos, que causaron alarma y alteraron gravemente la paz y la convivencia ciudadana "con el fin de perpetuar sus privilegiadas posiciones".

Contra el intento de mediación de los jesuitas

Según la sentencia, "cometieron los asesinatos después de intentar hacer creer a la opinión pública que tanto Ignacio Ellacuría como el resto de sacerdotes pertenecían al liderazgo intelectual del Frente para la Liberación Nacional Farabundo Martí".

En el fondo subyacía el papel de la Iglesia como mediadora para tratar de acabar con la sangrienta guerra civil, que les granjeó la enemistad de una extrema derecha temerosa de que en la negociación se les privase de sus privilegios.

Eso explicaría cómo se fue gestando en el alto mando la consideración de Ignacio Ellacuría como un "enemigo", cuya intermediación suponía una amenaza para su posición, "por lo que comenzaron a plantearse la conveniencia de acabar" con su vida.

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La sentencia considera probada la participación de Montano en la reunión de oficiales del 15 de noviembre, la víspera de la masacre, en la que se ordenó "ejecutar tanto a Ignacio Ellacuría como a quienes se encontrasen en el lugar, sin importar de quiénes se tratase, a fin de que no hubiera testigos de los hechos".

Una masacre planeada

La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en medio de la mayor ofensiva insurgente registrada durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992), un comando de soldados de elite mató a los religiosos en el campus de la Universidad Centroamericana en San Salvador.

Los jesuitas asesinados fueron los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno. También murieron junto a ellos los salvadoreños Joaquín López (sacerdote), la empleada doméstica de la universidad Julia Elba y su hija menor Celina Mariceth Ramos.

Se encomendó la operación a unidad del batallón Alacatl, que lideró el exteniente del ejército Rene Yusshy Mendoza, cuyo testimonio en el juicio fue clave en la condena a Montano.

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El comando estuvo compuesto por "unos cuarenta soldados, pertenecientes a un batallón de élite de la Fuerzas Armadas, entrenados por el ejército de los EE. UU., fuertemente armados y equipados, sin que las víctimas tuviesen ninguna capacidad de defensa”.

Tras conocer la sentencia, la UCA, en un comunicado, manifestó que, aunque “la condena del coronel Montano es muy importante para el avance de la justicia en el caso, consideramos que es más importante el proceso realizado en España por el extraordinario servicio a la verdad”.

Y confía en que la resolución de este juicio ayude “tanto a la conciencia nacional como al sistema judicial salvadoreño a dar pasos reales en favor de la verdad y la justicia, no solo en el denominado caso jesuitas, también en todos los casos pendientes de graves violaciones a los Derechos Humanos”.

Amnistía Internacional: Hay causas pendientes

En San Salvador, la directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara-Rosas, calificó este viernes de histórico el fallo y dijo que "es un paso importante en la búsqueda de la justicia que, por décadas, ha sido negada en El Salvador a las víctimas del conflicto armado".

Según la defensora de derechos humanos, "recuerda la enorme deuda que tienen las autoridades salvadoreñas en garantizar verdad, justicia y reparación".

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"Es inadmisible que, en El Salvador, a casi 30 años desde la firma de los Acuerdos de Paz, se siga permitiendo que los responsables de los crímenes cometidos durante el conflicto armado escapen de la justicia y gocen de impunidad", subrayó.

Indicó que "las autoridades salvadoreñas tienen bajo su conocimiento varias causas sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la guerra" y apuntó que "la única causa que ha avanzado sustancialmente es la referida a la masacre de El Mozote (1981)".

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