¿Quién invade a quién?

¿Cómo superar el enfoque maniqueo en que se presenta a los “buenos” contra los “malos”? y ¿cómo problematizar esos enfoques a partir de agregar otras dimensiones a la información que circula en medios alternativos y críticos como Plaza Pública? Es decir, ¿cómo comenzar a introducir diferencias sustanciales en el abordaje de temas relevantes, delicados, para salir de la simple contraposición de versiones; sobre todo cuando en lo concreto de tales problemas está implícita la vida de muchos guatemaltecos?

Conversé con editores de Plaza Pública y plantearon la idea de invitar a académicos especialistas, no solamente como entrevistados, sino como generadores de información que pudiera circular en un espacio periodístico. Y me lanzaron el reto.

El debate que se presenta a continuación, sostenido por correo electrónico con Eugenio Incer, el coordinador de estudios sobre campesinado de AVANCSO; y Peter Marchetti, un ex jesuita que ha dedicado varias décadas de su vida a comprender los conflictos del campesinado en Centroamérica, es un primer resultado de tal experimento.

Flores: Pedro, Eugenio, gracias por atender a esta invitación. Voy a lanzar una pregunta generadora y quisiera que en adelante dejemos que la discusión nos lleve a dónde sea posible. Tomando en cuenta la fuerza tan grande que el pensamiento dominante tiene en la actualidad, especialmente por las prácticas oligopólicas sobre los medios, ¿con qué herramientas se cuenta para hacer más complejo el debate sobre la conflictividad agraria ante los ojos de la ciudadanía en general?

Incer: Alejandro, disculpá que no responda inmediatamente a tu pregunta. Quiero principiar con una reflexión en torno al Valle del Polochic. Pensemos que entre marzo 2011 y Mayo 1978 han transcurrido 33 años, desde la ignominia de Panzós. Ahora preguntémonos ¿Quién es el invasor? Es decir, tenemos el mismo escenario: el valle del Polochic. El mismo motivo: la disputa por la tierra. El mismo dedo acusador: la mancuerna gobierno – finqueros.  El mismo argumento justificador: respeto a la propiedad privada. La misma estrategia: profundizar y manipular las disputas inter e intra comunitarias. Han pasado 33 años entre la masacre de Panzós y los 11 desalojos que la policía y el ejército realizaron entre el 15 y el 18 de marzo de 2011.

Atrás de las muertes y la represión estatal está la mirada finquera, hoy expresada en un rostro, en un nombre y en una empresa concreta. Afortunadamente contamos con trabajos recientes de científicos sociales que dan cuenta sobre las viejas y nuevas dinámicas agrarias en territorio q´echi’ que contribuyen a situar en una perspectiva histórica la disputa por la tierra en el valle del Polochic.

Los términos “invasores”, “organizaciones anti-sistema”,  “la gente fue engañada”  expresados por el señor Widmann en la entrevista realizada por Plaza Pública el martes 5 de abril, se encuentran ubicados en el lugar que les corresponde: es la mirada finquera que busca corregir, controlar y vigilar. En palabras de Foucault, se trata del panóptico que pretende castigar y recompensar, característica fundamental de las relaciones de poder.

Ahora, respondiendo al tema generador sobre las herramientas académicas. Grandia en su libro T´zaptz´ooqueb´: El despojo recurrente al pueblo q´echi´, ofrece un panorama suficientemente esclarecedor sobre los “períodos críticos de privatización de tierras: (a) la conquista de Mesoamérica por los españoles, con su repartición de tierras entre la Corona, los líderes militares y la Iglesia católica; (b) el auge cafetalero de la década de los 1870s, durante el cual, el gobierno de Guatemala otorgó tierras comunitarias indígenas a inversionistas extranjeros e instituyó una serie de leyes que convirtieron a los mayas en siervos”; (c) el despojo de las tierras ancestrales indígenas que se produjo en 1888 (tardía con respecto a la boca costa del pacífico suroccidental) con la extensión de un sólo título a la Standard Fruit Company bajo la personería jurídica de la Compañía de Ferrocarriles.

El trabajo de Laura Hurtado, llamado Dinámicas Agrarias y reproducción campesina en la globalización: El caso de Alta Verapaz. 1970-2007, ofrece un análisis suficientemente documentado sobre los mecanismos políticos y financieros sobre la operación “Chabil Utzaj S.A”, en la que el Estado guatemalteco y la banca internacional proporcionan un apoyo significativo: (a) Contratación de un préstamo entre el gobierno de Japón y Guatemala por un monto de Q 522 millones destinados a rehabilitar y pavimentar 185 kilómetros de la carretera que une San Julián, Alta Verapaz, y Río Dulce, Izabal; (b) Concesión de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica  al Ingenio Guadalupe por un monto de Q 47 millones; (c) en calidad de “juez y parte” la empresa Chabil Utzaj S.A junto con el INFOM determinarán la tasa a pagar por concepto de IUSI.  Actualmente paga un impuesto único por caballería de Q 60,000 (Hurtado, 2008: 342-345).

Por último, en el libro de Greg Grandin, titulado Panzós: La última masacre colonial. Latinoamérica en la Guerra Fría, se plantea que “la característica más notable de la masacre de Panzós, ocurrida el 29 de mayo de 1978, fue lo persistentemente ordinario de sus hechos, lo indistinguible que fue de los otros cientos de protestas indígenas y de las reacciones que provocaron en la elite durante el transcurso de los gobiernos coloniales y republicanos de Guatemala hasta la fecha”.

El convertir en verdad una falacia es muy propio de la racionalidad finquera. Durante siglos nos han querido vender la idea de que ganamos todos con las inversiones del capital nacional y extranjero. Hoy por hoy, este país ocupa el top ten de los mayores productores de azúcar de caña en el mundo y, paradójicamente, en este país diariamente mueren 41 niños por desnutrición, representando la desnutrición crónica infantil en el país más del doble que en la mayoría de los demás países de América Latina. A nivel del mundo, sólo es superior en Yemen y Bangladesh. ¿Ustedes qué piensan que este tipo de falacias que en la actualidad los medios masivos hacen circular, presentándolos como conocimientos científicos incuestionables?

“Los individuos eran controlados, castigados y obligados al trabajo”

Flores: Auscultemos la paradoja. Un texto que AVANCSO publicará este año aporta análisis esclarecedores del tema que nos ocupa. Su argumento central gira en torno de la idea de que la economía cafetalera desplegó, desde finales del siglo XIX, estrategias biopolíticas para afianzar su expansión y consolidación.

Voy a aclarar algunas cosas conceptuales antes de continuar. El término biopolítica es originalmente acuñado por Michael Foucault y actualmente ha sido de mucha utilidad para análisis de pensadores contemporáneos de vanguardia como Giorgio Agamben. En pocas palabras, se refiere a cómo en momentos históricos determinados, poderes específicos desarrollan tecnologías de administración de la población y los territorios, promoviendo la vida de unos y dejando que otros mueran. O, en otras palabras, los cálculos sobre la vida y la muerte han sido la piedra angular en la reproducción del poder en la modernidad. Lo que vemos entonces, son procesos tecnológicos tendientes a convertir la “extracción” de vida de los trabajadores mediante un cálculo político cada vez más eficiente.

Solo veamos el ejemplo de Guatemala. A finales del siglo XIX se impulsó un proceso de “privatización” de las tierras ejidales y comunales que durante la Colonia eran utilizadas para la reproducción de la materialidad de la vida en los pueblos de indios. A la par de ese despojo, desde el Estado –y a solicitud de los finqueros- se principió a promulgar una continuada serie de normas jurídicas sobre el trabajo que, en síntesis, obligaban a buena parte de esa población a trasladarse como trabajadores permanentes dentro de las fincas bajo las figuras del mozo colono o el ranchero. Asimismo, muchos otros –sobre todo la población indígena del altiplano- se vieron permanentemente vinculados a los trabajos estacionales en esas fincas. Esos vínculos, que eran difíciles de romper y que, además, se trasladaban de padres a hijos, se sustentaban en leyes y decretos como los de vagancia, boletas de jornaleros, batallones de zapadores y otros. Al interior de las fincas operaba un régimen soberano sobre la vida y la muerte de los trabajadores. Los individuos eran controlados, castigados y obligados al trabajo de modo que el poder finquero monopolizaba el uso de la violencia “legítima”.

Este modelo finquero, que continuó siendo afinado durante la primera mitad del siglo XX, experimentará un fuerte remezón con la crisis internacional de los precios del café de principios del siglo XXI. Un gran porcentaje de esa población que había vivido sus vidas al interior de las fincas en las condiciones antes descritas, se vio obligado a una nueva diáspora. El modelo cafetalero ya no podía asegurar la reproducción del tipo de vida que había creado un siglo atrás. Las nuevas coordenadas económicas mundiales, fuertemente marcadas por el nuevo modelo neoliberal, establecieron la necesidad de prescindir de dicha población trabajadora, situándola en ese silencioso e indigno limbo de la sobrevivencia, al mismo tiempo que sacaba ventaja de las necesidades extremas de las personas al convertir su oferta laboral en casi la única alternativa para reproducir la materialidad de sus vidas.

Ese nuevo modelo neoliberal ha sido, en buena medida, impulsado por el sector cañero, como el que en la actualidad promueve los despojos del Valle del Polochic. En el caso de la boca costa suroccidental, Elizabeth Oglesby documenta –a partir de su investigación doctoral- cómo estas estrategias de administración de la población y la vida se sofistican y reorganizan para responder a las nuevas demandas de la época por parte de una industria cañera “preocupada” no solo de “la privatización total de los servicios y prácticas del desarrollo, sino de un esfuerzo por moldear a las instituciones sociales para que respondan a las necesidades de la ‘modernización’ y expansión empresarial”.

Como bien sabemos, toda estrategia de poder tiene en la mira uno o varios fines u objetivos políticos concretos. En este contexto, hablamos entonces de un nuevo modelo biopolítico orientado a neutralizar la organización campesina que a principios de los ochenta había hecho temblar al viejo régimen finquero de finales del siglo XIX, con la huelga general del CUC y la sublevación de los campesinos indígenas en general. Pero más aún, se pretendían también incrementar la “productividad”, haciendo de la explotación de los trabajadores desplazados por la crisis, un proceso tecnológico sofisticado.

Hay hipótesis que plantean que la tecnificación de la explotación permite, en la actualidad, extraer en solo cinco años el trabajo que en una finca del viejo orden le hubiera tomado un tiempo entero de vida. Si mueren más pronto, en la racionalidad del finquero neoliberal no habrá ningún problema, ya que en el mercado de trabajadores existe una alta disponibilidad de “capital laboral pasivo”, compuesto literalmente poblaciones hambrientas. Por lo que, una vida perdida en el eficiente proceso de “creación de riqueza” puede ser fácilmente sustituida por otra. Las lógicas de esa biopolítica neoliberal se dejan ver en modalidades de trabajo como el salario por productividad, los “premios” (radios, teles, etc.) que generan un clima de competitividad entre los trabajadores, hasta el cálculo exacto de las calorías y el número de flexiones con el machete, necesarias para cortar promedios que andan entre 7.4 y 9 toneladas diarias de caña por trabajador.

De esa forma, la “modernización” finquera destinada a extraer la vida de los trabajadores mediante el trabajo, así como los desplazamientos que esta nueva hegemonía industrial provoca, hacen pensar que sería justo hablar ya de un concepto distinto al de la biopolítica. La idea en principio es considerar como alternativa que el enriquecimiento se produce por medio del cálculo sobre la muerte. Hablamos entonces de un neoliberalismo finquero necropolítico.

Incer: Pedro, tomando en consideración el planteamiento de Alejandro sobre las modalidades para organizar la vida y la muerte de los trabajadores en torno al café y la caña en la costa sur, a la luz de los últimos desalojos en el Valle del Polochíc, desde tu perspectiva, ¿es posible plantear algunos puntos de referencia que nos ayuden a diferenciar la conflictividad en las regiones de la boca costa del suroccidente guatemalteco y la región q’eqchi’?

“Lo importante es cuestionar desde el primer despojo en 1888”

Marchetti: Para entender los desalojos violentos recientes en el Polochic e indagar sobre la aguda evolución de la conflictividad es necesario conocer cómo se conformó el modelo finquero en el Polochic desde la lógica de producción de ese territorio específico. El establecimiento de tales particularidades en su construcción ayuda a vislumbrar las fisuras en el modelo finquero, las que también marcaron la posterior resistencia q'eqchi’.

En cuanto a la pregunta de Eugenio, plantearía dos diferencias en cuanto a la producción de los territorios en la boca costa en cuanto a propiedad de la tierra y las nuevas relaciones sociales generadas en el Valle del Polochic. Inicialmente, el despojo de las tierras ancestrales indígenas se produce en 1888 (tardía con respecto a la boca costa occidental) con la extensión de un sólo título a la Standard Fruit Company bajo la personería jurídica de la Compañía de Ferrocarriles. La empresa transnacional demuestra un interés primordial  en la infraestructura de  exportación de banano y azúcar y la posibilidad de la fragmentación de este título matriz con venta a futuros finqueros.

En cuanto a las relaciones sociales de trabajo que se desarrollan en este territorio hay una marcada diferencia con la boca costa suroccidental y aún con las tierras altas de Cobán. En la boca costa la dinámica económica basada en la agro-exportación del café construía una disciplina sobre la mano de obra indígena, muy distinta al esquema de control en la finca ganadera en el Polochic, con sus mercados locales y departamentales. Posteriormente, el avance de la caña en el Polochic tampoco se dio bajo el esquema de la Costa Sur.

En el actual conflicto, la presencia internacional en el territorio salta a la vista con los proyectos de “desarrollo”, particularmente multilaterales. Vemos la presencia del Capital Pellas de Nicaragua, que entra para apoyar a Widmann, mientras que el capital azucarero guatemalteco de Herrera y Leal no se ha acercado a la iniciativa “atrasada” del Ingenio Chabil Utzaj. El cuñado del expresidente Berger está demostrando su afán por establecer nuevas relaciones sociales más disciplinadas (más similares a las de la Costa Sur o del modelo finquero cafetalero), pero su intento choca con las realidades de un territorio producido de otra forma y con otras características. En la discusión sobre los derechos colectivos indígenas, lo importante es cuestionar desde el primer despojo en 1888 hasta la reglamentación del convenio 169 que está impulsando el Gobierno de Álvaro Colom.

¿Es justa la ley?

Flores: Ahora que Pedro menciona el tema del Convenio 169, sin detenernos a analizarlo específicamente, creo que es importante discutir sobre el papel del Derecho. Según tengo entendido, el Derecho Positivo, piedra angular del Derecho Contemporáneo, se caracteriza por su énfasis en el cumplimiento de los procedimientos, más que por el problema de los fines en torno al debate sobre la justicia. ¿Qué piensan sobre el papel del Derecho a la luz de la conflictividad agraria en Guatemala?

Incer: Los empresarios agrícolas recurren con frecuencia a la defensa reiterada de la propiedad privada, derecho claramente consignado en la Constitución de la República, pero que elevan a principio dogmático cuando definen la libertad, entendiéndola como los derechos inalienables del individuo a producir, intercambiar, consumir y servir sin coacción ni privilegios.

Visto así, el debate debe abordarse desde el Estado de Derecho y desde una perspectiva ética. En el primer caso, el derecho inalienable se convierte, para los empresarios agroindustriales, en el derecho mismo. Por lo tanto, el derecho a la propiedad se convierte en la medida del resto; es la vara que mide a todo lo demás. Bajo este argumento, el sujeto de derecho es el propietario.

Pero, atendiendo a la racionalidad del Estado de Derecho, que busca garantizar que las personas ejerzan del modo más completo su condición humana (sujeto de sí mismo), en cuanto está dotada de dignidad y de los derechos que se derivan de ella y que le confieren la calidad de ser un fin en sí mismo, la propiedad, en cuanto se ha establecido una serie de procedimientos en el derecho positivo, está subordinada a la dignidad humana y no al revés.

Desde una perspectiva ética, los derechos de propiedad aparecen con una doble dimensión que los señores de la Cámara del Agro y muchos funcionarios públicos omiten conscientemente. Por un lado, los derechos de propiedad de bienes son una condición básica para ejercer un nivel indispensable de autonomía personal y familiar y son una base sólida para la libertad humana. No obstante, el derecho de propiedad se deriva del principio del destino universal de los bienes, por lo tanto, está circunscrito dentro de los límites de la función social de la propiedad.

En esta dirección, el artículo 40 de la Constitución de la República admite que la propiedad privada podrá ser expropiada por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público debidamente comprobadas. También admite que en caso deguerra, calamidad pública o grave perturbación de la paz puede ocuparse o intervenirse la propiedad, o expropiarse sin previa indemnización (Art.40 Constitución de la República)

Veo entonces que aparece un dogma en torno de la defensa de la propiedad privada que permite esconder la búsqueda de la ganancia lucrando con la vida de las personas que se ven desplazadas o condenadas a muerte por el privilegio de unas partes de la Constitución y la subordinación de otras. Alejandro, ¿vos qué pensás en este sentido?

Flores: Yo le veo mucho sentido a tu planteamiento. El problema, no es el dogma en sí, sino que este esconde una racionalidad específica que pone a la ganancia como el único horizonte que puede guiar las acciones humanas. Al sobreponer los procedimientos de la defensa de la propiedad sobre un fin ético como la defensa de la vida, tenemos como resultado las injusticias terribles que vemos en el campo guatemalteco. Es decir, el dogma procedimental de defensa de la propiedad privada se encuentra enmarcado en una razón instrumental que beneficia solamente a unos pocos.

El derecho debe comenzar a adquirir una dimensión “genealógica” que permita poner en cuestión los fines y no solo los procedimientos. Foucault plantea que las leyes regularmente esconden algún conflicto en el que se favorece a unos y perjudica a otros. Si el derecho y, especialmente sus procedimientos, privilegia la defensa del dogma de la propiedad privada por encima de las preocupaciones por la vida y el bienestar de todos los ciudadanos, nos encontramos ante un fenómeno muy particular: existe un conflicto no resuelto entre el fin de protección y reproducción de la vida de los ciudadanos y el fin de la defensa de la propiedad privada.

Entonces, el problema de ese conflicto, especialmente de la resolución que privilegia la propiedad y la ganancia sobre la vida, es que principia a operar de forma autodestructiva. La vida no puede ser entendida como dogma. La vida es condición de posibilidad de cualquier política, dogma o ganancia en la historia.

Es decir, la vida es lo que posibilita que el derecho exista, por lo que lo incuestionable de este debería ser la protección de aquello que lo hace posible. Si el derecho privilegia la propiedad privada, y la vida y la muerte se convierten solamente en un cálculo para incrementar la ganancia, se está haciendo algo realmente tonto: el derecho está actuando en contra de aquello que lo posibilita. Es un acto suicida. El derecho debe preocuparse por garantizar, primero, la vida de todos. Debe preocuparse por su materialidad posibilitante antes que por sus dogmas. De lo contrario, estará preocupado solamente por la reproducción de un tipo de vida y no le importará dejar morir a otro (eso se llama biopolítica). Como pasa ahora en casos como el conflicto del Valle del Polochic. Es decir, al derecho en Guatemala parece preocuparle solamente la vida de los finqueros al privilegiar “su dogma sobre la propiedad”, sus intereses de lucro sobre la muerte de los campesinos indígenas.

Amigos, llevamos ya dos días en esto. Vamos a dejarlo así por el momento. Me parece que el resultado del experimento muestra un primer paso en el sentido que nos hemos propuesto. Por ahora no podemos hacer más que aplaudir los esfuerzos de Plaza Pública por iniciar una ruta diferente en la creación de información que circula en medios periodísticos tradicionales.