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Sepur Zarco: los primeros acusados a prisión
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Sepur Zarco: los primeros acusados a prisión

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Un exteniente y un excomisionado militar fueron ligados a proceso penal y enviadas a prisión preventiva por el Juez de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo. Son acusados de dirigir y organizar el destacamento militar de Sepur Zarco, el cual fue utilizado durante la guerra como centro de esclavitud sexual de casi 20 mujeres q’eqchíes, por miembros del Ejército guatemalteco.

Las mujeres fueron obligadas a cocinar y lavar, sin recibir pago alguno, además de ser violadas en las instalaciones del destacamento.

Hace dos años, 15 mujeres q’eqchíes se atrevieron a hablar de su pasado. Un pasado poco agradable, incómodo, de dolor. “Fue muy triste lo que yo viví”, decían ante el juez de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez, al recordar que 30 años atrás, habían sufrido abusos físicos y sexuales por parte miembros del ejército de Guatemala.

Ante el juez, en su natal idioma q’eqchí y con el apoyo de un intérprete, las mujeres narraron su historia. Contaron el encierro, la esclavitud sexual, las violaciones, el trabajo forzado, el miedo, la muerte en el interior del destacamento militar de Sepur Zarco, el cual estuvo ubicado justo entre los departamentos de Izabal y Alta Verapaz, entre los municipios de Panzós y El Estor. Era la primera vez que denunciaban lo que habían sufrido aquellos años ante el Estado de Guatemala. Habían sido utilizadas, decían, durante seis años; fueron la “recreación” para los soldados durante meses. Las escucharon. La orden ante su denuncia fue para el Ministerio Público (MP): había que dar con los responsables.

El pasado 14 de junio, después de dos años, las primeras capturas por el caso de las mujeres q’qchíes abusadas en los años ochenta en Sepur Zarco fueron realizadas por las fuerzas de seguridad. El teniente encargado del destacamento militar, Esteelmer Reyes Girón, y el jefe de los comisionados militares de Panzós, Heriberto Valdéz Asij, fueron llevados antes los tribunales.

Una semana después, el lunes 23 de, rindieron su primera declaración. Al teniente Reyes, el MP lo acusó de asesinato, y junto a Valdéz, se le agregó el haber cometido delitos contra los deberes de la humanidad. El juez Gálvez, tras cinco horas de audiencia, resolvió que había indicios suficientes para sospechar que eran culpables de violaciones, desapariciones, esclavitud, trabajo forzado… Los ligó a proceso (Reyes, acusado de asesinato y delito contra los deberes de la humanidad; Valdéz, acusado por desaparición forzada y delitos contra deberes de la humanidad) y los envió a prisión preventiva. El juez otorgó a la Fiscalía un plazo de tres meses para que continúen las investigaciones, buscar a otros responsables, llegar a la fase de entrega de pruebas y quizás, entonces, fijar una fecha para el inicio del debate. La próxima audiencia fue fijada para el próximo 22 de septiembre.

El comisionado Asij

A principios de los años ochenta, Heriberto Valdéz Asij, alías “El Canche”, trabajaba como policía municipal en Panzós, Alta Verapaz. Su jefe inmediato era el alcalde Flavio Monzón, conocido en la región por el despojo de tierras a indígenas q’eqchíes durante los años setenta.

En aquel entonces, según el MP, el ejército de Guatemala delegó en Valdéz la responsabilidad de tener bajo su cargo a un buen número de comisionados militares, campesinos a los que se les daba autoridad comunitaria únicamente porque podían hablar español y q’eqchi’. Valdéz se convirtió así, desde su vínculo con la municipalidad, en el jefe de los comisionados militares del municipio.

Hoy Valdéz, a sus 74 años, luce desgastado. Escucha las acusaciones en su contra y mantiene la mirada baja, con la vista clavada en el suelo. El MP asegura que los comisionados, en algunas ocasiones, servían también de guías. La misión de Valdéz Asij, por ejemplo, el 25 de abril de 1982 era esa. Desde las cinco de la mañana guiaba a un pelotón del ejército entre las fincas del lugar. Pasaron por San Miguelito, La Esperanza, Saquijá, Pencalá, Chenibal, por Chabiland y Pataxté (fincas de Juan Maegli), por San Miguel (de la familia Milla), por el caserío San Marcos y por Pom Baac, estuvieron en la comunidad de Semococh y en la de Sepur Zarco. Una acción similar se llevó a cabo el 25 de agosto de 1982. Valdéz guiaba. En cada lugar, el objetivo era capturar a todos aquellos comunitarios que fueran sospechosos de colaborar con la guerrilla en la región.

“Valdéz señalaba, daba nombres; tras las capturas las esposas de los capturados eran abusadas sexualmente por los soldados”, explica la fiscal Hilda Pineda. Pero también, indica, que detrás de aquellas capturas, entre tanta finca de familias poderosas, había otro interés: “Llevaba una lista con el nombre de las personas que reclamaban regularizar su tierra en el Instituto de Transformación Agraria (INTA): aproximadamente 18 hombres fueron capturados”.

Entre ellos: Mateo Cac Chuc, José Choc, Antonio Zuc Cac, Juan Cac, Luis Xol, Abelardo Cuc, Sabino Caal, que serían llevados a la Finca Tinajas, propiedad de Flavio Monzón, el exalcalde de Panzós y exjefe de Valdéz. “Hasta hoy Valdéz Asij no da explicaciones de sus paraderos”, indicaba Pineda.

Recién hace dos años, como explica la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas, querellante adhesivo de este caso, 60 osamentas fueron exhumadas en la finca Tinajas. En la actualidad, tras la venta de la propiedad hace pocos años, en ese sitio funciona el Ingenio Chabil Utzaj, conocido en los últimos tiempos por el conflicto que se desarrolla en torno a él.

Valdéz, con nerviosismo, las manos temblorosas, se defendió de las acusaciones en su contra con pocas frases. “No estuve allí. Todo es mentira”, fue parte de su primera declaración ante el juez.

El subteniente Reyes

Muchas mujeres, unos días después de las operaciones militares, buscaron a sus esposos detenidos. Buscaron en los destacamentos, en las fincas, y en la mayoría de los casos le negaron el acceso. Desprotegidas, como relataron hace dos años ante los juzgados, quedaron solas. “Nos llamaron las viudas. Los soldados nos perseguían, nos violaban”.

Para abril de 1982, el destacamento de Sepur Zarco estaba terminado. Había sido construido por los comunitarios de los alrededores, bajo amenazas. En medio de las fincas, de todos los destacamentos de la zona, la función de este era el descanso de las tropas. Los comisionados militares, en esas fechas, darían la orden a las viudas para hacer turnos cada tres días en Sepur Zarco. “Es su forma de patrullar”, les indicaron.

El lugar era dirigido, según las investigaciones del MP, por Esteelmer Reyes Girón. Hoy es uno de los detenidos.

Corpulento, con un gesto serio imborrable, Reyes Girón escucha las acusaciones en su contra en tanto revisa los mapas y datos que la fiscalía ha presentado ante el juzgado. Teniente de artillería de la Zona Militar número 6, Miguel García Granados, en Puerto Barrios, Reyes Girón indica que estuvo en la zona de Izabal y Alta Verapaz durante los años ochenta.

“Designado como comandante de Pelotón en Sepur Zarco, se le conoció como teniente Reyes. Bajo su mando se cometieron abusos en contra de mujeres de la etnía q’eqchí. Usted, Steelmer Reyes Girón, tuvo conocimiento y dio su consentimiento para la práctica de turnos que inició aproximadamente en el mes de marzo de 1982 y que consistía en que las mujeres conocidas como viudas debían asistir varios días al destacamento militar de Sepur Zarco para cumplir con su servicio de patrullaje. Siendo obligadas a cocinar, lavar, sin recibir pago alguno, además de ser violadas en las instalaciones del destacamento”, señala la fiscal Pineda.

La fiscalía añade que cuando el teniente Reyes dirigía el lugar, Dominga Coc fue capturada junto a sus hijas, una de 7 años y otra de 4. Su esposo, Santiago Pop, había sido llevado a Sepur Zarco unos días antes acusado de dar comida “a los que habían huido a la montaña”. Frente a sus hijas, Anita y Hermelinda, abusaron sexualmente de ella. Más de 10 soldados bajo el mando del teniente Reyes.

“Los cuerpos de una mujer y dos niñas, junto a dos calzoncitos, fueron encontradas a la orilla del río Rojquipur durante una exhumación de 2001”, refiere la fiscal Pineda.

Más de una docena de las viudas reconocieron el rostro de Reyes a través de una fotografía. “Es el teniente Reyes, el jefe de Sepur Zarco”, indicaron.

Reyes, en su defensa, explica durante la audiencia que ve varios problemas en la acusación. “Hay fechas malas. Hay nombres que no corresponden. Yo estuve en el lugar, estuve como teniente de artillería, nunca a cargo de un destacamento. Mi trabajo consistía en hacer cálculos matemáticos, cálculos de tiro. (…) Además, si se revisan los documentos presentados por la fiscalía, aparecen varios tenientes de apellido Reyes que también estaban en la zona. Al menos tres más. (…) En el área había un área de descanso, que sería también para atender refugiados y enfermos. Era un lugar tranquilo sin conflicto”.

–¿Cómo explicar un área sin conflicto?- cuestionó la abogada Jennifer Bravo, querellante adhesiva de Mujeres Transformando el Mundo.

–Parecía que en Guatemala había un conflicto. Los zurdos de Guatemala estaban allí, los izquierdosos. Yo padezco una enfermedad (epilepsia) y por eso no me enviaban a zonas de conflicto.

–¿Cuál era la función de los destacamentos militares?

–Tenían una función estratégica, política, de seguridad. De que no fueran a atentar contra las Bananeras. Solamente eso.

–¿Quién era su supervisor?

–El tercer comandante de artillería, diplomado en el Estado Mayor Presidencial, era de apellido Rivera. El segundo comandante de artillería, diplomado en el Estado Mayor Presidencial, era Neftali Gálvez Cortez. El primer comandante era Erick Mendizábal Valdés.

Hasta octubre de 1983, según el MP, el teniente Reyes estuvo a cargo del destacamento de Sepur Zarco. A causa de una herida en un ojo, provocada por algunos capturados que el teniente Reyes mantuvo en una zanja, como indican los testigos, tuvo que ser trasladado de emergencia. Durante todo el tiempo del teniente Reyes, casi seis meses, los abusos físicos y sexuales se llevaban a cabo en contra de las viudas de Sepur Zarco. En cada turno, en cada espacio del destacamento.

Durante seis años, en Sepur Zarco nadie pudo decir nada. A pesar de un nuevo teniente a cargo, uno de apellido Ovalle, las mujeres siguieron siendo perseguidas en cada oportunidad. Así hasta 1988 cuando el destacamento, por órdenes superiores, fue desmantelado. Tres décadas después, ya ancianas, con dolor que se refleja en sus cuerpos, en sus arrugas, 15 mujeres q’eqchíes (y 4 hombres de su comunidad) no quieren olvidar.

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“Los cuerpos de una mujer y dos niñas, junto a dos calzoncitos, fueron encontradas a la orilla del río Rojquipur durante una exhumación de 2001”, explica la fiscal Pineda.
Esteelmer Reyes y Heriberto Valdez, fueron llevado a prisión preventiva, luego de ser acusados de asesinato, desaparición forzada y deberes contra la humanidad.
El juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, envió a prisión preventiva a Esteelmer Reyes y Heriberto Valdez, acusados de asesinato, desaparición forzada y deberes contra la humanidad.
Varias mujeres de diferentes comunidades indígenas llegaron a la audiencia para respaldar a las mujeres Q'eqchi'.
Esteelmer Reyes se declaró inocente. Reyes, quien dirigía el destacamento de Sepur Zarco de 1982 a 1983, fue acusado de asesinato por la muerte de Dominga Coc y sus dos hijas menores de edad.
Heriberto Valdez, quien fungía como oficial, fue vinculado por la desaparición forzada de un grupo de campesinos, realizada el 25 de agosto de 1982, que pretendían establecer la legalidad de sus tierras.
Al menos 15 mujeres Q'eqchi' denunciaron haber sido sometidas a esclavitud por medio de turnos organizados por los soldados en el destacamento de Sepur Zarco.