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Ser periodista en una zona roja
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Ser periodista en una zona roja

En el mapa de la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa 2014, elaborado por Reporteros Sin Fronteras, Guatemala aparece en rojo como uno de los países de “difícil situación” para el ejercicio del periodismo, y en el puesto 125 de 180 países.
Se estima que en Guatemala hay unos 4 mil periodistas en activo, de los cuales el 40 % devenga menos de Q2 mil mensuales, y el 48 %, entre Q2 mil y Q5 mil. Cada vez más se adopta la figura de “Prestación de servicios laborales”, para evitar asumir un contrato de trabajo y como consecuencia el pago de prestaciones”.
Periodistas de diferentes medios en plena cobertura.
Los periodistas guatemaltecos se ven expuestos en el ejercicio de su profesión.
Nery Morales sobrevivió a un ataque a tiros en su contra.
El periodista Fredy Rodas, corresponsal de Radio Sonora en Mazatenango, fue atacado a balazos y trasladado al hospital Roosevelt.
El periodista Carlos Alberto Orellana Chávez fue asesinado el 19 de agosto de 2013.
Representación del asesinato contra periodistas.
La noticia que le cambió la vida a Yulisa de León.
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Tiempo aproximado de lectura: 27 mins

Guatemala es un país peligroso para ejercer el periodismo. Una “zona roja”, según la organización Reporteros Sin Fronteras. A la “difícil situación” de inseguridad que afrontan los hombres y mujeres dedicados a esa profesión, se unen la precariedad laboral, la escasa profesionalización y las presiones económicas y políticas de las autoridades y grupos de poder, además de las malas prácticas profesionales de algunos integrantes de ese gremio.

Yulisa de León conoció la cara más fea del periodismo cuando apenas se iniciaba en esa profesión. El sábado 28 de julio del 2012, con menos de un año de experiencia, la vida de esta reportera de 19 años dio un giro de 180 grados. Lo que pintaba para ser una cobertura ordinaria, se convirtió en una experiencia traumática que además de mostrarle la desprotección en que los periodistas realizan su trabajo en Guatemala, la obligó a dejar su natal Quetzaltenango para proteger su vida.

Esa mañana, Yulisa acudió a la comisaría de la Policía Nacional Civil (PNC) de Quetzaltenango, a donde minutos antes habían llevado al empresario de gasolineras, Vinicio Froilán Ruiz Sarracena. Agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la PNC lo habían apresado por el supuesto delito de “resistencia a la acción fiscalizadora” de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), por traficar gasolina de manera ilegal desde México. La joven reportera tomó una fotografía del detenido dentro de la comisaría y en una breve nota para el diario Al Día, donde laboraba, consignó las razones de la captura con declaraciones del vocero de las fuerzas de seguridad.

Pese a que más de una decena de reporteros de diversos medios cubrieron la noticia, el hecho solo fue reseñado en breves notas en los diarios Al Día y por Prensa Libre. Sus mismos colegas, cuenta la periodista, le recriminaron haber publicado esa información. El empresario aludido, le confió uno de sus compañeros, había pagado a los periodistas para que la noticia no viera la luz. Durante esa misma semana un oficial de la PNC, fuente habitual de la reportera, le avisó que Ruiz Sarracena había llegado a la comisaría a pedir su número telefónico y la dirección de su domicilio. El policía le recomendó al empresario dirigirse a la redacción de Al Día en la capital, y advirtió a la periodista que se cuidara.

El 2 de octubre de 2012, a eso de las seis de la tarde, Yulisa se dirigía a su casa en el municipio de La Esperanza, en el norte de Quetzaltenango. Su rutina habitual incluía esperar a que su padre la recogiera en vehículo en la parada de buses o caminar el kilómetro y medio que la separaba de su residencia; a veces sola y en otras ocasiones junto a su hermano. Ese día, según consta en el expediente MP001-2012-150256 del Ministerio Público, la reportera camina sola.

Mientras avanzaba hacia su casa, un vehículo sedán oscuro de cuatro puertas se paró a su lado y dos hombres vestidos con sudaderos comenzaron a perseguirla. Yulisa corrió entre los matorrales a la vera de la ruta. En verano, desde la carretera, son evidentes los barrancos y hondonadas, pero todavía a finales del invierno cuando -se produjo la persecución- las hondonadas estaban cubiertas por maleza de más de un metro de alto. A menos de 40 metros, sobre una colina, se encontraba la casa más cercana; primero pensó en dirigirse hacia allí, pero al ver que se encontraba a descubierto prefirió esconderse en una de las hondonadas.

Todavía con los agresores en las cercanías la periodista intentó llamar a su casa con uno de sus dos teléfonos celulares, pero no tenía saldo. Con el otro móvil llamó a su compañero Carlos Ventura, reportero de Prensa Libre, quien pidió auxilio y avisó a su familia. Sus perseguidores seguían en las cercanías y llegaron a estar a menos de un metro de donde se escondía.

Su padre llegó en pocos minutos al lugar y tocó la bocina de su automóvil para alertar sobre su presencia. Yulisa corrió hasta el vehículo sin ver hacia atrás. Sorprendidos, los hombres se abstuvieron de actuar. Dejaron que se marchara. Era la tarde de un sábado; al día siguiente presentó una denuncia por intento de secuestro ante la PNC. El largo proceso para buscar justicia empezaba.

Condiciones precarias y riesgos en aumento

En el mapa de la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa 2014, elaborado por Reporteros Sin Fronteras, Guatemala aparece en rojo como uno de los países de “difícil situación” para el ejercicio del periodismo. No sólo por su nivel de libertad de información (puesto 125 de 180 países), sino también por los riesgos que implica la práctica del periodismo y la precariedad de las condiciones para ejercer esta profesión, según un informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas y Organizaciones de Sociedad Civil y Derechos Humanos.

En 2013 cuatro periodistas del interior del país fueron asesinados a tiros. Jaime Napoleón Jarquín Duarte y Luis Alberto Lemus Ruano, en Jutiapa; Carlos Alberto Orellana Chávez, en Suchitepéquez; y Luis de Jesús Lima, en Zacapa. En los primeros tres casos la tesis de investigación de la Unidad Fiscal de Delitos contra Periodistas apunta a los nexos políticos de las víctimas y no al ejercicio del periodismo.

Ruano Lemus fue Gobernador de Jutiapa entre 2008 y 2010, y en tres oportunidades compitió por la alcaldía de Moyuta sin resultar electo. Su hijo, Keny Lemus, también periodista, apunta al involucramiento de la política y el narcotráfico en la región como posibles responsables del asesinato. Lemus perdió las pasadas elecciones por solo 17 votos frente a Roberto Marroquín electo por la Unión del Cambio Nacionalista. “La política se ha puesto muy caliente, muy peligrosa” dice Keny Lemus para describir la situación.

Un caso semejante fue el de Jarquín Duarte, asesinado el 20 de marzo del 2013, asesor de varios candidatos a alcaldes de Moyuta que han ganado los comicios locales. Entre ellos Magno Lemus, alcalde municipal electo por el Partido Unionista en 2008, quien sufrió una emboscada de un grupo armado con fusiles de asalto.

Jarquín era conocido en toda la región por su trabajo como maestro y corresponsal de Nuestro Diario. También fue el fundador de un comité pro creación del municipio de Ciudad Pedro de Álvaro, aldea fronteriza con El Salvador, y lugar en disputa por algunos grupos armados de traficantes según vecinos, lo cual hubiera cambiado el mapa político local.

En el caso de Orellana Chávez, en Suchitepéquez, la principal línea de investigación de la Fiscalía también apunta a móviles políticos. Orellana fue alcalde de Mazatenango y mantenía una abierta disputa con autoridades municipales y políticos locales. Su hijo Juan José Orellana Lepe, abogado y excandidato a la alcaldía de Mazatenango, indicó que la familia ha decidido no ahondar en la investigación del caso.

De los cuatro asesinatos, según la Fiscalía, solo el de Luis de Jesús Lima, director de Radio Sultana, perpetrado el 6 de agosto, pudo tener como móvil el ejercicio periodístico de la víctima.

Hasta la fecha los cuatro crímenes permanecen en la impunidad.

En 2013 la Unidad de Delitos Contra Periodistas del Ministerio Público conoció 58 denuncias por 62 delitos contra reporteros: 34 fueron por amenazas; 7 por coacción; 5 por robo; 4 por asesinato; 2 por abuso de autoridad; y 1 por intento de asesinato, entre otros. De las 106 denuncias presentadas desde 2011 a marzo del 2014 se han admitido 52 como originadas por la labor periodística. Detrás de esta estadística, sin embargo, muchas veces está la persistencia del comunicador agredido o su pasividad.

En el caso de Yulisa, por ejemplo, al presentar su denuncia en la comisaría de su localidad solo encontró resistencia. A pesar de que uno de los oficiales de la PNC le había relatado que el empresario Ruiz Sarracena había dicho que “por las buenas o las malas iba a hablar con ella”, la misma policía le recomendó no seguir con la denuncia y el oficial no quiso repetir estas declaraciones. Su caso tampoco tuvo mayor eco en los medios de comunicación donde nunca trascendió.

Según el fiscal de la unidad, Benito Herrera, este es precisamente uno de los grandes problemas de las investigaciones que conducen: los principales testigos se niegan a declarar y persiste el miedo a señalar a los sospechosos, una situación que se agravaba sobre todo fuera del área metropolitana del país. Fuentes de la Fiscalía señalan que si bien se interrogó al empresario no se pudo establecer que tuviera una relación con el hecho.

Un diagnóstico efectuado por el Centro Civitas sobre la situación de inseguridad de los periodistas en Guatemala apunta al factor económico y de condiciones laborales como otro elemento clave para entender por qué es tan riesgoso ejercer el periodismo en el país. El estudio revela que hay alrededor de 4 mil personas laborando como periodistas en Guatemala, de los cuales el 40 % devenga menos de Q2 mil mensuales, y el 48 %, entre Q2 mil y Q5 mil. “El incumplimiento de sus derechos laborales, incluso constitucionales, como el caso de seguro de vida, es generalizado (casi el 100 %, en el caso del seguro de vida). Cada vez más se adopta la figura de “Prestación de servicios laborales”, para evitar asumir un contrato de trabajo y como consecuencia el pago de prestaciones”, señala el informe.

Evelyn Blank, integrante del Centro Civitas, dice que en los encuentros con periodistas que esa institución realiza de forma periódica en varios departamentos del país, se desnuda la realidad del periodismo guatemalteco: falta profesionalización en el ejercicio del periodismo, sobre todo la provincia, pero incluso entre los profesionales hay malas condiciones laborales, salarios bajos, dificultad para movilizarse por la falta de vehículos, poco o nulo entrenamiento para mejorar la seguridad y sobre todo una precariedad laboral, como la falta de seguro y prestaciones, que hace a los periodistas más vulnerables.

La presidenta de la Cámara Guatemalteca de Periodismo (CGP), Elsie Sierra, señala que todos los periodistas deben contar con un seguro de vida y más capacitación en materia de seguridad. “Es necesario mejorar las condiciones laborales y económicas, muchas veces sobre todo en el interior (la provincia) los periodistas tienen dos trabajos, son maestros o trabajan en la municipalidad, por ejemplo; esto afecta el desempeño. Los periodistas en sí no hemos unificado criterios para dignificar la profesión” reconoce.

La denuncia de Yulisa de León, evidencia todos estos problemas. El intento de secuestro fue el incidente más grave al que se ha enfrentado, pero no ha sido el único. El acceso a algunos municipios y a aldeas es muy riesgoso en muchos casos porque la población desconfía y en ocasiones rechaza la presencia de los periodistas. La reportera dice que ha visto cómo muchos colegas suyos, se ven obligados a correr cualquier tipo de riesgo para resguardar sus trabajos.

En varias de estas ocasiones los riesgos involucran a las fuerzas de seguridad y la cobertura de hechos delictivos. Agentes de la DEIC, con los que la reportera mantenía contacto solían llamarla para reportarle capturas o actividades de rutina, y de paso le decían que se la había visto en una fecha lugar determinado y que estaban pendientes de ella. Yulisa percibía una velada amenaza en estos comentarios.

Tras presentar la denuncia la periodista dejó temporalmente el trabajo y evitó salir de casa. La visita de vehículos sospechosos en las cercanías de su residencia se volvió en algo rutinario hasta que decidió trasladarse por un tiempo a la capital. “Todo eso me representó muchos gastos y no sentía que la investigación avanzará aunque yo les di una línea de investigación”, lamenta Yulisa.

El fiscal Herrera reconoce que las agresiones e intimidaciones en contra de los periodistas provienen de las autoridades locales: policías, alcaldes, gobernadores y representantes de empresas. En indagaciones de la unidad fiscal en la provincia, que Plaza Pública pudo constatar, los investigadores mantienen poco contacto con las autoridades policiales y civiles locales, en parte por temor a filtraciones y en ocasiones porque las líneas de investigación apuntan hacia éstas como sospechosas.

Amenazas y agresiones

Ya sea por temor a represalias, desidia o desconfianza, los periodistas no suelen acudir al sistema de justicia. Miguel González Moraga, editor de la revista sobre periodismo Sala de Redacción e integrante del Centro Civitas, dice que por cada denuncia de agresión o intimidación presentada por un periodista, entre cinco y diez hechos de esa naturaleza no llegan a la Fiscalía. De 2011 a la fecha en Alta Verapaz se han registrado al menos cinco casos, pero solo uno ha sido denunciado.

La oficina del Procurador de Derechos Humanos (PDH) registra de 2008 a 2013 un total de 108 denuncias de periodistas por violaciones a sus derechos. El 51,1 % de las denuncias se concentran en el departamento de Guatemala. El 47,8 % de estas correspondieron a amenazas, agresiones o coacción, y un significativo 10,9 % por abusos de autoridad.

 

Distribución nacional de las denuncias de periodistas en el Ministerio Público

La Unidad Fiscal de Delitos Contra Periodistas registra desde 2011 un total de  106 denuncias,  de estas 13 fueron remitidas a otras fiscalías y 52 identificadas como originadas por la labor periodística. Hasta la fecha solo se reportan 5 condenas.

El periodista Julio Sican, reportero de la revista Proceso, de Antigua Guatemala, ha presentado cuatro denuncias por agresiones y amenazas en los últimos dos años, sin lograr justicia. El 20 de abril de 2012 fue agredido a golpes por el entonces alcalde de Antigua Guatemala, Adolfo Vivar -actualmente en proceso por actos de corrupción en la comuna-. Su abogado le recomendó conciliar y Vivar ofreció disculpas públicas.

Días después sufrió una segunda agresión. Mynor Cáceres, empleado de Vivar en el canal de cable local Santiago TV, golpeó a Sican durante la cobertura de un accidente automovilístico en el cual coincidió con él. Al ser detenido, Cáceres admitió la agresión y adujó que este ya estaba advertido. Una vez más el periodista optó por la vía de la conciliación y una disculpa pública.

El conflicto con los empleados y familiares de Vivar, varios de ellos implicados en la red denunciada por el MP de desviar recursos de la comuna, no terminó allí. Radio Amiga 93.3, otro de los medios afines a Vivar, acusó a Sican de golpear a un compañero periodista no vidente. La denuncia no fue presentada y el gremio de comunicadores de Antigua Guatemala se pronunció contra este señalamiento. El periodista percibió en esta acusación un intento de intimidación.

La cuarta agresión en contra de Sican por parte del círculo de Vivar ocurrió en la delegación del Organismo Judicial de Antigua Guatemala cuando el periodista cubría una audiencia por el caso La Chacra, la construcción de una urbanización en el cinturón verde de la ciudad, autorizada según la Fiscalía de manera ilegal. En esa oportunidad el periodista tomó fotografías y realizó grabaciones de la audiencia a la cual se presentó como acusado Carlos Américo López Gutiérrez, síndico primero, acusado de pertenecer a la red de corrupción de Vivar. El hijo del síndico, Carlos Mauricio López, amenazó de muerte al periodista.

Dos días después de que el periodista denunciara las amenazas de muerte, una de las hijas del concejal presentó una denuncia por violencia sexual contra Sican por agredirla verbal y físicamente en el tribunal. Sican dice que la demanda podría limitar su cobertura de los casos relacionados con la red de Vivar si otorgan medidas de restricción a los lugares donde esté presente la denunciante.

Este caso será visto por la Fiscalía de la Mujer, la cual ya pidió los videos del juzgado. Mientras tanto la denuncia de Sican por amenaza de muerte sigue en investigación.

En otro caso ilustrativo, tres periodistas de Chimaltenango, Manuel López, de Nuestro Diario; Carlos Sotz, de Radio Iximché; y José Rosales, corresponsal de Prensa Libre, denunciaron ante la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) en febrero de 2012 la agresión por parte de la directora del Centro Preventivo de ese departamento y guardias de seguridad del mismo cuando realizaban tomas del lugar.

Los periodistas habían asistido, señala López, al recibir denuncias de malos tratos y carencias en las condiciones de la prisión, intentaron concertar una entrevista con la directora, María Odily Valle Moto, pero esta respondió intentando tomar la cámara de Sotz ayudada por guardias de seguridad.

En ese caso únicamente Sotz figura como denunciante ante el MP por agresiones físicas y verbales, fue clasificado como una agresión “en ejercicio de labor periodística”. Valle fue destituida el 27 de enero de 2014 luego de ocho denuncias ante la PDH.

La denuncia contra Valle se encuentra “en investigación” en el MP. López señala que es un caso típico de abuso de autoridad, algo a lo que casi se han terminado por acostumbrar. Como medida de protección los periodistas se desplazan en grupo a las coberturas de riesgo como en el caso de la visita al Centro Preventivo. Además del riesgo de agresiones con las autoridades civiles se conoce que las pandillas limitan la cobertura de noticias relacionadas con crímenes en Chimaltenango.

En las regiones fronterizas del país, la situación es más complicada para ejercer el periodismo. Misael Mayen, presidente de la Asociación de Periodistas de Jutiapa, describe una situación precaria en la frontera entre Guatemala y El Salvador.

Los periodistas no se exponen a cobertura en horas de la noche o a cubrir noticias que involucren temas relacionados con el narcotráfico en Ciudad Pedro de Alvarado, San José Acatempa o Asunción Mita. El miedo al crimen organizado, sus presuntos vínculos con autoridades locales y el recuerdo del reciente asesinato de dos periodistas hace cautelosos a los reporteros, expone Mayen.

 

Distribución nacional de las denuncias de periodistas en la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos

Entre 2008 y 2011 se reportaron 182 denuncias ante la Oficina del Procurador de los Derechos HumanosEl año con más reportes fue 2011, un año electoral, con 52.

Claudia Samayoa, directora de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos (Udefegua), destaca una paradoja: el gremio periodístico por su cercanía y conocimiento del funcionamiento del Estado desconfía de las autoridades estatales. Hay entre los periodistas, dice Samayoa, un desconocimiento de que en última instancia este gremio puede ser considerado como de defensores de derechos humanos.

El exfiscal de delitos contra periodistas, entre 2011 y 2013, Elmer Yat, apunta a que se suele iniciar con la tesis del origen periodístico de las agresiones, y posteriormente se va ampliando la investigación hasta cubrir otros ángulos, incluyendo los derivados de asuntos personales o delincuencia común. “Ya no se está descartando de entrada el ejercicio periodístico como una causa, sabemos que en el caso de las amenazas esa suele ser la fuente más recurrente, aunque no siempre sucede así con los ataques”, señala.

Sin embargo, periodistas de Quetzaltenango, Jutiapa y Suchitepéquez reportan una resistencia inicial de las autoridades locales a recibir estas denuncias.

La experiencia de dos años que adquirió al frente de esa fiscalía, explica Yat, le permitió determinar que las agresiones más graves no vienen exclusivamente del crimen organizado, sino que también involucran a menudo a poderes locales, ya sea en forma de autoridades municipales, fuerzas de seguridad o incluso de la seguridad privada de empresas. Así como de que no hay un patrón único más allá de la confianza de muchos de los agresores en la impunidad de sus actos.

La Fiscalía de Delitos contra Periodistas cuenta con un solo fiscal (en menos de un año han pasado tres fiscales por este cargo), recientemente aumentó de tres a cuatro su número de auxiliares, contaba con un vehículo (el cual fue robado durante una investigación en la provincia) y tiene el mandato de cubrir todos los casos de agresiones en el país.

Malas prácticas periodísticas

El ejercicio periodístico no es una patente de corso. Incluso instancias que brindan asesoría legal a periodistas como Udefegua reconocen la existencia de malos procedimientos en el ejercicio de la profesión como el chantaje y los sobornos. “La fafa (soborno) existe. En el acompañamiento que brindamos hemos encontrado desde periodistas que son amenazados por un ejercicio ético, hasta otros que hacen un mal uso de la profesión”, explica Claudia Samayoa.

Udefegua da asistencia legal a los periodistas al considerar a estos como defensores de derechos humanos, por ejercer el derecho a la libertad de expresión y libertad de información. Samayoa explica que si bien la libertad de prensa no agota el ejercicio del derecho a la libre expresión su defensa es importante porque así también se garantiza a la sociedad el acceso a información para tomar decisiones.

Entre los casos de malas prácticas periodísticas también se cuentan los casos donde los intereses políticos particulares se mezclan con el ejercicio periodístico, confirma Luisa Pineda, de la unidad de asistencia legal de Udefegua. “Hemos llegado a ver casos donde el periodista extorsiona a una figura política para no publicar notas e incluso presenta denuncias”, comenta Pineda. En estas situaciones Udefegua se abstiene de dar asesoría legal a los denunciantes para no prestarse a la manipulación.

También hay situaciones anómalas de suplantación de calidades, como la que se le atribuyó a Jorge Jiménez,  exdirector de la radio nacional TGW, a quien un diputado del partido opositor Líder, acusó de falsificar su título universitario. Jiménez, quien fue destituido pocos días después, también había presentado en dos oportunidades denuncias contra el político Manuel Baldizón, de Líder, por supuestas amenazas.

Un caso en el que Udefegua brinda asistencia legal es el de Pavel Vega, reportero de elPeriódico, quien fue agredido por Raúl Morales, colega de radio Sonora, un medio afín al gobierno. Fuentes de la Fiscalía dicen que se cuenta con suficientes pruebas fotográficas y testimoniales para avanzar en el proceso, pero hace falta un informe del Instituto de Ciencias Forenses (Inacif) sobre los efectos del ataque.

Vega fue agredido en la puerta de Casa Presidencial tras salir de una conferencia de prensa ofrecida por el presidente Otto Pérez Molina, en la cual Morales intervino para desviar la atención de las preguntas hacia el mandatario. Según periodistas que han cubierto la fuente del Ejecutivo durante la actual administración, esta ha sido una práctica recurrente por parte de Morales. También ha sido de dominio público en el gremio que el secretario de Comunicación Social, Francisco Cuevas, ha visitado las redacciones de diferentes medios de comunicación tras publicaciones que ha considerado desfavorables para el gobierno.

Precedentes judiciales

El año pasado los dos únicos casos donde hubo una sentencia en firme por agresiones periodísticas fueron los de Sofía Menchú, quien logró la condena del exministro de Cultura, Jerónimo Lancerio, por amenazas. Menchú recibió escaso apoyo de elPeriódico en el caso que involucraba al exfuncionario del gobierno anterior. A través de terceros el presidente del medio, José Rubén Zamora, le recomendó dejar el caso. Poco tiempo después la periodista se trasladó a otro medio. Rodolfo Móvil, director de ese diario se limita a decir que fue “un mal entendido durante un periodo de transición”.

Cinco de comunicadores y activistas del Centro de Medios Independientes (CMI), también lograron una condena comutable por una multa, en contra Pablo Silas Orozco, teniente retirado, y Juan José Reyes Carrera, ambos trabajadores de seguridad de la mina El Tambor, quienes los agredieron durante la cobertura de una manifestación del movimiento de resistencia en La Puya.

En el caso de Yulisa de León el publicar una nota sin enterarse del presunto soborno de sus compañeros la expuso a un riesgo, pero aunque esta línea de investigación también podía ayudar a esclarecer el hecho no pudo ser comprobada por la Fiscalía.

El silencio se levanta como un muro alrededor de estos hechos, admiten fuentes del ente investigador.

El caso de Yulisa de León es ahora un caso cerrado, según le notificaron hace menos de un mes. Luego de presentar la denuncia hace un año y medio la investigación ha llegado a un punto muerto. Fuentes de la fiscalía aseguran que no se pudo determinar el origen de la intimidación.

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