Ya renunció; ¿y ahora qué sigue?

La conciencia más acabada de nuestra realidad nos indica que hay muchas cosas por arreglar:

• El marco jurídico guatemalteco puede encajar perfectamente dentro de la categoría de «Estado anómico», término acuñado por el académico alemán Peter Waldmann para designar un tipo de legislación ambigua, con términos oscuros y sujetos a interpretación antojadiza, llena de vacíos y contradicciones que permiten muchos grados de libertad. Disminuir la anomia legal es, por tanto, una tarea titánica: revisar a conciencia y sin pausa toda la legislación guatemalteca para reducir la anomia es una tarea vital.

• El diseño institucional de Guatemala garantiza lo que Mario Waissbluth llama «insularidad», un complejo y caótico entramado institucional que instala una lógica perversa y altamente ineficiente que garantiza no pocas contradicciones, duplicidad de esfuerzos e incapacidad para alcanzar un mínimo de coordinación y sinergia institucional. Con este tipo de Estado, ni las personas más capaces y probas llegarían muy lejos. Rediseñar la institucionalidad del Estado es, por tanto, otra tarea titánica.

• Las leyes electorales vigentes garantizan que quien gane la presidencia llegue tan atado de compromisos y deudas que prácticamente tendrá muy pocos grados de libertad, ya que dedicará buena parte de su gestión a pagar los compromisos financieros de quienes financiaron su campaña. Este hecho es un incentivo perverso para generar mil y una estructuras paralelas, lo que garantiza que la corrupción siga siendo el auténtico cáncer de cualquier gobierno. Reformar la Ley Electoral y establecer un adecuado marco para el desempeño y la promoción del empleado público —Ley del Servicio Civil— son, por tanto, indispensables.

• El sistema político guatemalteco es presidencialista, por lo que el poder y la figura del presidente están sobredimensionados. Garantizar un adecuado control institucional y fortalecer la independencia de las instancias diseñadas para servir de contrapeso al poder presidencial son, por tanto, otra tarea importante.

• La administración pública guatemalteca está llena de leyes obsoletas —como la Ley de Compras y Contrataciones—, de procedimientos altamente ineficientes que entrampan el funcionamiento institucional y de climas laborales poco capaces de incentivar adecuadamente al empleado público, por lo que es indispensable revisar las normas administrativas, garantizar la promoción y la estabilidad de los buenos empleados y castigar a los que no cumplen o son ineficientes. Para ello se necesita promover una alianza con los actores sindicales del Estado de modo que estos sean embarcados conjuntamente en un proceso de renovación y de modernización administrativa que permita la eficiencia y la eficacia institucionales.

Cada una de estas tareas es difícil y compleja, pero todas son indispensables para garantizar que los escándalos públicos por corrupción y la poca credibilidad de los actores políticos no sean más el pan de cada día de los guatemaltecos, de manera que se empiece a notar una forma diferente de ejercer la función pública.