El presidente de la república, el ministro de Gobernación, la Dirección General de Migración y los funcionarios involucrados cometieron una flagrante violación de la Institucionalidad al no permitir el ingreso del colombiano Yilen Osorio. Esto va más allá de la pertinencia de la Cicig en Guatemala, va más allá de una superficial lucha ideológica entre comunistas versus capitalistas y trasciende los argumentos infames sobre una presunta intervención extranjera en Guatemala.
En realidad, lo que vemos es lo que a un ciudadano —medianamente educado y con un poco de conocimiento sobre el Estado de derecho— debiera preocuparle. El presidente tomó una decisión arbitraria y, desobedeciendo la potestad de la ley y los balances de poder que deben imperar en una república, ignoró la resolución de la Corte de Constitucionalidad de permitir el ingreso del investigador Osorio. De hecho, conforme a lo establecido en el acuerdo ministerial 322-2013, emitido por el Ministerio de Gobernación el 28 de junio de 2013, ningún ciudadano colombiano necesita visa para ingresar a Guatemala, por lo que no existe argumento ni justificación legal para no permitir su ingreso. Apoyar al presidente en su decisión, estimado lector, estimada lectora, es otorgarle en bandeja de plata a dicho funcionario el poder de decidir quién entra al país y quién no. Pero más que ello es sentar el precedente de que en este país las leyes pueden ser violadas cuando el presidente lo desee y de acuerdo a sus intereses personales. Y eso es peligroso.
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Justificar las arbitrariedades del presidente, de un ministro o de una ministra es sembrar las bases para lo que puede ser una dictadura y un gobierno autoritario. Si hoy se viola la institucionalidad con lujo de fuerza y utilizando técnicas de intimidación policial para defender un capricho del presidente, mañana se seguirá haciendo por intereses personales de funcionarios públicos, en detrimento del bienestar de la ciudadanía. Y permítame recordarle que la ciudadanía son usted, sus hijos, sus parientes y también sus amigos.
Hoy se deja por un lado el imperio de la ley y de la institucionalidad para perseguir a un funcionario de la Cicig y violentar sus derechos. Mañana puede ser a usted, a su empresa o a su familia a quien se le violen sus derechos. Y entonces será usted el o la culpable por haber acuerpado y justificado la decisión de un aprendiz de dictador como el comediante Morales.
Este año, más que otros, los ciudadanos y las ciudadanas debemos buscar la unidad contra la corrupción y la impunidad. Diluir la unidad ciudadana y atomizar a la población será la estrategia ganadora de quienes se benefician de un Estado capturado y de una democracia secuestrada. No permitamos que eso suceda. Si podemos unirnos en cosas triviales, podemos unirnos también en las trascendentales. Que así sea a partir de ahora. Nunca seremos pocos mientras estemos unidos. No subestimemos el poder de un pequeño grupo de personas pensantes y comprometidas, pues, al final del día, así es como se han gestado los más grandes cambios en la historia.
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