¿Y el sistema de inteligencia?

Mientras se recorren las columnas de opinión, editoriales, solicitudes del cuerpo diplomático, y los exabruptos del Canciller, empieza a discutirse lo que antes parecía indiscutible: la participación del ejército en tareas de seguridad ciudadana.  De hecho, el día de ayer,  el presidente Pérez Molina ha anunciado que modificaría el acuerdo que permite al Ejército intervenir en las fuerzas de tarea, que han constituido su principal apuesta en materia de seguridad ciudadana.

A partir del año 2000, Guatemala se ha acostumbrado a ver soldados en las calles, acompañando a policías en retenes, patrullando a pie, y participando en todo tipo de operativos, sin que las estadísticas apunten a que la medida haya tenido alguna efectividad.  Lo que se ha reforzado en estos doce años, es una percepción ciudadana que cree en que la presencia de uniforme verde olivo mejora las cosas. Inclusive, el Ejército ha mantenido dentro de su dispositivo unidades de Policía Militar que han recibido diversos tipos de entrenamiento para funciones de seguridad interna, incluyendo el control de disturbios callejeros.

Los sucesos del 4 de octubre deben servir como una reflexión sobre el modelo de seguridad  interna que sigue Guatemala. La participación de las fuerzas militares no solo no ha reducido  las  estadísticas de criminalidad, sino que también han abierto la puerta a la represión violenta de la conflictividad social, que ahora se ha saldado con ocho muertos.

Una de las preguntas, que sin duda merece una respuesta, es dónde estaba el sistema de inteligencia civil durante estos sucesos. La utilidad de mantener una estructura de este orden pasa por contar con un sistema de alerta temprana, que previene sobre los escenarios de conflictividad, y los posibles hechos de violencia. No es concebible que el Gobierno actúe a ciegas, recibiendo a los líderes de los 48 cantones y ofreciendo diálogo, mientras los enfrentamientos se daban en la ruta interamericana.

Solo queda esperar a que una investigación seria del Ministerio Público, esclarezca los hechos y deduzca las responsabilidades.