Desde antes del juicio, los dinosaurios habían comenzado a organizarse y a sacar las garras, cada vez más descaradamente. Quizá habría que retroceder a diciembre de 2010, cuando Claudia Paz y Paz fue nombrada como Fiscal General para un período de cuatro años. Ése es uno de los momentos clave que marcan una nueva y deplorable etapa de rearticulación de las fuerzas más oscurantistas de Guatemala, que lograron, apenas diez días después de emitida la sentencia condenatoria, la suspensión de la misma, aduciendo errores de forma en el proceso.
La valiente decisión de la actual Jefa del MP de acometer decididamente una lucha ardua y desigual, bajo el principio que la impunidad del presente es consecuencia de la impunidad del pasado, y de realizar los máximos esfuerzos por sentar precedentes significativos que le permitan a Guatemala convencerse de que sí es posible dar pasos concretos en pro del fortalecimiento de la justicia, ha generado reacciones que algunos analistas podían prever, pero cuyas dimensiones, vehemencia y alcances pocos podíamos imaginar.
El recorte del mandato constitucional de cuatro años, para el cual fue nombrada la Fiscal General, retorciendo la Constitución con el compadrazgo de la misma Corte de Constitucionalidad; la lluvia de antejuicios presentados, casualmente para que coincidieran con el inicio del trabajo de la Comisión de Postulación para el cargo de Fiscal General; el tipo y cantidad sobredimensionada de reparos contra Paz y Paz, presentados por oscuros grupos como las fundaciones pro terroristas, agrupaciones de militares en retiro y hasta ex funcionarias del mismo MP; los suplementos, columnas de opinión y programas de periodismo investigativo que obstinada y sistemáticamente se han dedicado a desprestigiar a la actual Jefa del MP, evidencian una estrategia planificada y ejecutada por los dinosaurios, con rigurosidad militar y alarde de un desempolvado discurso contrainsurgente.
En esta misma línea se inscribe la decisión del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala que pretende inhabilitar durante un año para ejercer como abogada a la jueza Yassmín Barrios. Llama la atención que dicho Tribunal de Honor esté presidido por un profesional que a su vez integra la Comisión de Postulación, quien favorece con la resolución del órgano que preside a otro aspirante al puesto de Fiscal General, quien casualmente resulta ser militar y abogado defensor de los condenados por genocidio, quien alegó haber sido ofendido por la jueza Barrios al inicio del juicio.
El desenlace aún está por verse. La Comisión de Postulación deberá entregar el 2 de mayo la lista de seis aspirantes al Presidente de la República para que él decida quién ocupará el cargo de Fiscal General. Desconocemos si las tachas contra Claudia Paz y Paz se usarán como argumento para no incluirla en ese listado. Por su parte, la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales aún debe conocer la apelación en el caso que afecta a la jueza Yassmín Barrios. En todo caso, los días transcurren y cada vez que despertamos, constatamos con preocupación que los dinosaurios siguen estando allí. ¿Podrán ellos más que la justicia?
* Politólogo graduado en la Universidad de Viena, Austria. Escribe sobre temas de DDHH, Seguridad, Justicia y Paz, así como análisis político nacional e internacional. Profundamente comprometido con las transformaciones estructurales que necesita nuestro país
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