De acuerdo al embajador Ron Kirk, director del USTR, este anuncio ratifica el decidido compromiso de la administración Obama para actuar con firmeza en busca de asegurar que los socios comerciales de los Estados Unidos establezcan una protección efectiva de los derechos laborales.
Como los lectores de este espacio seguramente recuerdan, Guatemala es el primer país del mundo contra el cual se lleva adelante un caso de esta naturaleza en el marco de los acuerdos de libre comercio. En junio pasado, representantes de los gobiernos de los Estados Unidos y Guatemala se reunieron para establecer una serie de diecisiete puntos que Guatemala se comprometió a cumplir en un plazo de treinta días. La administración Colom estableció una delegación interinstitucional para dar seguimiento a este tema, encabezada por el Ministerio de Economía, cuyo titular ha impulsado de manera pragmática el cumplimiento de esta agenda, en la búsqueda de evitar al país una posible sanción comercial de quince millones de dólares.
Catorce compromisos habrían sido cumplidos. Sin embargo, los tres compromisos restantes han sido suficientes para que el Gobierno de los Estados Unidos ponga en tela de duda la voluntad real de Guatemala de tomar acciones concretas para superar, lo que el embajador Kirk califica como “fallas sistémicas” en la protección de derechos.
¿Cuáles son estos tres puntos? sin sorpresa alguna, se refieren a la capacidad sancionatoria de la Inspección General del Trabajo (IGT) , la aparente falta de recursos para contratar un grupo de 100 inspectores del trabajo, y el establecimiento de un sistema de fianzas en las maquilas, ante el caso de cierre, para cumplir con los pagos de prestaciones laborales. Estos puntos constituyen una parte medular de los argumentos que fueron levantados por la AFC-LO y los sindicatos guatemaltecos, y son ahora mismo, el punto de quiebre en esta historia.
Diversos argumentos se utilizan para justificar el porqué no se avanza en estos puntos. En el caso de la IGT, el gobierno de Guatemala afirma que devolverle la capacidad sancionatoria sería violar la Constitución, dada la sentencia de la Corte de Constitucional del 2004. En cuanto a las fianzas, se afirma la inadecuación de implementarlas con carácter retroactivo y en el caso de los inspectores se justifica la falta de presupuesto para producir las contrataciones en el presente período.
En este panorama, el argumento sobre la falta de presupuesto es tal vez el único que tiene validez por sí mismo, dada la penosa situación del erario público guatemalteco. Contratar otros cien inspectores adicionales para la IGT no parece factible en un marco en el cual se discute la imposibilidad de mantener abiertos los servicios de salud y justicia por falta de financiamiento. El argumento sobre la retroactividad de las fianzas para las maquilas parece requerir de una revisión muy cuidadosa, pese a los múltiples casos de odiosa indefensión e impunidad en que han quedado trabajadoras de este sector.
Sin embargo, en el tema de la potestad sancionatoria, parecería que el gobierno de Guatemala ha tomado la solución que le pareció más sencilla, esperando que el argumento de la inconstitucionalidad detuviera, al menos en este punto, el reclamo de los Estados Unidos. De esta forma se ignora el amplio debate realizado hasta la fecha sobre la situación de la IGT, y las posibles alternativas que han sido planteadas, que incluyen amplias discusiones tripartitas sobre temas como juzgados de ínfima cuantía, que han quedado en la tierra de nadie.
Al momento de redactar este artículo, el Ministro de Economía buscaba convencer al gobierno de Estados Unidos de accionar, como etapa previa al arbitraje, una reunión de la Comisión de Comercio del tratado, conformada por los siete ministros de economía de los países signatarios. Sin duda el Ministerio de Economía busca en sus pares de la región un actuar solidario, dados los problemas que estos otros países tienen con el cumplimiento de los estándares laborales mínimos, y que no quisieran verse en la situación de Guatemala. Sin embargo, información de prensa publicada el pasado viernes 19, dan cuenta de la ratificación de la solicitud de conformar un grupo arbitral por parte del USTR.
El peor escenario previsto en la estrategia del gobierno de Guatemala para este caso ha cobrado vida. Los preámbulos parecen agotarse, y el panel arbitral se conformará de acuerdo a los dictados del DR CAFTA. Como un apunte curioso, esta crisis ha conseguido una unidad de criterio entre este gobierno, representado por el Ministro de Economía, y el sector privado.
¿Qué se puede esperar del panel arbitral?, la lógica indica que se producirá una argumentación sobre si el incumplimiento de los estándares mínimos del trabajo en Guatemala afecta o no al comercio internacional. La dificultad de probar esta situación parecería ser una de las estrategias a las que podría recurrir el gobierno de Guatemala. Sin embargo, mirando en retrospectiva, la intención del USTR parecería no ser otra sino de la de obtener una condena ejemplar, que sirva como advertencia para todos los otros países del DR CAFTA y de otros que están inmersos acuerdos de libre comercio. La elección de Guatemala como “caso paradigmático” no es casualidad. Basta revisar los informes de OIT sobre el país para encontrar las razones.
Si el panel arbitral condena a Guatemala, la sanción pecuniaria de quince millones de dólares viene a ser en realidad la parte menos importante del asunto, en comparación con las dificultades que el comercio exterior de Guatemala enfrentará, y los requisitos y exigencias que los exportadores guatemaltecos deberán cumplir para entrar al mercado de los Estados Unidos. El análisis de cómo esta situación afectaría la competitividad del país parece una tarea urgente para el Programa Nacional de Competitividad.
Asimismo, la posible conformación de un programa de asistencia técnica financiado por los quince millones de dólares abre algunas interrogantes sobre su manejo, que podría estar en manos de agencias del gobierno de los Estados Unidos como el Departamento del Trabajo o el Departamento de Estado, pero también podría ubicarse, por ejemplo, en la Oficina Regional de la OIT. ¿Cuál debería ser la sustancia de un programa de esta naturaleza? ¿El fortalecimiento institucional del Ministerio de Trabajo? El reto es conformar un programa que haga diferencias con lo hecho hasta ahora en materia de cooperación, y que considere los aportes hechos, por ejemplo, por los centros de pensamiento nacionales.
Finalmente, en este caso estamos asistiendo a un ejemplo muy específico de resolución de una controversia. ¿Qué garantía existe de que nuevos casos no se presenten en el futuro en este espacio o con otros socios comerciales? Mientras las políticas públicas en esta materia no hagan una apuesta clara por el cumplimiento de la legislación y el trabajo decente, no existe una garantía de “no repetición”. Sea cual sea la solución final de este tema, las condiciones laborales en Guatemala deben cambiar, simplemente, para empezar a realizar el bien común.
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