Esta larga campaña y sus severas violaciones a la ley constitucional Electoral y de Partidos Políticos ha dejado también resultados positivos para la democracia guatemalteca. Con un par de reflectores adicionales, esta carrera electoral ha dejado a la política más desnuda que en los 25 años democráticos iniciales.
Puede ser porque el guión se repite y con más descaro. Hace cuatro años Otto Pérez Molina, del Partido Patriota, y Álvaro Colom, de la UNE, rebalsaron el país de publicidad, de gastos de campaña y de deudas con financistas. Los favores devueltos a la familia Dalton, a la familia Alejos y a Carlos Quintanilla son tres de los ejemplos durante la actual administración. Ha significado, entre otros, medicinas más caras, buses privados para uso público con subsidio y exoneración, menos tributos para el fisco y más clientelismo en el Congreso.
Y cuando parecía que el país había llegado al límite del endeudamiento de los políticos, el mismo Partido Patriota y el nuevo partido Líder han superado los excesos de la campaña de hace cuatro años. Incluso el conservador cálculo del Tribunal Supremo Electoral ha señalado que rebasaron o rebasarán pronto los Q48 millones fijados como techo y no han dado informes fidedignos de quiénes son sus financistas.
El país se encuentra inmerso en una disputa entre el poder económico tradicional, sociedad civil y poderes económicos emergentes desde hace quince años. En 1995 fue entre el PAN arzuísta-bergeísta y el FRG de poderes emergentes por el Congreso y el Ejecutivo y ganaron los tradicionales. En 1999 se repitió la batalla con resultado adverso. En 2002 se trasladó a la Corte de Constitucionalidad y ganó el eferregismo. En 2004 los tradicionales vencieron con Óscar Berger, pero el Congreso reflejó con más profundidad el rostro del poder emergente rural. En 2007 fue nuevamente en el Congreso y el Gobierno y fue un resultado mixto; el Congreso ya no es más de la élite y el Gobierno fue compartido. En 2009, en las Cortes hubo otro empate, con una leve mayoría tradicional, y este año 2011 todo regresa a la disputa entre estos poderes fácticos por el Congreso y el Gobierno.
Y todos los grupos han mostrado sus dientes financieros. Si la campaña ganadora en 2003 llegó a los Q100 millones y en 2007 a los Q160, ésta vez es probable que supere los Q200 millones. Esto no significa ningún bienestar para la ciudadanía ni para el Estado.
Los cables estadounidenses obtenidos por WikiLeaks y conseguidos en exclusiva por Plaza Pública desde agosto ponen en blanco y negro las relaciones entre los poderes económicos y los partidos políticos. Otto Pérez Molina aseguró haber recibido financiamiento en 2007 de cuatro de las familias de la élite con más recursos del país y reconoció haber tenido un contacto con la familia Mendoza –acusada de tráfico de drogas por el gobierno de EE.UU.–, que probablemente buscaba financiar al candidato. Pérez Molina lo niega, pero el embajador estadounidense de entonces dudó que el dinero del narcotráfico no se hubiera infiltrado en todos los partidos.
La multimillonaria campaña de Manuel Baldizón apunta a ser la menos transparente. Sus financistas declarados ante el TSE son sus propias empresas. Los WikiLeaks dan cuenta que durante sus presidencias de la Comisión de Finanzas del Congreso usó recursos públicos para ganar lealtades parlamentarias e incluso pagó Q500 mil a cada parlamentario que se sumó a su bancada. El origen de los fondos de su campaña todavía no es de conocimiento público. La relación de los miembros de Líder con el narcotráfico, como el caso del diputado Luis Mendoza que publicó elPeriódico; o el caso del candidato a alcalde Luis Marroquín, vinculado a asesinatos políticos, son dos muestras del partido que podría pasar a la segunda vuelta electoral.
La política, así, no sólo es menos democrática sino que se convierte en una lavandería de dinero sucio y de personas. Personajes que pueden tener relación con el narcotráfico –como el ejemplo de la UCN que cita el exembajador Stephen McFarland– se convierten gracias a este sistema de partidos mercantiles, poco democráticos y el financiamiento opaco, en políticos legítimos que compiten por elecciones.
Los criminales necesitan legitimarse para poder acceder a las élites sociales. En Colombia lo han intentado narcotraficantes y paramilitares. En Guatemala lo han empezado a hacer los criminales por el camino que antes usaban los empresarios para lavar dinero y mantener controlados a los gobiernos.
Y si no queremos correr el riesgo de ser un Estado cooptado no sólo por las élites sino por el narcotráfico, en 2012 el nuevo Congreso deberá tener como prioridad una profunda reforma de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
De no ser así, repetiremos lo que sucederá en esta ocasión y que definió a cabalidad el International Crisis Group: Clean polls, dirty politics - Urnas limpias y política sucia.