Sin embargo actualmente no se cumple, es lo que concluye en Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) luego de un estudio al respecto.
El Sistema Penitenciario (SP) forma parte de las instituciones que conforman el régimen de la seguridad ciudadana de un país. Su misión es brindar certeza del castigo, aislar a los delincuentes, brindar seguridad de los reclusos y contar con un programa de rehabilitación efectivo. Sin embargo actualmente no se cumple, es lo que concluye en Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) luego de un estudio al respecto.
En 2010 el sistema carcelario contaba con 11,064 personas privadas de libertad, de las cuales más de la mitad estaban esperando sentencia. Del total, únicamente el 5% pertenecía a una pandilla y en su mayoría eran miembros de la Mara 18. De acuerdo con los datos recibidos por el SP, el 63% de los delitos cometidos por los privados de libertad son homicidios, robos y violaciones. Además, se considera que Guatemala tiene pocos reclusos a pesar de tener altos índices de violencia. Mientras que el país está en los primeros puestos por su tasa de homicidios por 100,000 habitantes (46-año 2009), el país se encuentra en el puesto 169 de 216 países del mundo en su tasa de reclusos que es de 68 por cada 100,000 habitantes.
El SP tiene desafíos con el marco legal, su personal, la infraestructura y el control interno. En el año 2006 se aprobó la Ley del Régimen Penitenciario, Decreto 33-2006, la cual entró en vigor en el 2007. Sin embargo, a la fecha esta ley no cuenta con su reglamento y tampoco se le han asignado los recursos necesarios para hacerla operativa.
En materia de recurso humano, en 2010 hubo 1,902 agentes penitenciarios, lo cual indica un promedio de 12 reclusos por cada guardia de turno. El estándar internacional recomendado es de cinco reclusos por funcionario. No existe una política respecto de la asignación del personal operativo, sino que se concede dependiendo de las necesidades y los requerimientos hechos por los centros de detención. Además, la Dirección del SP se ha caracterizado por tener una alta rotación. Durante los últimos siete años ha habido 11 directores. El actual director lleva casi dos años consecutivos, lo cual es positivo porque da continuidad y permite trabajar reformas más profundas.
Acerca de la infraestructura, actualmente se cuenta con 22 centros carcelarios y un total de 6,674 espacios. En términos de infraestructura física, se considera que la capacidad ha sido rebasada, ya que existe un hacinamiento del 66% y no es posible separar debidamente a los presos.
Los controles internos son un factor clave para mantener la vigilancia de los reclusos y el personal, y para enfrentar las anomalías y la corrupción. La inspectoría y el trabajo de inteligencia, así como la disposición de equipo tecnológico adecuado, son fundamentales. El año pasado más de la mitad de los detectores manuales para descubrir objetos ilícitos no funcionaban, por lo que no existe una buena vigilancia de “cosas” que las visitas introducen a los centros. Tampoco se evita que el criminal siga delinquiendo desde y adentro de la cárcel. En el 2010 el Ministerio Público señaló que un 60% de las extorsiones salían de los centros carcelarios y hubo 789 denuncias por delitos cometidos adentro de las cárceles.
Ante esta situación, el CIEN propone seguir las siguientes tres acciones: 1) Hacer operativo el marco legal, 2) disminuir los crímenes dentro y desde las cárceles y 3) evaluar y mejorar la resocialización de los reclusos.
En referencia al marco legal, es imperante revisar el borrador del reglamento general existente, aprobar el reglamento y asignar los recursos necesarios. También se sugiere poner a prueba la ley existente por medio de un piloto para evaluar su viabilidad.
Para disminuir los crímenes dentro y desde las cárceles, es imperante romper los vínculos de los presos con el mundo exterior y resolver el problema de corrupción y de infraestructura actuales. Debiera iniciarse con los centros de mayor hacinamiento y desafíos. En ese sentido, es importante mencionar el esfuerzo del actual director del SP que inició una serie de acciones en el Preventivo de Hombres de la Zona 18, aparentemente con éxito. Adicionalmente, se debe fortalecer la gestión del SP, el control interno y mejorar la coordinación interinstitucional.
Por último, sí es prioritario evaluar y mejorar la resocialización de los reclusos. Contar con un modelo pedagógico para la resocialización y atención especial para pandilleros, atención espiritual y sicológica para los reclusos.
Al final estas recomendaciones demandan recursos y para ello se requiere voluntad política del Congreso y de parte del presidente de la República establecer este tema como prioridad.
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