Su situación es hoy sumamente frágil. Aunque representan el 8 % de la población regional, son el 14 % de los pobres y el 17 % de los extremadamente pobres. Es decir, integran en forma desproporcionada las filas de los más vulnerables. Esto se traduce en menos acceso a servicios de salud, en menos recursos para comprar insumos básicos y en más exposición al contagio.
Los resultados de siete estudios realizados por organizaciones indígenas y financiados por el Banco Mundial revelan que los pueblos indígenas se sienten una vez más invisibilizados. Perciben que no tienen garantizadas las condiciones mínimas de testeo, tratamiento y rehabilitación; que los costos asociados a la atención por coronavirus —usualmente en centros urbanos alejados— están fuera de su alcance, y que problemas crónicos como malnutrición, enfermedades respiratorias y diabetes agravan el cuadro sanitario. Una parte de los casi 4,000 millones de dólares que el Banco Mundial ha destinado a la región para mitigar los efectos de la pandemia están dirigidos a paliar estas situaciones.
A esto se suman las consecuencias económicas desastrosas del coronavirus, que han exacerbado las desigualdades y la exclusión. Los pueblos indígenas han visto sus ingresos menguados por una menor actividad comercial y sufren el cierre de mercados locales. Algunos alimentos e insumos básicos para la higiene, como jabón y cloro, no se consiguen en sus comunidades o se encarecieron mucho. Y las ayudas estatales no siempre llegan o requieren de los beneficiarios trámites electrónicos, cuentas de banco o facturas de servicios, exigencias que no contemplan la realidad económica y cultural de las comunidades.
Frente a la ola de contagios, muchas comunidades decidieron aislarse e impedir el ingreso de visitantes. Pero eso no fue suficiente. Hemos visto en regiones del Amazonas y en Panamá, por ejemplo, que, con el regreso o paso de trabajadores migrantes, los casos de coronavirus se multiplicaron entre la población indígena. El resultado son tasas alarmantes de mortalidad.
Lo mismo ocurre entre quienes viven en las ciudades, aislados en barrios marginales, y con empleos informales en su mayoría. La falta de datos epidemiológicos desagregados por origen étnico impide apreciar la verdadera dimensión del problema. Es necesario echar luz sobre estas realidades si queremos lograr una mayor inclusión y apoyar el desarrollo sobre bases sólidas e igualitarias.
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El Banco Mundial ha asumido el desafío de colaborar en forma concreta en los esfuerzos por promover el bienestar de los pueblos indígenas de la región. Ese compromiso está hoy más vigente que nunca, y la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, el 9 de agosto, nos da la oportunidad de recordarlo.
En Panamá, por ejemplo, donde la población indígena representa más del 12 % del total, tenemos en marcha desde 2018 un proyecto de 80 millones de dólares estadounidenses que surgió de una mesa de diálogo con 12 pueblos indígenas y que está dirigido a promover el desarrollo y cerrar brechas persistentes de exclusión. En Ecuador se avanza en esta misma dirección. Y en Paraguay tenemos un programa de más de diez años liderado por las mismas comunidades indígenas, dirigido a promover la agricultura y el desarrollo sustentable mediante capacitaciones, gestión de recursos, organización comunitaria y mejor acceso a mercados.
Además, el grueso de los proyectos del Banco Mundial en la región incluye estándares sociales y ambientales que en el 70 % de los casos activan medidas específicas para mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas. Salud, educación, seguridad, infraestructura sanitaria y de transporte, inclusión tecnológica y financiera, planes de estímulo económico, promoción cultural y fortalecimiento de las instituciones y organizaciones comunitarias son algunos de los aspectos que se toman en cuenta.
También el trabajo analítico y la asistencia técnica que desde el Banco Mundial desarrollamos en la región son clave para iluminar el diálogo político con diagnósticos precisos, que permitan reordenar prioridades y dirigir los mayores esfuerzos hacia los más necesitados.
No podemos seguir tolerando las injusticias del pasado, una de las cuales —quizá la mayor— ha sido la exclusión histórica de los pueblos indígenas. Repensar el futuro de América Latina y del Caribe implica acabar con la discriminación, levantar a los que han sido excluidos y que los beneficios del crecimiento y de la inversión pública y privada lleguen a los sectores con más necesidades.
La pandemia subraya la urgencia de avanzar hacia estos objetivos.
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